CAPÍTULO 1

EL PLAN ERA ELIMINAR LA EXTRADICIÓN

                                                                                                                                 Parte 9

Si hay un juez que entiende el trámite de la justicia en el occidente de Honduras es Rolando Argueta porque ahí desarrolló la mayoría de su carrera judicial, en las tierras fronterizas con Guatemala.  Originario de Lepaera, Lempira, paisano de los Hernández Alvarado, desde septiembre de 2013 se convirtió en el encargado de la administración, coordinación y supervisión inmediata de las actuaciones de los Agentes del Ministerio Público, como Director de Fiscales

Cuando los colombianos Pinilla Roldan, defendidos por el ex diputado Juan Antonio Hernández, cayeron en mano de la justicia, Argueta era el presidente de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán. 

Los colombianos salieron libres solo siete días después de ser detenidos. El juez Gilman Nolasco que había dejado libre a los Pinilla Roldán, después de Argueta pasó a ser magistrado de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán.

Óscar Chinchilla y Rolando Argueta parecen unidos por el destino pues antes de ser magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Chinchilla fue magistrado de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán. En 2009 cuando Chinchilla salía de esta judicatura, entraba Argueta como magistrado de este mismo órgano jurisdiccional. En 2013 volverían a trabajar juntos en el Ministerio Público.

Para 2016, Argueta se convertía en presidente de la Corte Suprema de Justicia. Argueta, Chinchilla y Nolasco subían y muchos bajaban. 

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Una fuente secreta entró en contacto con el director de investigación criminal de Honduras, Leandro Osorio. 

—La Policía Nacional de Honduras y las Fuerzas Armadas ya saben, sin embargo no hacen nada—, le advirtió el informante a Osorio.

 Cuando el Comisionado de Policía recibió la información, tuvo que meditar sí se arriesgaba a organizar el operativo. ¿Si actuaba con base en la ley, no podía pasar nada malo? —Quizás están operando a espaldas del presidente—imaginó. El eslogan en ese tiempo era «caiga quien caiga». Ni siquiera se cruzó por su mente que un mes y medio después de desarticular el narco laboratorio de La Iguala, Lempira, el caído sería él. 

Solo unos días antes, en sus primeros días como mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, lo había llamado personalmente para que le dejaran seguridad a la abogada Nora Urbina. En una reunión en El Ocotal, Hernández lo había puesto como ejemplo. —«El único que saca la cara es el Comisionado Osorio», dijo el mandatario.

Con ese espaldarazo a su gestión, seguramente al revelarle que su hermano el diputado Juan Antonio Hernández operaba un narco laboratorio, el presidente castigaría y aplicaría los correctivos pertinentes, razonó.

Osorio le notificó al director de la Policía, Ramón Sabillón, y al ministro de Seguridad, Arturo Corrales, que haría un operativo. 

—Es de los Hernández y ahí hay toros. Si tiene valor lo puedo apoyar porque no se aguanta esta contaminación de los jóvenes de este sector—, le había dicho su contacto.

Había que confirmar la calidad de la información, entonces el jefe de investigación criminal puso en marcha dos operaciones de Inteligencia: infiltración y penetración.  Con infiltración, disfrazó campesinos y aldeanos para trabajar en los cultivos en la La Iguala, Lempira y penetró la estructura captando como informantes a obreros del narco laboratorio.

Ya para el 30 de enero conformó un equipo de policías, fiscales y del Comando de Operaciones Especiales (Cobra), un comando casi desaparecido en los siete años restantes.

Nadie sabía dónde sería la operación. Osorio y agentes bajo su mando durmieron en la jefatura de la policía departamental de Lempira, pero no le dijo a nadie que iba hacia La Iguala. A las 3:00 de la mañana, el grupo salió y llegaron a eso de las 5:00 de la mañana del 31 de enero.

El colombiano y los hondureños dormían a esa hora a pesar de la plaga de mosquitos. En el lugar tenían armas de guerra, generadores de luz eléctrica, vehículos tipo pickup de doble tracción. El plantel era de una manzana de tierra aproximadamente. La oscuridad de la madrugada era disipada en un vivero con bombillos alumbrando las 24 horas porque la hoja de cocaína crece con la calor.

