El despido injustificado de Alí Zúñiga no es el único caso de acoso y discriminación en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. Es uno de tantos, según esta investigación que desentierra más historias de abuso laboral en Banadesa
Por Daniel Fonseca / Reportar Sin Miedo
Ilustración de Daniel Fonseca
San Pedro Sula, Honduras. Alí Zúñiga dejó de ser oficial de atención al cliente en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) desde el día en que su jefa lo mandó a mover cajas a la bodega. La razón detrás de esta decisión es que Alí “daba mala imagen del banco” porque es parte de la población LGTBIQ+, según las autoridades de la institución.
“El presidente de Banadesa dijo que no quería que en el banco existieran ese tipo de personas”, relató una fuente cercana al caso que habló con Reportar Sin Miedo bajo condición de anonimato.
Alí Zúñiga fue despedido de Banadesa el 1 de agosto de 2024. Junto con él separaron a dos de sus compañeros, quienes lo defendían del acoso y los comentarios discriminatorios de supervisores, autoridades y compañeros. A ninguno se le hizo un despido conforme a la ley.
Rita* lleva casi dos décadas trabajando en Banadesa. Durante casi todo ese tiempo, el ambiente en el banco ha sido cálido y familiar. A pesar de las dificultades propias del trabajo y de las situaciones que ha atravesado Banadesa en los últimos años, nunca había sufrido acoso y presiones como las que experimenta con la nueva administración, cuenta.
“Es la primera vez que vivo una situación como esta. Nunca me habían hostigado”, dice. La violencia que sufrió en el trabajo escaló al punto en que tuvo que poner una denuncia ante el Ministerio Público contra el ingeniero Erlyn Menjívar, presidente del banco.
Sus casos no son los únicos.
¿Patrones de violencia?
Para esta investigación, Reportar Sin Miedo habló con varios trabajadores y extrabajadores de Banadesa en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Estas personas ocuparon cargos desde puestos de atención al público a empleos de alto nivel y responsabilidad.
RSM también tuvo acceso a una denuncia en el Ministerio Público y documentos del Ministerio de Trabajo que respaldan las historias de abusos laborales, acoso y discriminación dentro del banco.
Este tipo de acciones han sido especialmente violentas contra mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ+.
Pero estos casos no hablan únicamente del acoso y discriminación dentro del banco agrícola. También reflejan un patrón de violencia que se extiende a múltiples entidades del Estado y muestran la falta de atención que los operadores de justicia han brindado a las denuncias.
Así empezaron las agresiones
El 1 de agosto de 2024, Alí, Gabriel y Rodrigo* recibieron una carta de despido firmada por la jefa interina del Departamento de Recursos Humanos de Banadesa, Brenda Guevara.
El día anterior, este grupo había presentado una denuncia en el Ministerio de Trabajo. En el reclamo describieron el acoso, abuso de autoridad y hostigamiento que recibían en la oficina de Banadesa en San Pedro Sula.
Todo comenzó con la discriminación hacia Alí Zúñiga. Él es militante del Partido Libre y ha trabajado con las bases en el norte del país desde 2013. Empezó a laborar en Banadesa como oficial de créditos por recomendación de una de las líderes partidarias de la zona. También es miembro de la comunidad LGTBIQ+.
Según relataron, el ambiente en la oficina era tranquilo al inicio. Sin embargo, las agresiones iniciaron con los cambios en la gerencia en marzo de 2024.
“Empezaron los hostigamientos. Varias veces me sacaban tarde solo para molestar”, cuenta Rodrigo. Agregaa que las autoridades en la oficina lo cargaron de tanto trabajo que terminó cometiendo errores y que esto generó aún más agresiones laborales en su contra.
“Ellos vieron que nos llevábamos bien con Alí y nos empezaron a apartar”, dice.
“Daba mala imagen”
Reina Álvarez, jefa de Servicio al Cliente y superior directa de Alí, fue la primera en hostigarlo, dicen Gabriel y Rodrigo.
“Ella es de esas personas cristianas metida a rollo. Ella decía que Alí no es cosa de Dios, que Dios solo había creado dos sexos, el hombre y la mujer. Decía que él era lo más raro que ella había visto”, dice Rodrigo.
A estos comentarios se sumó la actual gerente de Banadesa, Samia David, quien según los exempleados decía que Alí daba “una mala imagen para el banco” y que “los clientes se quejaban de él”.
Luego, las acciones hostiles contra él aumentaron. Removieron a Alí de su puesto de atención al público y lo trasladaron a un nuevo puesto en bodega, donde tenía que mover cajas y equipo pesado.
“A uno en los hogares le dicen que para que ‘se haga hombre’ tiene que hacer trabajo pesado. De manera indirecta eso fue lo que le dijeron. O era la manera de presionarlo para que él renunciara”, dice Osman Lara, representante del Comité LGTBI del Valle de Sula, activista por los derechos de la comunidad diversa que le ha dado acompañamiento a este caso.
Ante estas acciones, Alí, Gabriel y Rodrigo decidieron interponer una denuncia ante las autoridades pertinentes. Sin embargo, los desanimó la respuesta que tuvieron en el Ministerio Público y el Ministerio de Trabajo.
