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Dos de cada mil acusados de agredir mujeres en El Salvador son condenados

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Las denuncias por el delito Expresiones de Violencia contra las Mujeres fueron 1,346 el año pasado y 624 hasta el 15 de septiembre. De esos casos, el 11 % pasó a los juzgados y el 1 % terminó en condena.

A siete años de haberse aprobado la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres los resultados no parecen alentadores: la Corte Suprema de Justicia recibió el año pasado 1,346 casos de expresiones de violencia contra las mujeres; de los que el 11 % fue llevado ante un juez y el 1 % terminó en condena para el agresor. Mientras que hasta el 15 de septiembre de este año recibió 624 casos más; de lo cuales, 58 fueron judicializados y, hasta el 15 de septiembre, ninguno había terminado en condena.

Las expresiones de violencia contra las mujeres son uno de los delitos contemplados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. En el artículo 55 de esta ley se detalla que elaborar o publicar contenido de odio o menosprecio hacia las mujeres puede ser causa de condena. Asimismo, utilizar expresiones que intimiden, hagan burla o degraden a las mujeres en el ámbito laboral, comunitario o educativo. Aunque hay otros delitos que la ley considera expresiones de violencia contra las mujeres, varios de estos se hallan directamente relacionados con la violencia psicoemocional. Un tipo de violencia que registra la mayoría de denuncias recibidas por el Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres 2018.

Seis de cada diez mujeres que denunciaron violencia ante las instituciones que conforman la mesa de conciliación de dicho Sistema recibieron agresiones psicoemocionales. Las conductas que predominaron en las denuncias fueron los insultos, las humillaciones y las intimidaciones.

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La razón por la que no hay suficientes condenas para este delito es porque los procesos judiciales se decantan por el mecanismo de Suspensión Condicional del Procedimiento. Esta es una salida alternativa a la condena que consiste en imponerle reglas de conducta al agresor y una medida de reparación del daño a la víctima. “La mayoría de casos se está yendo por esta salida alterna. Esto implica que al agresor se le pone un año de reglas de conducta que están basadas en el Código Procesal Penal. Entre esas puede ordenársele que no se acerque a la víctima; la obligación de ir a grupos terapéuticos, ya sea de alcohólicos o drogadictos, o ir, en nuestro caso, al programa de las nuevas masculinidades”.

Los casos de Expresiones de Violencia contra Las mujeres han quedado, en su mayoría, en los juzgados de Paz y el resto en los juzgados especializados de Instrucción y de Sentencia. El juez Arístides Borja, quien ejerce funciones en un juzgado de Paz, explicó que en esta etapa solo se recogen los aportes de la Fiscalía. Esto con el objetivo de determinar si el caso pasa a la etapa de instrucción en los juzgados especializados. “Los jueces de Paz estamos limitados para conocer el fondo de los delitos que enumera la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres porque solo conocemos los aportes en la audiencia inicial y son indicios mínimos”.

El juez dijo que, aunque los casos sean sustentados con aportes mínimos es difícil que sean sobreseidos (desestimados) en esas sedes. “Ahora que si la Fiscalía pide el sobreseimiento es porque no tiene la evidencia necesaria”.

Un caso de entre cien

Emma se casó a los 26 años convencida de que su esposo la amaba. Ella lo creía así porque a él parecía no importarle que ella tuviera un hijo de otro hombre. Eso cambió un año después cuando a José le empezó a molestar la presencia del niño en la casa y le pidió a Emma que lo sacara; ella no tuvo otra opción que llevarlo a casa de sus abuelos.

Dejó pasar unos meses y decidió salir embarazada. Ella creía que su esposo necesitaba un hijo propio para ser feliz. Se equivocaba. Cuando tenía pocos meses de embarazo José la golpeó tanto que casi pierde al bebé. Emma lo denunció por primera vez convencida de que había comenzado a jugarse la vida. Pronto supo que era una mujer de la que hablan las estadísticas, las que revelan que la violencia psicológica y la violencia física representan el 73 % de las denuncias de violencia contra la mujer en El Salvador. Los municipios como Jocoaitique, Arambala y El Divisadero en Morazán son municipios con una tasa de violencia de entre 80 y 120 mujeres agredidas cada año. Las mujeres de la zona oriental son las que más denuncian.

En 2018 hubo 21,299 mujeres que denunciaron haber sufrido violencia. Esto según el Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres. Pero esos hechos no muestran la cifra negra. La Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres publicada en 2017 dice que 1.7 millones de mujeres salvadoreñas reportaron haber sido víctima de violencia. De este número solo el 10 % buscó apoyo y el 6 % denunció el hecho. Lo que permite inferir que la mayoría de los hechos de violencia contra las mujeres quedan ocultos por miedo y por falta de información sobre qué hacer y a dónde acudir.

