Un conductor de buses señala que una abogada, supuestamente ligada al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, sería la clave como fundadora de una empresa exclusiva para trasladar migrantes, lo confirmaron tres fuentes distintas del sector transporte, consultadas en diferentes días y en un contexto variado.
Ella sub contrata unidades del transporte y les cobra seis mil o siete mil dólares cada día, también tiene buses propios. Todos los pagos se hacen en efectivo sin dejar rastro. Solo ella puede hacer trámites de permiso para traslado de personas en transito por Honduras que entran por el oriente en la frontera con Nicaragua y recorren El Paraíso-Tatumbla-Copán (occidente), frontera con Guatemala.
RI tiene audios de periodistas de la zona sur que están amedrentados por funcionarios en medio del conflicto centrado en el negocio de migrantes. «No me voy a tirar a que me maten», dice una periodista.
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Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Eran 19 vidas llevadas dentro de un autobús no autorizado para trasladar migrantes por este país de América Central.
Esa noche cálida, a pocos kilómetros de la frontera con Nicaragua, cercana al Oceáno Pacífico — debajo del cielo que pareciera más estrellado cuando se le ve desde la orilla de una playa meridional— apareció alumbrada por las cámaras de televisión la delegada del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en el sur de Honduras, Elba Reyes.
La información que dio es que se trata de una red organizada para trasladar a mujeres y hombres que transitan sin documentos en busca de llegar a Estados Unidos. Cada una de las personas que ese 18 de julio era trasladada de manera irregular, había pagado más cinco mil lempiras para ser llevada por 600 kilómetros desde la aduana de Guasaule, en el sur, hasta llegar a noroccidente, a la zona fronteriza con Guatemala.
Les cobraron cuatro veces más el costo convencional de un viaje a la frontera entre Honduras y Guatemala. El decomiso hecho por la policía en el puesto de control de Pavana, Choluteca, es solo la «punta del iceberg». Esta es una industria que involucra a altos funcionarios del gobierno local de zonas fronterizas. La gente migrante es una industria en Honduras.
Todos parecen querer monopolizar esta nueva explotación. Hay una confabulación fríamente calculada desde mandos intermedios de la administración pública para hacer dinero y el sistema de transporte parece ser el corazón de este negocio.
La «multa por ingreso irregular al país» había generado “oportunidades de negocios”, basadas en la corrupción, mediante cobros ilegales y tráfico o falsificación. Cuando el nuevo gobierno de Honduras, que entró en 2022, otorgó una amnistía y dejó en suspenso la multa, el transporte se convirtió en la principal fuente de producción de dólares.
No es para menos, un reporte de Naciones Unidas señaló que en 2022 el número de migrantes se duplicó o triplicó «como consecuencia del flujo de personas de diferentes nacionalidades, entre los que destacan, Angola, Burkina Faso, Colombia, Cuba, Venezuela, entre otras».
La masiva ola migratoria ha consolidado un negocio con acusaciones contra funcionarios por pertenecer “a una red de tráfico de indocumentados” con cobros ilegales, abusivos y extorsivos.
Es un negocio que tiene confrontadas a las autoridades locales en las zonas fronterizas y a las empresas de transporte con las autoridades estatales del gobierno central del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT). Es un negocio con denuncias y contradenuncias.
Por una parte, empresarias y empresarios del transporte señalan a funcionarios del gobierno central de querer quedarse con los dólares; por el contrario, las autoridades argumentan que están desbaratando operaciones irregulares de empresas privadas con el fin de generar rutas seguras y evitar sobrecostos en dólares.
Del otro lado, en Guasaule, El Triunfo y en el resto de Choluteca el proceso tiene confrontados entre sí a funcionarios del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), de izquierda y, al mismo tiempo, una facción de funcionarios de Libre pelean con políticos del opositor Partido Nacional, de derecha.
El primer escenario de disputa está en Choluteca, al sur de Honduras. Este departamento también comparte frontera con Nicaragua, acá están las fronteras de Guasaule y El Espino. El municipio de El Triunfo en Choluteca es un territorio clave.
Al oriente de Honduras
Los otros puntos fronterizos con Nicaragua con inmigración masiva es el departamento de El Paraíso, en la zona oriental.
Relief Web, un servicio de información humanitaria proporcionado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), produjo a mediados de abril de 2022, el Informe misión de trabajo a los municipios de Trojes y Danlí, El Paraíso, para conocer la situación y necesidades de salud de los migrantes en tránsito por esos municipios.
Este informe cita: «Hay fuerte preocupaciones sobre abuso de parte de transportistas, policía y otros. Es importante darle seguimiento y tener más detalles para poder hacer incidencia con autoridades. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) estará apoyando con esto».
En respuesta a la presión, el gobierno creó un servicio de transporte seguro para trasladar de las zonas fronterizas, Las Manos y Trojes, a personas en transito que ingresan sin documentos legales. El sistema de transporte de Nicaragua trae a migrantes que transitaron por Sur América antes de llegar a Honduras.
Al llegar a Las Manos o Trojes son llevadas a Danlí, El Paraíso. Desde El Paraíso, una unidad autorizada las lleva por 90 kilómetros hacia Tatumbla, al este de Francisco Morazán.
En Tatumbla, otro sistema de buses les traslada por 426 kilómetros a Copán, en el occidente de Honduras. Solo las rutas autorizadas pueden trasladar migrantes «en transito irregular».
“Testaferros en Tatumbla”
El defensor de derechos humanos, Alex Rivera Mejía, dueño de una unidad de transporte, con su organización, estuvo hace unos días apoyando a los migrantes, pero el Instituto Hondureño de Transporte Terrrestre (IHTT) —dice— les quitó los permisos legales.
