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Ser Mujer en Honduras es de Alto Riesgo, Investigación Revela Impunidad

 

La Colectiva de Mujeres Hondureñas, (CODEMUH) y La Tribuna de Mujeres Contra los Femicidios “Gladys Lanza”, presentan los hallazgos de la Auditoría Social a la Unidad de  Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, ATIC – Ministerio Público y a operadores/as de justicia en San Pedro Sula. Con el propósito de evidenciar el nivel de cumplimiento y aportar información sobre el posicionamiento de las mujeres ante  el quehacer de dichas autoridades, además de plantear posibles respuestas conjuntas.

HALLAZGOS: aunque la decisión de darle funcionamiento a corto plazo a la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, aun sin la previa publicación del decreto legislativo en el diario oficial la Gaceta, es resultado del impacto positivo de la incidencia de las organizaciones de Mujeres con el Ministerio Público, para investigar y perseguir los Femicidios, y de la apertura mostrada por la Comisión de Género del Congreso Nacional y Alianza de Mujeres Parlamentarias de ese momento,  en 2016.

Diversos ángulos de los participantes quienes con sus participaciones y aportes enriquecieron con insumos el debate, lo que demuestra que la temática es de interés público.

En el análisis de la base de datos obtenida a través del proceso de investigación de la Auditoria Social, concluimos en los siguientes aspectos relevantes y de importancia a considerar: Es preocupante que la mayoría de los datos no tiene información sobre el oficio / ocupación de la víctima, existiendo cero avances en los casos de femicidios hasta la fecha, manteniéndose un porcentaje de impunidad entre el 96 y 98%.   

La creación y funcionamiento de la Unidad no ha trascendido más allá del ámbito institucional de Justicia. Ya que el reglamento de dicha Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios es una tarea pendiente, porque hasta dos años después que se aprobó en 2016, apenas en 2018 se integra la Comisión de seguimiento, sin incluir  representación de la zona norte, donde se presentan el mayor número de femicidios.

Además de la falta de conocimiento de parte de algunos integrantes de las instituciones sobre el término “femicidio” es una debilidad institucional que no contribuye a la resolución de los casos, así como la no tipificación o  separación de los tipos de muertes violentas como el femicidio incrementa los niveles IMPUNIDAD.

La falta de personal y de logística, en el caso de  los fiscales asignados a la unidad,  algunos en el caso de femicidios tienen a su cargo  hasta 200 expedientes. La asignación de cuatro (4) fiscales a la Unidad y diez (10) agentes de la ATIC, es un buen avance, especialmente si lo comparamos con los dos (2) Fiscales asignados a casos de Muertes de LGTBI, Extranjeros, Abogados y Periodistas pero muy poco en relación a la demanda.

Dentro de la desconfianza general al Sistema de Justicia de parte de las mujeres que participaron en grupos focales de la auditoria social, manifestaron la ausencia del enfoque de género en la institucionalidad de seguridad y justicia, como un serio impedimento para que las mujeres en su condición de víctimas de violencia  por su condición de género puedan sentir alguna confianza al momento de interponer la denuncia o realizar algún tipo de colaboración (informativa, testifical, etc.) por lo que la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios deberá tomar en cuenta esto para el desarrollo de capacidades de los operadores de justicia.

Según información proporcionada por el Ministerio Público a través de la Ley de Acceso a La Información Pública, el presupuesto de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, ha sido incrementado cada año fiscal desde el año 2013 al 2017.

Año

Presupuesto asignado
2013 2,492,827.61
2014 9,785,737.79
2015 12,575,245.10
2016 24,058,372.23
2017 25,502,261.00

El no contar con datos estadísticos actualizados constantemente sobre los avances en los casos de femicidios,  es una debilidad que contribuye negativamente en los procesos de incidencia de parte de las organizaciones de mujeres e incrementa la impunidad. Ante esta realidad, exigimos a las autoridades responsables, diseñen e implementen una política pública de prevención, atención y sanción de las violencias hacia las mujeres con enfoque de género, con un sistema de indicadores que permita mostrar resultados a corto, mediano y largo plazo.

San Pedro Sula  Cortés, 31 de agosto de 2018

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