El periódico Proceso.hn informó que había dos viveros con dimensiones de 164 metros de largo por 101 metros de ancho y uno de 25 metros de largo por 30 de ancho.

Era un viernes de 2014 del primer año de gobierno del presidente de Honduras. Sin saber, el jefe de investigación criminal había puesto en marcha un operativo que empezaría a labrar la infraestructura de tráfico de armas y tráfico de drogas del presidente, Juan Orlando Hernández.

En el operativo se detuvo al colombiano Rubén Darío Pinilla (36) de nacionalidad colombiana y al hondureño Jester Orlando Jacinto Miranda (24).

Pinilla había sido detenido por delitos relacionados con el tráfico de drogas el 25 de julio de 2013 y liberado el 31 del mismo mes. Y la maquinaria de justicia se puso en marcha para protegerlo.

El ex fiscal contra el crimen Organizado que conoció el caso del laboratorio de La Iguala, Lempira, asignado al noroccidente de Honduras fue Oswaldo Osorio. El ex fiscal ahora está exiliado, haber conocido este caso le trajo problemas y promovieron una causa penal en su contra.

 A Osorio siempre le pareció extraño cómo en los casos de mayor impacto de occidente o vinculados de una u otra forma a Tony Hernández, eran manejados por equipos especiales de Fiscales enviados de Tegucigalpa. Mientras tanto, los fiscales que no seguían la línea eran removidos o acusados.

Canal 36 informó en noviembre de 2018 que hasta hoy, en Honduras el único antecedente que se tiene de los vínculos de Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del Presidente Juan Orlando Hernández, con el narcotráfico es su representación como defensor de los principales responsables  de una operación ligada al crimen organizado, los colombianos Rubén Darío Pinilla y Fredy Roldan Jiménez. «Sorprendentemente el juez Gilman Nolasco, quien dejó en libertad a los narcotraficantes asociados con Tony Hernández, es en la actualidad magistrado de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán. Lejos de estar en la lista de extraditables o fuera del Poder Judicial, Nolasco sigue siendo un operador de la justicia hondureña, con la venia del titular de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta».

“En 2013, o alrededor de esa fecha, el testigo se reunió con Henández Alvarado y Zavala Laínez para platicar sobre los arrestos de Darío Pinilla y Roldan Jiménez, y Hernández Alvarado le agradeció a Zavala Laínez (el oficial de policía Constantino) por su protección”, cita la Solicitud Urgente de Asistencia en el Procesamiento de Juan Antonio Hernández, con referencia: CRM-182-67011.

El periódico Criterio.hn 2016 reportó que los narcos colombianos Pinilla-Roldan «hubo una trama, en primer lugar porque misteriosamente dos días antes que se llevara a cabo su captura, es decir el 22 de julio, todos los fiscales asignados a Gracias, Lempira habían sido rotados a otras ciudades. La fiscal asignada para el caso, Lilian Melissa Acosta y quien presentó el requerimiento fiscal, fue trasladada a Ocotepeque; la coordinadora del grupo de fiscales, Graciela Isabel Reyes fue trasladada a La Entrada, Copán; Sujei Vega, a Puerto Cortés; Alba Dinora Cruz, a Siguatepeque y el fiscal denunciante, fue trasladado a Santa Rosa de Copán».   

 **

El origen

Para comprender cómo se llegó a ese momento, hay que volver a los Caballeros de Choloma. Mientras en el occidente hondureño, El Rojo financiaba a Hernández Alvarado, llegó la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia en el año 2015. La responsabilidad recayó en las manos del diputado Mauricio Oliva, como líder del Congreso Nacional.

A los Rosenthal, con influencia en Choloma, el hecho de contar con influencia en el Consejo de la Judicatura no les ayudó porque ese mismo año fue evidente la traición de Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández los había entregado ante la presión de Estados Unidos, dice José López.

