Dunia Orellana
De 50,000 a 80,000 abortos al año se practican en el país, donde la ley prohíbe interrumpir el embarazo sin importar que se deba a una violación o que la vida de la futura madre esté en riesgo
Tegucigalpa. No importa que un embarazo sea causado por violación o incesto o que el feto tenga malformaciones. En pleno 2021, Honduras es de los cuatro países donde abortar está prohibido sin importar en qué circunstancia se produzca el embarazo.
Aunque hasta noviembre del 2020, en Honduras se cometieron más de 93 violaciones sexuales que dejaron un número indeterminado de mujeres embarazadas, las leyes nacionales les impiden abortar y les imponen de 3 a 10 años de cárcel.
A muchas mujeres desesperadas no les queda de otra que abortar ilegalmente practicándose operaciones en lugares inadecuados o tomando drogas peligrosas. Estas actividades hechas “bajo bajo” dejan un número aún no establecido de muertes anuales en Honduras.
Las legislación hondureña sigue castigando a quien se practique un aborto o provea los medios para provocarlo. El vicepresidente del Congreso Nacional, el nacionalista Mario Pérez, presentó esta semana un proyecto de ley para que en la Constitución de Honduras se prohíba el aborto. Pérez ha propuesto modificar el artículo 67 de la siguiente manera: “Se considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer, a quien debe respetársele la vida en todo momento. Serán nulas e inválidas las disposiciones legales que establezcan lo contrario”.
Según un informe de Human Rights Watch, en Honduras se practican entre 50,000 y 80,000 abortos al año. Esas altas cifras dejan en el aire la pregunta de cuántos de esos abortos terminaron con la vida o la salud de las mujeres que se los practicaron.
En 2017, más de 8,600 mujeres fueron hospitalizadas por complicaciones relacionadas con abortos provocados o espontáneos en Honduras, según datos de la Secretaría de Salud.
Al restringirse el aborto, la mortalidad materna aumenta, declaró la Relatoría Especial sobre la Tortura. Los abortos riesgosos tienen consecuencias físicas y psicológicas. Las restricciones antiaborto pisotean del derecho de las mujeres de no sufrir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluidos como delitos contra la integridad moral en el nuevo Código Penal, según la Relatoría.
El proyecto legal presentado por el congresista Mario Pérez impide legalizar el aborto. La propuesta de ley de Pérez se apoya en que el genoma humano “es la base de la unidad fundamental de la familia humana… de su dignidad. Al tener una codificación genética, un sistema inmunológico y por encontrarse en una etapa embrionaria… es una persona que debe poseer los mismos derechos… que todos los seres humanos ya nacidos”, dijo Pérez.
Se trata de un proyecto de ley “contra las mujeres hondureñas”, según la Red Lésbica Cattachas. “Es una de las leyes más restrictivas del mundo y modificar la Constitución es cerrar la posibilidad del cambio legal. Sería estigmatizar más a las mujeres que abortan, promovería el aumento de la criminalización y haría mucho más difícil cambiar la ley”, agrega la red que trabaja por los derechos humanos.
Datos de salud pública establecen que un 40% de los embarazos no son planificados o deseados. Algunos embarazos son producto de violaciones. Casi una de cada cuatro mujeres en Honduras ha sufrido abuso físico o sexual de una pareja, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA) del Instituto Nacional de Estadística realizada en el período 2011-2012. Asimismo, más de 30,000 adolescentes de entre 10 y 19 años dan a luz en Honduras cada año.
Esta situación no se presenta exclusivamente en Honduras. En Centroamérica, El Salvador y Nicaragua también castigan el aborto sin excepciones. Fuera de la región, países como República Dominicana, Haití y Surinam son otras naciones que orillan a la población femenina a practicarse abortos ilegales. En Honduras, según la Fiscalía General, siete personas han sido acusadas de practicar un aborto o someterse a él.
Como Honduras, otras naciones latinoamericanas aún carecen de una ley de aborto, pero en esos países al menos se permite abortar cuando se prueba que el embarazo fue causado por violación o cuando dar a luz puede representar un enorme peligro de salud para la madre y el feto.
En 2017, el Congreso de Honduras rechazó despenalizar el aborto cuando el embarazo se debe a violación o hace peligrar la salud y la vida de la mujer o cuando el feto tiene graves maformaciones.
Los políticos hondureños no están solos en su lucha por impedir que el aborto se despenalice. Las Iglesias también colaboran con encendidos discursos contra quienes defienden el derecho al aborto o quienes lo practican o se someten a él.
“Los fundamentalistas religiosos dicen que quienes están a favor del derecho a decidir no son pensantes y que es una barbaridad que quieran ser congresistas”, dice la aspirante a diputada del movimientto FRP por el partido Libertad y Refundación, Ana Lucía Pérez, quien es una defensora del derecho al aborto.
