FLAGRANTE VIOLACIÓN A LA INVIOLABILIDAD INFANTIL

Elsa de Ramírez

Lo sucedido recientemente en los predios de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) en perjuicio de adultos, pero sobre todo a la niñez que ahí se educa, no tiene precedentes en la historia del salvajismo hondureño, pues se ensañaron en las criaturas inocentes que comienzan a crecer llenos de miedo, temor y pánico, pero, sobre todo, odio que es lo peor, contra las llamadas autoridades del orden público que han sido creadas con los tributos del pueblo para prevenir y proteger la vida y los intereses de los hondureños, no para humillarlos con ese atropello que no es más que crímenes de lesa humanidad.

Las niñas y los niños son las personas más vulnerables de nuestra sociedad, y es trabajo de todos garantizar sus derechos y el respeto a los mismos en todos los espacios de la sociedad; tanto en la calle como en la familia y sobre todo donde reciben el pan del saber. Cumpliendo con estas normas se garantiza el bienestar psicológico, emocional y jurídico.

La Constitución Política de 1982 en el Capítulo IV: De los derechos del niño, Artículo 119 expresa: “El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establecimientos oficiales destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia social…”

Los derechos son normas que fundamentalmente se deben hacer cumplir para garantizar el bienestar general de cualquier persona en cualquier sociedad o nación. En el caso de los niños sus derechos deben ser considerados con  mayor atención, pues al no tener capacidad para poder hacer cumplirlos ellos, son los padres o el Estado en sí quienes tienen que hacer que se cumplan.

El 20 de noviembre de 1959 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promulgó la Declaración Universal de los Derechos del niño y se instituyó una proclama solicitando a cada país y a cada ciudadano a hacer cumplir los derechos de los niños y niñas y de los adolescentes.

Este documento surge a partir de las arbitrariedades, terrores y vejaciones sufridas por los testigos de la I y II Guerra Mundial, donde además ellos fueron los más perjudicados por la misma guerra y todas las atrocidades que la rodearon.

Precisamente dado que los niños no tienen conocimiento ante como defenderse en situaciones adversas de la vida, deben tener garantizada su protección para que en el momento en que se violen algunas de estas condiciones, se pueda exigir un castigo a nivel penal.

El documento aprobado por la ONU recoge los 10 derechos del niño, los cuales tienen que estar asistidos y promulgados por las políticas de los diversos estados nacionales y por organismos mundiales que garanticen que los niños, niñas y adolescentes puedan tener derecho a: la vida, la alimentación, la educación, el agua, la salud, la identidad, la libertad de expresión, la protección (vivir en un entorno seguro, sin amenazas ni armas.)

Estos privilegios forman parte fundamental para el crecimiento y la construcción de una mejor sociedad en el futuro. La elaboración de estatutos, leyes y reformas tanto a nivel nacional como mundial, tiene el único propósito de garantizar que los más pequeños puedan disfrutar de normas que respondan para que crezcan en un ambiente seguro.

No obstante, son los padres o representantes los llamados a hacer cumplir estos derechos y es a través de ellos que se pueden hacer valer.

Hemos mencionado aquí los diez principales derechos del niño, pero son muchos más, los cuales debemos respetar y hacer que se respeten para que ellos disfruten de una infancia feliz.  

Por eso todos estamos obligados a conocer, cumplir y hacer que se cumplan los derechos de la infancia y trabajar para que no sean vulnerados como en el caso que nos ocupa, donde hubo flagrante violación a la inviolabilidad de criaturas inocentes que nada  tienen que ver con los desmadres de los protestantes y la brutalidad de los hombres de uniforme que han cometido este delito, lo cual no puede quedar impune, por más que los jefes superiores se conviertan en cómplices de sus subalternos que hacen y deshacen a su antojo, dañando una población inerme.

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