Fue el 7 de octubre de 2015 que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó: “WASHINGTON– Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. anunció la designación de tres empresarios y siete empresas hondureñas como Narcotraficantes Especialmente Designados de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (Ley Kingpin) por desempeñar un papel importante en tráfico internacional de estupefacientes”.

El comunicado nominaba a Jaime Rolando Rosenthal Oliva; junto a su hijo, Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo; y su sobrino, Yankel Antonio Rosenthal Coello, por “lavado de dinero y otros servicios que apoyan las actividades de narcotráfico internacional de múltiples narcotraficantes centroamericanos y sus organizaciones criminales. Como resultado de la acción de la OFAC, todos los activos de estas personas y entidades que se encuentran bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o bajo el control de personas de los EE. UU. están congelados”.

“En coordinación con el anuncio de hoy, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) también tomaron medidas para atacar a la familia Rosenthal. Ayer se abrió en el SDNY una acusación a Jaime Rolando Rosenthal Oliva, Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo y Yankel Antonio Rosenthal Coello, junto con un cuarto individuo, de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956, y Yankel Antonio Rosenthal Coello fue detenido en Estados Unidos”, reportó el Tesoro. 

“Esta acción tiene como objetivo a los tres miembros de la familia Rosenthal y sus propiedades por sus actividades de lavado de dinero y tráfico de drogas”, dijo entonces Adam J. Szubin, Subsecretario Interino de Terrorismo e Inteligencia Financiera.  “Este paso subraya que el gobierno de los EE. UU. está totalmente comprometido con la protección del sistema financiero de los EE. UU. de delincuentes como los Rosenthal”, citó el comunicado del Tesoro de Estados Unidos.

La Junta Nominadora de 2015 

Con los Rosenthal fuera del juego, Juan Orlando necesitaba una Corte Suprema de Justicia capaz de frenar procesos de extradición, de tal forma que en su tablero fue moviendo peones para controlar los siete sectores que integrarían la Junta Nominadora.

Solo había un espacio difícil para el supuesto narcotraficante en la presidencia: el de la sociedad civil, por eso con el apoyo que recibió de las iglesias desplazó a las defensoras y defensores de derechos humanos que participarían en el proceso.

José López, el sobreviviente, sigue relatando cómo el segundo mecanismo de la Junta Nominadora de 2015 fue escoger perfiles adecuados a los propósitos del momento. En ese acuerdo del bipartidismo no entraba todavía el Partido Libertad y Refundación (Libre).

El cartel de los Hernández buscó tener la CSJ para frenar las extradiciones, por eso JOH nunca paró de entregar personas con perfil operativo para dar la impresión de colaborar, lo que no se imaginó fue la presión de Estados Unidos frente al proceso. 

La Corte Suprema de Justicia se convirtió en una especie de botín de guerra o chantaje para los empresarios. El mecanismo de presión que ellos tenían fueron las extradiciones de perfiles menos relevantes y el botín tenía una segunda parte: la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

“Todos los bienes incautados y títulos valores de trazabilidad y compra de bienes fueron pasados a los colaboradores del Cartel de los Hernández Alvarado y el sistema financiero era beneficiado porque la mayoría de la plata incautada era controlada por la estructura de JOH y se creó la estrategia de seguridad y defensa para comprar mediante secretos de estado”, dice José López pariente de una de las víctimas mortales de Geovanny Fuentes.

Los empresarios entendieron que no solo les protegían sino el beneficio económico y eso les generó los suficientes recursos para su defensa en Estados Unidos porque se apropiaron de la mayoría de recursos incautados que podían.

Los diputados Mauricio Oliva, Mario Pérez y Víctor Sabillón eran hombres claves en este esquema político del Congreso Nacional y en menor escala David Chávez, dice el testigo ligado al caso de asesinato, conocido en los juicios de Nueva York.

No obstante, hubo diputados bajo investigación que negociaban para garantizar control de la extradición desde el sistema de justicia, eran sobre todo algunos de la Costa Norte. Además fueron los encargados de distribuir dinero de los sobornos para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia anterior, dijo José López.