“Se intentó poner denuncias en el Ministerio Público, pero no sabemos por qué no las tomaron”, dice Gabriel Fajardo, quien ha liderado las acciones que estos tres extrabajadores de Banadesa han realizado para exigir el respeto a sus derechos.
En el Ministerio Público no les tomaron la denuncia por discriminación. Argumentaron que “eso no se hacía ahí”. En el Ministerio de Trabajo tuvieron que interponer la denuncia en tres ocasiones diferentes. Al interponer la tercera, los despidieron.
Los casos se multiplican
Para Osman Lara, la falta de acciones de los entes del Estado responsables de atender estas denuncias es clave para entender este caso originado en la discriminación contra una persona por su orientación sexual.
“La dificultad (de dar resolución a estos casos) está en el Ministerio Público y en la Secretaría de Trabajo. Esta gente no comprende lo que es discriminación, no la viven. Por ejemplo, ahorita en el caso de Ali, como él no tiene videos, no tiene nada escrito donde diga que lo describan por ser gay, entonces no procede la denuncia por discriminación”, dice el activista.
Lara explicó que desde el Comité LGTBI del Valle de Sula han documentado otros casos similares por discriminación contra la población diversa en la zona norte, aunque este es el primero en una institución pública.
“Tuvimos el caso de una mujer trans que estaba trabajando en un call-center y a ella no le permitían utilizar ninguno de los baños. Cuando íbamos a acompañarla en todo este proceso, ella mejor renunció, no iba a continuar gastándose emocionalmente en ese caso”, dice.
Honduras —como otros países de la región— continúa sin tener una normativa específica que vele por los derechos de la población LGTBIQ+. Además, muchas leyes continúan sin prohibir la discriminación por motivos de preferencia sexual o identidad de género.
Denuncian despidos injustificados
A los tres se les despidió por las mismas razones. Según la carta que recibieron, habían violado, entre otros, los artículos 1, 17, 23, 73,77 y 89 del reglamento interno de Banadesa.
Revisamos este documento, actualizado en junio de 2022 en el Portal de Información Pública de Banadesa. La revisión muestra que a Alí, Gabriel y Rodrigo se les acusó de no estar a tiempo en el banco y abandonar su lugar de trabajo sin excusa. Además se les señaló por no cumplir las labores para las que habían sido contratados y reincidir en estas faltas.
En una aclaración publicada en sus redes sociales, Banadesa argumenta que el despido se debió a “las constantes indisciplinas y falta de respeto a sus autoridades y excompañeros” y que simplemente se les había aplicado el reglamento interno.
Según el mismo reglamento, estas faltas son leves y menos graves y ameritan sanciones verbales. En caso de reincidencia, una sanción por escrito. En caso de faltas más graves, la suspensión por hasta ocho días sin goce de salario.
Para la aplicación de estas sanciones, se les debió haber realizado una audiencia de descargo, según el artículo 95. Esta parte del reglamento dice que los despidos o sanciones disciplinarias serán llevadas a cabo “una vez escuchadas y consignadas por escrito las observaciones o los descargos del empleado, hechas las investigaciones respectivas y evacuadas las investigaciones pertinentes”.
Sin embargo, a ninguno de los tres se les hizo este procedimiento, aseguran. “Nunca se nos hizo una audiencia de descargo. Es más, a mí nunca se me hizo ni un solo llamado de atención”, dice Gabriel.
Una fuente cercana a este caso y con acceso a las reuniones de la dirección de Banadesa le dijo a este medio que el despido fue impulsado por Erlyn Menjívar, presidente del banco y hermano de Omar Menjívar, regidor de la alcaldía de San Pedro Sula.
Omar Menjívar se ha manifestado públicamente a favor de la comunidad LGTBIQ+ e incluso dijo que estaría a favor de una ley de matrimonio igualitario. Sin embargo, en contraste, a su hermano se le acusa de ordenar el despido de Alí por su orientación sexual y, en el caso de Gabriel y Rodrigo, por defenderlo.
Reportar Sin Miedo contactó a Erlyn Menjívar y a Samia David para conocer su respuesta a estos señalamientos, pero no atendieron nuestras solicitudes de entrevista.
Acusan de hostigamiento al presidente de Banadesa
El caso de Alí y sus compañeros no es un hecho aislado. Tampoco es la primera vez que acusaciones de maltratos surgen contra las autoridades de Banadesa.
Específicamente, en Tegucigalpa, Erlyn Menjívar enfrenta una denuncia por acoso laboral vertical interpuesto por Rita, empleada de alta responsabilidad que ha trabajado casi veinte años en este banco.
En la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público en junio de este año, Rita acusa al presidente de Banadesa —su jefe inmediato— de marginarla y ridiculizarla en público. “Me gritaba que yo había participado en el fraude de Banadesa”, dice Rita en su denuncia.
Además de estas acciones de hostigamiento, aumentaron la carga laboral de Rita y el equipo que tenía a su cargo y suspendieron su derecho a gozar vacaciones en diciembre del año pasado. Cuando reclamaba sobre decisiones arbitrarias que afectaban sus derechos, ella recibía llamados de atención.
