Vilma Mejía

Honduras se encuentra inmersa en una situación crítica en cuanto atención de la salud mental, transformando el acceso a servicios psiquiátricos en un privilegio en lugar de un derecho universal. Con apenas tres centros públicos en todo el país, la escasez de recursos y personal médico especializado resulta en una preocupante proporción de 6.12 profesionales de la salud mental por cada 100,000 habitantes.

Los hospitales psiquiátricos estatales, con un total de 370 camas, exhiben una tasa de 5.14 camas por cada 100,000 habitantes, destinando solo el 4% de ellas a niños y adolescentes. La falta de incremento en la capacidad de camas, en los últimos cinco años acentúa las carencias estructurales.

La pandemia ha exacerbado esta crisis, con aproximadamente el 30% de la población hondureña experimentando trastornos psiquiátricos, agravados por el desempleo, la violencia y el uso desmedido de las redes sociales, contribuyendo así al deterioro de la salud mental.

Josué Rivera, un joven emprendedor de 23 años, destaca la realidad compartida por muchos. A pesar de enfrentar una profunda depresión tras la muerte de su madre, Josué no ha podido recibir ayuda profesional debido a las limitaciones del sistema de salud mental en Honduras.

La falta de opciones públicas y la inaccesibilidad económica de los servicios privados lo han dejado lidiando con la depresión sin apoyo: “La depresión ha afectado todos los aspectos de mi vida. Mi trabajo, mis relaciones, incluso las actividades diarias se vuelven desafiantes. A veces siento que no hay salida y que estoy atrapado en un círculo vicioso” comparte Josué.

Josué ha buscado apoyo en grupos, pero la falta de opciones y la falta de comprensión de los demás lo han dejado sintiéndose solo en su lucha. Destaca la urgente necesidad de conciencia y recursos para la salud mental en Honduras, abogando por un sistema accesible para todos, independientemente de sus recursos económicos.

Josué considera que la depresión y otros problemas de salud mental son desafíos que no deben enfrentarse en solitario, subrayando la importancia de un sistema de salud mental que brinde apoyo a toda la población.

Según un informe de Médicos Sin Fronteras (MSF), desde 2016 se han llevado a cabo más de 21,000 consultas psicológicas dirigidas a la población hondureña, destacando que el 80% de los casos afectaron a mujeres y el 34% a menores de edad.

A pesar de los avances en las políticas de salud mental desde 1975, la asignación actual del 1.75% del presupuesto total revela una distribución desequilibrada, con el 88% destinado a hospitales psiquiátricos. En la actualidad, el Hospital San Juan de Dios en San Pedro Sula, es el único centro que brinda atención a los trastornos mentales en toda la región noroeste del país, atendiendo a unos 250 pacientes diarios, de los cuales el 80% presentan síntomas relacionados con la depresión, según afirmó el Dr. Carlos Sarmiento, director del hospital.

Es crucial señalar que, en teoría, el acceso a medicamentos psicotrópicos está garantizado al 100% de la población en los hospitales psiquiátricos; sin embargo, esta disponibilidad se ve limitada en los centros de Atención Primaria de Salud. La escasez de medicamentos en el sistema de Seguridad Social ha obligado a los usuarios a adquirirlos por su cuenta, generando un costo considerable en relación con el salario mínimo diario. Para quienes asumen este gasto, el tratamiento con antipsicóticos y antidepresivos representa el 22.2% y el 19.0%, respectivamente, del salario mínimo diario, destacando las dificultades económicas.

La presidenta Xiomara Castro, en su plan de gobierno, prometió la creación de la Unidad de Salud Emocional dentro del sector salud. Esta unidad tendría la responsabilidad de planificar, administrar y coordinar programas y actividades relacionadas con la salud mental y emocional. Además, se comprometió a llevar a cabo capacitaciones a nivel nacional para el personal médico, docentes y empleados públicos sobre temas de salud emocional.

Otro aspecto destacado de su propuesta fue la inclusión de profesionales de psicología en salud emocional en cada centro de salud a nivel nacional y en todas las direcciones departamentales de educación pública. Hasta ahora, esta iniciativa sigue siendo una propuesta sin implementarse.

Actualmente no existe a nivel nacional un organismo encargado de supervisar los derechos humanos de los usuarios en los hospitales psiquiátricos. Tampoco se ha establecido ninguna entidad intrahospitalaria para llevar a cabo esta tarea, y no se han implementado actividades de capacitación dirigidas al personal de los hospitales psiquiátricos en relación con los derechos humanos de los usuarios.

En este contexto, es imperativo que el gobierno tome medidas inmediatas para implementar políticas integrales en el ámbito de la salud mental. Es esencial fomentar la conciencia pública y reducir el estigma asociado a los trastornos mentales. De acuerdo con el Artículo 59 de la Constitución de la República de Honduras, que establece a la persona humana como el fin supremo de la sociedad y el Estado, y el Artículo 45, que reconoce el derecho a la protección de la salud y establece el deber de todos de preservar la salud personal y comunitaria, es necesario cumplir con esta responsabilidad. Además, la colaboración con organizaciones internacionales y la inversión en la capacitación de profesionales médicos son componentes esenciales para abordar eficazmente esta crisis.

Periodismo/UNAH VS

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