Cuatro magistrados que no encajaron en el plan de seguridad

Estos diputados a su vez fueron los encargados de provocar la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional.  El Informe de Admisibilidad No. 83/18, de la Petición 455-13, interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuenta que el origen de la destitución fue declarar inconstitucional la Ley Especial de Depuración Policial. El 27 de noviembre de 2012, los magistrados fallaron como inconstitucional la ley aprobada por medio del Decreto N° 89-2012, que entró en vigencia el 25 de mayo de 2012.  

El 10 de diciembre de 2012, el Congreso Nacional nombró una Comisión, integrada por diputados oficialistas para que investigara la conducta administrativa del Poder Judicial. “Destacan que esa sesión congresal se desarrolló en un edificio (rodeado) por miembros de las Fuerzas Armadas”, dice el Informe de Admisibilidad No. 83/18.

Los congresistas votaron por la destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional. Fue en ese escenario que el único magistrado que les fue fiel en la Sala Constitucional, surgió como el nuevo fiscal general del Estado, Óscar Chinchilla.

Todo estaba articulado para protegerse de las extradiciones, pero la expectativa por luchar contra la extradición tuvo su primer derrota en 2018 con la captura de Juan Antonio Hernández Alvarado, “una vez que eso pasa estaban claros que sus días estaban contados y solo les quedaba una jugada y era renovar el mandato del fiscal general (Óscar Chinchilla)”, dice José López. En 2018, El Rojo fue extraditado de Guatemala y se convirtió en uno de los principales testigos para empezar a desmontar la narcopolítica en Honduras.

Vea: Fiscal general designado para proteger tráfico de drogas  

«Un Fiscal del Ministerio Público, que en su momento laboró directamente con el Abogado ROLANDO ARGUETA, cuando fungió como Director de Fiscales del Ministerio Público, declaro sobre conversaciones frecuentes sostenidas con Argueta, en una de las cuales le preguntó “ y usted que haría si le ofrecieran una fuerte suma de dinero, si la hubiera recibido donde la guardaría”, dice el informe de la comisión para investigar las actuaciones de los Operadores de Justicia involucrados en el tema de extradiciones, publicado el 26 de abril de 2022.

Argueta favoreció jueces que liberaron a narcotraficantes

«En el Caso particular del Presidente de la Corte Suprema de Justicia: A) Jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia otorgaron sobreseimientos definitivos a favor de FREDY DONALDO MARMOL, que posteriormente fue condenado en los Estados Unidos de América por casos relacionados con delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, no fueron sancionados ni administrativa, ni penal y ni civilmente por sus conductas al margen de la ley.

B) Los jueces que dictaron sobreseimiento a favor de FREDY DONALDO MARMOL no fueron condenados ni sancionados administrativamente por sus conductas típicas en el ejercicio de su cargo conforme el Informe presentado por el Ministerio Público. 

C) Magistrados que conocieron solicitudes de antejuicio promovidos por el Ministerio Público contra jueces que dejaron en libertad a narcotraficantes aún permanecen en sus cargos, a pesar de haber denegado los antejuicios promovidos por el Ministerio Público contra jueces que dejaron en libertad a tales narcotraficantes.

D) Se le permitieron a Juan Orlando Hernández privilegios como hacer uso del salón en donde sesiona el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se le facilitaron los medios electrónicos y se le permitió enviar un mensaje a la nación y a la fecha no se ha deducido responsabilidad alguna al responsable», dice el informe del Congreso Nacional.

Vea: Fiscalía de NY: Juan Orlando Hernández quiso eliminar la extradición

Con la llegada del nuevo gobierno, el Congreso Nacional nombró una comisión para investigar las actuaciones de los Operadores de Justicia involucrados en el tema de extradiciones. El Congreso Nacional emitió un informe que reveló que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia no entregó la «Certificación de los procesos de extradición tramitados ni el informe de los trámites ante el Juzgado de Privación de Dominio, en su lugar, se hizo llegar el Oficio PCSJ No. 204-2022 dirigido al Honorable Diputado Presidente de esta Comisión Especial donde se le solicita comprensión y más tiempo para remitir lo solicitado». 