Rita decidió enviar una nota a la junta directiva de Banadesa —la máxima autoridad en el banco—, exponiéndoles la situación de acoso y hostigamiento que recibía y su preocupación de ser despedida por el presidente Erlyn Menjívar.
“Él se comprometió en junta directiva a no tomar represalias contra mí. Sin embargo, me hizo un llamado de atención por escrito. Me acusó de abuso de autoridad y de muchas cosas. Ese llamado de atención se lo respondí en apego al reglamento de trabajo. Después de que respondí, me hizo un segundo llamado de atención el mismo día y me mandaron acta de vacaciones”, dice Rita.
Al volver de vacaciones, dice Rita, sus compañeros tenían instrucciones de no colaborar con ella en ninguna de sus funciones ni contestar sus llamadas.
“La gota que derramó el vaso fue una suspensión de cinco días sin goce de salario, argumentando maltrato a mis compañeros, interpelación en público y no sé qué cosas más. En ningún momento me dieron derecho a la defensa ni agotaron la debida diligencia, que son los dos derechos constitucionales y primordiales para cualquier ciudadano. Él los violentó”, asegura Rita.
Este patrón de violentar el debido proceso es común tanto en el caso de Alí, Gabriel y Rodrigo como en el de Rita. Tras múltiples denuncias, las agresiones en su contra no se han detenido.
“Lamentablemente, con esta administración es imposible. Creo que ya es un tema de personalidad del presidente actual porque la única persona que contrata y despide en Banadesa es el presidente ejecutivo. Es la única que toma decisiones sobre el recurso humano, independientemente de las consecuencias y la legalidad”, afirma Rita.
También señalan a coordinador de aduanas
Y Banadesa no es la única institución pública donde han surgido denuncias de acoso laboral, discriminación y acoso motivado por género.
En septiembre de 2023 desde que tuvimos conocimiento de la denuncias colaboramos y trasladamos a la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer un informe relacionado a 5 trabajadoras de @AduanasHonduras que denunciaron al Abogado Evaristo Euceda, Coordinador Regional de Aduanas…
— Fausto Cálix (@FaustoCalix) August 20, 2024
Recientemente, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Evaristo Euceda, coordinador regional de aduanas de San Pedro Sula, y su asistente por hostigamiento sexual agravado y acoso laboral vertical contra cinco empleadas de la administración aduanera de Honduras. Según las trabajadoras, Euceda las amenazaba con despedirlas por no aceptar sus propuestas sexuales.
También está el caso de Karen Rodríguez, exdirectora del despacho del entonces designado presidencial Salvador Nasralla, quien denunció al coordinador del despacho, Moisés Ulloa, de hostigamiento sexual y acoso laboral vertical. Como parte de un acuerdo conciliatorio entre las partes, Ulloa emitió una disculpa pública “por las acciones que se pudieran realizar en ofensa de ella”.
Otro caso reciente es el del exsecretario general del Instituto de la Propiedad, Tirso Ulloa, quien renunció a su cargo en mayo de este año. Ulloa renunció luego de filtrarse audios y conversaciones telefónicas en las que se sugiere que el abogado solicitaba favores sexuales a cambio de puestos de trabajo en la institución.
Estas violencias que sufren las mujeres en el campo laboral se suman a su ya precario acceso a la justicia. Según un estudio de acceso a la justicia para las mujeres hondureñas del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), “sobre el cumplimiento de las funciones y deberes de los operadores y las operadoras de justicia con la debida diligencia, en los casos de violencia de género contra la mujer, en especial violencia doméstica, las mujeres perciben que es deficiente”.
Entre las principales causas de esta situación se encuentran el trato discriminatorio a la hora de denunciar y la falta de recursos financieros, logísticos y humanos que enfrentan las instituciones que imparten justicia.
¿Tomarán en serio las denuncias?
Mientras tanto, Rita sigue presionando en el Ministerio Público por una respuesta a su denuncia. Su caso escaló a la fiscalía de Derechos Humanos, pero no ha habido más avances, a pesar de que, desde que inició el proceso, las hostilidades en su contra siguen aumentando.
“La presidenta Xiomara Castro hizo promesa de devolvernos nuestras garantías constitucionales. Yo necesito que escuchen que, así como yo, hay muchas mujeres, muchos ciudadanos pasando por la misma situación. Necesito que los demás ciudadanos entiendan que hay que respetar a los compañeros, que no podemos ir dirigiendo instituciones como si fueran nuestra finca”, dice.
La historia de Alí, Gabriel, Rodrigo y Rita es una muestra de la urgencia de reformas profundas en la manera en que el Estado hondureño maneja los casos de acoso y discriminación.
La pregunta que queda en el aire es si algún día las autoridades tomarán en serio estas denuncias o si, como hasta ahora, las víctimas seguirán enfrentando un sistema que les da la espalda.
*A petición de las fuentes de esta nota, algunos nombres fueron cambiados para proteger su identidad.
