• Diputados del Congreso Nacional, representantes de la academia, sociedad civil y cooperación internacional analizaron el proceso de reformas político-electorales en Honduras.
Tegucigalpa, 27 de noviembre de 2019. Diputados al Congreso Nacional, expertos en materia electoral y representantes de sectores sociales, académicos y empresariales del país analizaron este miércoles los avances en el proceso de reformas político-electorales que atraviesa el país en el foro “¿Hacia dónde avanza la Reforma Política Electoral en Honduras?”, organizado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El análisis estuvo encabezado por Arístides Mejía, presidente de la Comisión Técnica de Asesores para la elaboración de la Ley del Consejo Nacional Electoral; Jorge Cálix, diputado al Congreso Nacional y presidente de la Comisión Especial Multipartidaria para dictaminar la Ley Procesal Electoral, que aplica al funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); y Rolando Kattán, comisionado coordinador del Registro Nacional de las Personas (RNP).
Por parte de la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional hicieron sus consideraciones: Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC); Julieta Castellanos, directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); y Richard Barathe, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Honduras.
Los ponentes apuntaron factores fundamentales para el éxito del proceso de reformas político electorales, entre los que destacaron: el fortalecimiento en el sistema de transmisión de resultados de las elecciones, discusión y aprobación de la segunda vuelta electoral, el otorgamiento de la deuda política únicamente a los partidos políticos que cumplieron los requisitos establecidos en la ley y la cancelación de la personería jurídica a los que no alcancen el mínimo de votos, el fortalecimiento de la participación de la mujer, la realización de un referéndum sobre la reelección presidencial, la no injerencia de partidos políticos en el proceso de emisión de una nueva tarjeta de identidad, el levantamiento de un nuevo censo electoral, la creación de una nueva instancia de impugnación para los partidos políticos y ciudadanos a cargo del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) como única instancia para dirimir conflictos electorales.
Los argumentos coincidieron en que hasta el momento los partidos políticos no han escuchado a la ciudadanía y por ende no han satisfecho las necesidades reales del proceso, al tiempo que advirtieron el impacto que las reformas electorales tendrán en la estabilidad del país.
Entre los asistentes al foro figuraron representantes de: instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, iglesias, gremios empresariales, centrales obreras y campesinas, colegios profesionales y partidos políticos.
La ASJ ha propuesto como pilares fundamentales de las reformas lo referente a la celebración de consultas ciudadanas – el mismo día de las elecciones generales, sobre la reelección presidencial, la aprobación de la segunda vuelta electoral, la capacitación y certificación en el nombramiento de los miembros de las mesas electorales, la observación ciudadana del proceso electoral, un nuevo padrón electoral, transparencia en el acceso a la identificación de los aportantes y el monto de las aportaciones de las campañas políticas, y el fortalecimiento del sistema de transmisión de resultados.
“Si vamos a un nuevo proceso electoral con las mismas reglas, vamos a tener los mismos resultados. En ese sentido, la ASJ demanda a los presidentes de las comisiones del Congreso Nacional encargadas de la normativa electoral hacer las reformas necesarias y oportunas, para garantizar elecciones transparentes y que gocen del respaldo de los ciudadanos”, señala Carlos Hernández, director ejecutivo de la ASJ y representante de Transparencia Internacional en Honduras.
Se espera que la nueva legislación electoral con los insumos propuestos por la ASJ sea aprobada y entre en vigencia para las consultas populares de 2020 y los procesos electorales de 2021.