«Durante se realizaba el trabajo de esta comisión especial, hubo varias actuaciones del Presidente de la Corte Suprema de Justicia que consideramos inoportunas y que no están apegadas a la responsabilidad que debe caracterizar al Presidente de un Poder del Estado, actuaciones que a continuación se detallan:

1.- Publicó en sus redes sociales que la Comisión Especial tenía ya en sus manos el informe de los extraditables con orden de captura pendiente, a sabiendas de que el listado se le solicitó en un sobre lacrado para que no hubiera filtración de los nombres contenidos en la lista.

2.- Durante la audiencia de proposición y evacuación de la prueba en la solicitud de extradición de Juan Orlando Hernández, se le dio acceso al reo a una sala de uso exclusivo de los y las Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y desde la propia silla del Presidente de ese Poder del Estado, se le brindó la oportunidad y los medios electrónicos para que transmitiera un mensaje a la nación.

3.- Habiendo transcurrido un mes desde que se le solicitó información necesaria para cumplir con el mandato asignado a ésta Comisión Especial, todavía no la ha remitido».

Desde 2014, hubo 30 antejuicios y 13 requerimientos fiscales. «De lo expuesto se colige que jerárquicamente el máximo revisor de la conducta de jueces y magistrados es precisamente el Presidente del Poder Judicial, quien a través de la Supervisión General del Poder Judicial, no sancionó como correspondía, a los jueces y magistrados que conociendo de causas penales contra narcotraficantes le sobreseyeron las causas y tampoco se sancionó a Magistrados de Cortes de Apelaciones, quienes conociendo de los antejuicios formulados contra jueces declararon sin lugar los mismos pese a que tales jueces dejaron en completa libertad a narcotraficantes que posteriormente fueron condenados en los Estados Unidos de América».

«Esta Comisión Especial, recibió información y testimonios de Detectives de la DIRECCION DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO y un Fiscal del Ministerio Público, quienes entregaron documentación relacionada a ordenes ilegales, obstrucción de su trabajo, relevos de cargos y tras situaciones irregulares de la Actual Directora de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, SORAYA CAROLINA CALIX. Denunciaron así mismo seguimientos, actos de intimidación y amenazas en su contra, la alteración de informes de investigaciones que realizaron sobre personas vinculadas con el narcotráfico y varios extraditables, también la falsificación de la firma de uno de los Detectives de esa Dirección». Cálix además ha ejercido «diferentes acciones de protección… a favor del cartel de los HERNANDEZ ALVARADO socios del cartel de los ARDON SORIANO». 

«Juan Orlando Hernández Alvarado utilizó el poder político para ganar de forma fraudulenta las elecciones para el cargo de Presidente de la Republica y que desde esa posición de alto poder y abusando del mismo, controló especialmente a la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, Policía y Fuerzas Armadas para favorecer las actividades de narcotráfico en Honduras».

Dos meses después de que se conociera este informe, el presidente del Poder Judicial compareció en televisión nacional. Hasta la fecha no ha accedido a dar sus puntos de vista al público a través de RI.

La continua intención de eliminar la extradición

Esta idea de eliminar la extradición no fue un hecho exclusivo de la CSJ anterior, José López cree que en la actualidad habría posibilidad de buscar un acuerdo entre Yani Rosenthal, Libre y los nacionalistas. Libre no tiene todos los votos. Están claros en repartirse la Corte entre tres y revisar el tratado de extradición, dijo.

A esta versión se contrapone, la de una fuente cercana a Rosenthal que indicó que hay un distanciamiento entre el líder Liberal y el coordinador de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales.

Mientras tanto, el expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, dijo el 13 de julio pasado que el Partido Liberal (PL) y Partido Nacional (PN) se reunieron para hablar respecto a la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La nueva Corte Suprema de Justicia debe ser electa en enero de 2023.

Funcionarios del gobierno informaron en sus cuentas de Twitter que el 1 de septiembre se reunió el Consejo Nacional de Seguridad, en la reunión estuvo además el asesor y esposo de la presidenta de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, aunque en ley no se establece que la pareja de quien ostenta la presidencia integra este órgano.

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