Sin embargo, Argentina decidió dar un paso histórico. El 30 de diciembre de 2020, en una votación del Senado que se prolongó hasta altas horas de la noche con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, los legisladores argentinos creaonr una ley que elimina la penalización del aborto.
De esa manera se levantan los castigos que durante casi cien años les negaron a las mujeres de ese país sudamericano el derecho de decidir sobre sus cuerpos cuando un embarazo es de alto riesgo o provocado por violación.
En Honduras y los demás países donde el aborto está penalizado o donde aún no se aprueba una ley sobre el aborto, las organizaciones en pro de los derechos sexuales y reproductivos ven con esperanza la decisión de los legisladores argentinos de permitir la práctica del aborto.
“Tenemos esperanza y alegría”, dice la coordinadora de la Unidad de la Mujer y la Familia (Udimuf), Vanessa Siliezar. “Las feministas hondureñas impulsan esta licha desde 1984, cuando quitaron el aborto terapéutico del Código Penal e impusieron su total criminalización, pero hemos demostrado que eso no evita la clandestinidad”.
Argentina da un paso adelante
Casi cien años tardó Argentina en despenalizar el aborto. El país ya se había puesto a la vanguardia en América al haber aprobado en 2010 el matrimonio igualitario y, en 2012, la identidad de género, pero durante 99 años había prohibido que las mujeres abortaran. El aborto solo era permitido en casos de violación y riesgos de salud.
Por el contrario, las leyes hondureñas ni siquiera toman en cuenta la salvedad de abortar en caso de violación.
“Es un triunfo”, dice la abogada Merary Ávila sobre la reforma argentina que despenaliza el aborto. “Ya se habían hecho varios intentos en el Congreso de Argentina. Se habla mucho sobre la fuerte organización de las compañeras argentinas, de la experiencia que adquirieron al intentar durante dos décadas que el aborto se legalizara”.
La defensora y activista del movimiento Somos Muchas compara el logro argentino con la desventaja en que se encuentran las mujeres hondureñas, quienes chocan día tras día con la muralla de un sistema que no permite avances significativos en el campo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos para la población femenina.
Según la experta, la presión sobre los legisladores argentinos “era muy grande” para que acabaran de una vez por todas con las penas que catigaban el aborto en ese país sudamericano.
En comparación, agrega Ávila, “los movimientos sociales en Honduras no son tan fuertes”. Para ella, una clave del atraso en la aprobación de leyes es la escasa participación política de las mujeres hondureñas en un ambiente dominado por el machismo y la discriminación.
Para la Red Cattrachas, la legalización argentina del aborto es la oportunidad de que “América Latina sea una marea verde a favor del aborto y que las mujeres hondureñas sean libres”.
La Iglesia pone murallas
Las Iglesias hondureñas tienen una influencia importante en la toma de decisiones políticas sobre el aborto, entre otras muchas cuestiones de interés público, lo cual contradice la condición laica del Estado en Honduras.
Líderes de varias denominaciones religiosas se han pronunciado desde el púlpito y los medios de comunicación en contra de cuestiones que desde su punto de vista son inmorales, incluyendo la diversidad sexual y el aborto.
Evelio Reyes, cabeza de la iglesia Vida Abundante, es conocido por sus discursos contra la diversidad sexual. En una prédica difundida en 2013, Reyes pidió a sus seguidores que no voten por candidatos y candidatas “homosexuales y lesbianas” porque, según él, contravienen los dictados de Dios.
Un trabajo similar para dinamitar los derechos sexuales y reproductivos femeninos hacen la Iglesia Católica y Evangélica cuando insisten enque el aborto es inmoral y pecaminoso.
Los líderes religiosos sugieren con sus prédicas que quienes practican o se someten al aborto sean castigados por sus “pecados”, con lo cual influyen en el discurso estatal contra las prácticas abortivas.
El propio presidente hondureño Juan Orlando Hernández se ha pronunciado al respecto en términos seudorreligiosos. “El único que puede dar y quitar la vida es Dios”, dijo el mandatario en el 2017.
La opinión de Hernández es la misma del Partido Nacional al que pertenece, como lo demuestran las declaraciones que el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, dio en 2019 contra la diversidad sexual y el aborto.
En pleno siglo XXI, cuando en América se levantan las voces femeninas contra la penalización de lo que ellas consideran su derecho de abortar, “los grupos fundamentalistas” están apoderándose “de los Congresos, las cortes, del propio Gobierno”, dice Vanessa Siliezar.
“No es casualidad que en Honduras no tengamos una ley” sobre el aborto, agrega la líder de Udimuf, con sede en La Ceiba, en la costa atlántica hondureña. La falta de leyes se debe a que “la cúpula, la alta jerarquía de la Iglesia, independientemente de que sea Católica o Evangélica, sigue coludida con el Gobierno y los tomadores de decisiones desde una visión patriarcal para tomar la vida de las mujeres en sus manos”.