En el capítulo “Búsqueda de apoyo, denuncias y conocimiento de leyes de protección hacia los derechos de las mujeres” de la referida encuesta se lee: “Hay una brecha considerable entre la cantidad de mujeres agredidas y las que buscan apoyo y/o denuncia; pero también existe una diferencia entre las mujeres que acuden a las instituciones con la intencionalidad de buscar algún tipo de soporte, pero no logran acudir a las instituciones con la intencionalidad de buscar justicia”.

El día que Emma denunció a su esposo buscaba ayuda, pero no buscaba justicia. Estar embarazada la llevó a creer que necesitaba de su esposo para compartir la responsabilidad del hijo de ambos. Eso, aunque él la hubiera golpeado. Una denuncia —pensaba— es suficiente para que ya no vuelva a hacerlo; ella creía que José solo necesitaba un escarmiento, pero él quería venganza.

Un 16 de septiembre de 2016, Emma regresaba de su trabajo como enfermera a eso de las seis de la tarde. Para entonces, el hijo de Emma y José ya tenía cinco años y, como cada tarde, lo único que ella esperaba al llegar a casa era descansar un poco antes de preparar la cena. Pero ese día los gritos y fuertes golpes en la puerta de su casa le interrumpieron el descanso.

“¡El maistro de la esquina dice que un maje te vino a dejar en un carro gris! ¿Andás de p…, verdad?”. Era José, quien llegó tomando por el brazo a Emma mientras la sacaba hasta el patio de la casa. “¡Contestame!”, le decía.

Pero los gritos no dejaban a Emma explicar lo ocurrido. “¡Todas las enfermeras son unas p…! ¿Sabés? mejores mujeres he tenido”, insistía mientras dañaba físicamente a Emma. En el momento apareció el hijo de ambos y lo vio todo. “¿Y vos, ¿qué hacés ahí? ya que oíste todo esto decidí con quién de los dos te querés quedar. ¿Si con esta o conmigo?”, dijo José.

Emma le pidió a su hijo que se fuera a la sala de la casa mientras solucionaba el problema con José.
Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas (Ormusa), explicó que hay mujeres que no reconocen que están en una grave situación de violencia hasta que su vida pende de un hilo. “Para las que sí lo saben, como tienen un entorno tan adverso, solo aceptarlo se vuelve su mecanismo de sobrevivencia. Las campañas dicen ‘rompe el silencio’, ‘alza la voz’, ‘denuncia’, pero cuando vemos la realidad nos preguntamos: ¿y quién les dice a los agresores ‘respeta la vida de las mujeres’?”.

José no solo golpeó a su esposa, sino que la agredió sexualmente. Horas después de lo ocurrido, el hombre huyó. En ese momento Emma supo que ya no podía pedir solamente ayuda. Entonces denunció.

“Una mujer violentada puede ser incapaz de elegir o tomar decisiones. Por lo que cuando vemos sectores con poca denuncia nos genera una alerta para investigar. La hipótesis es que no hay violencia, pero para comprobar esa hipótesis uno se da cuenta que hay todo un escenario de silenciamiento”, dijo Juárez.

Los Juzgados Especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres tienen sede en San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Estos juzgados no sustituyen a los juzgados de Paz en materia de resolución de conflictos intrafamiliares o de iniciar procesos por violencia de género. Por lo que pueden resolver los casos de los once delitos que contempla la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y otros delitos relacionados a la violencia de género como violencia intrafamiliar, incumplimiento de asistencia económica, entre otros. Baires considera que estos tribunales han venido a concientizar a las víctimas sobre estos delitos. Sobre todo, porque han involucrado a Reparación del daño a la víctima como un mecanismo de justicia.

Aunque José quiso defenderse de la denuncia alegando ser inocente, no sirvió de mucho. José fue condenado a siete años de prisión por los delitos de Expresiones de Violencia contra las Mujeres y Otras Agresiones Sexuales.

Pese a que se han presentado más de mil demandas por este último delito, solo el 11 % fueron llevados a los juzgados y el 1 % terminó en condena.

A más de dos años de haberse creado el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres las condenas fueron pocas el año pasado y hasta el 15 de septiembre de este año no hubo condena alguna. El delito que más se denuncia es Expresiones de Violencia contra Las Mujeres. Los casos para este delito se han resuelto bajo un mecanismo alternativo a la condena para el agresor. Impone reglas de conducta y pretende incluir un método de reparación del daño a la víctima.

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