De acuerdo con su denuncia, mediante prestanombres o testaferros funcionarios del gobierno central crearon una empresa para el traslado de migrantes. Las empresas están inscritas con el nombre de otras personas. Estas compañías controladas por funcionarios dejan al margen a otros empresarios de la ruta del transporte seguro.
“Queremos responsabilizar directamente a la gente de transporte del inspector Leonel Rojas, que él es que está más empapado sobre este tema; al comisionado Rafael Barahona porque esta gente lo han tomado —como le explico— ellos, son ahora, ellos son dueños de unidades de transporte. No están a nombre de ellos porque tampoco se van a venir ‘a dar color’ (a evidenciar), pero sí sabemos que ellos tienen transporte, que son propios de ellos y están agarrándose dinero y parando una concesionaria que están legalmente constituida”.
Segun el denunciante, la ruta concesionaria entre varios socios y Ever Reyes actualmente la tienen parada hace más de dos meses. «Ellos (Ever y su concesionaria) tienen su documentación al día; ellos (funcionarios y funcionarias del IHTT) están confabulados con esta señora en Tatumbla en la empresa de transporte Uniendo Fronteras, el día de hoy no están constituidas y esta gente del transporte están abusando del derecho del migrante; están obligando a bajar al migrante para que ellos puedan pagar otra parte de dinero y esta gente los están obligando a abordar otra unidad de transporte».
Rivera Mejía sostiene que los funcionarios del IHTT crearon una empresa de transporte con la gente de Tatumbla. «Han hecho una empresa de transporte Uniendo Fronteras y están extorsionando a los migrantes”. El transportista Ever Reyes tiene parada su operación hace más de dos meses, aunque “ellos tienen su documentación al día”.
“No estamos operando formalmente para poder apoyar a los migrantes que andan pidiendo en las calles, que están en los semáforos. También tenemos bastante apoyo de la gente de la concesionaria de la zona oriente de fronterizos y también los tienen detenidos porque hay una gran corrupción por medio de transporte».
Esta denuncia fue interpuesta en el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
El ‘business’ en Guasaule
A 185 kilómetros al sur de Tegucigalpa, la capital hondureña, en la frontera con Nicaragua, el origen de una de las disputas por el dinero es un centro de atención para personas migrantes. Está ubicado contiguo a la Aduana de Guasaule. Es propiedad de Alex Ventura, ex Alcalde del Partido Nacional en el municipio de El Triunfo, en el departamento de Choluteca.
Ventura tiene un permiso otorgado por autoridades del IHTT que le permite transportar migrantes hasta Agua Caliente, frontera con Guatemala, según el Oficio AG-094-2023. El ex alcalde ha puesto su propiedad para captación, acogida y traslado de migrantes bajo el argumento de que ellos deben descansar, hacer sus necesidades fisiológicas y bañarse.
Un oficio del Administrador de la Aduana de Guasaule, Marlon Varela, cuestiona el permiso de transporte dado a Ventura. Señala que hay una red de tráfico de indocumentados. En el Oficio AG-094-2023, le describe el hecho a Ilse Villatoro, gobernadora departamental, ambos son del Partido Libre. La gobernadora confirmó la autenticidad de este documento.
En unas declaraciones dadas a la prensa local, la gobernadora señala que se ha reunido con Cristian Castillo, actual alcalde del Partido Liberal del municipio de El Triunfo, Choluteca. De tal forma que es evidente que hay dos bandos en disputa.
“Bandas con funcionarios locales”
Todo lo anterior, llevó al Inspector General del IHTT, Leonel Rojas, a una contraofensiva y a denunciar que existen “bandas integradas por funcionarios locales” que se dedican al transporte ilegal de migrantes haciendo cobros sobrevalorados y en dólares. Se preguntó que si tienen interés en el tema que ¿Por qué no legalizan las empresas de transporte de migrantes? Anunció que hará las denuncias en el Ministerio Público.
Él da por hecho: tienen un aparente negocio de transporte de migrantes y él mismo llegó a la conclusión que no se legalizan porque quizás no van a poder seguir cobrando de manera desproporcionada por este servicio y porque el Estado ahora exige unidades que generen comodidad ya que son largas horas de viaje.
Como consecuencia, el Inspector General del IHTT, Leonel Rojas, y el delegado regional del IHTT, Jairo López, están confrontados.
Se está regulando el transporte seguro de migrantes
@reporterosdeinv Rafael Barahona, comisionado prsidente del IHTT, sobre conflicto en Choluteca. #Honduras #Migración #MercadoHumano ♬ sonido original – www.reporterosdeinvestigacion.
Al respecto, el comisionado Presidente del IHTT, Rafael Barahona, declaró a través del canal Televida de Choluteca, que Leonel Rojas es superior a cualquier delegado regional. Advirtió que no seguirán tolerando faltas de respeto ni de funcionarios de otras instituciones ni de subalternos.
Este es un tema de derechos humanos por disposición de la presidencia de la república. La intención –dijo Barahona– es un traslado seguro sin lacerar su economía ni teniendo que llevarlos por puntos ciegos; sin que las personas sean llevadas por lugares peligrosos, sin saber en qué unidades de transporte se están trasladando. Esas situaciones irregulares son las que han estado pasando en el departamento de Choluteca.
Para el comisionado Presidente del IHTT, dieron permisos a concesionarios que trasladaran de manera segura a migrantes con el fin de evitar que transportistas sin regulación sigan cobrando 300 y 500 dólares estafandoles por llevarlos de Choluteca a la capital de Honduras, Tegucigalpa.
“Qué tiene que ver digo, yo, un administrador de Aduanas en el tema de transporte; qué tiene que ver la gobernadora en el tema del transporte, por qué se están involucrando en actividades que sencillamente no les compete”, preguntó el funcionario.
Barahona anunció que hablaría con el Director de Migración y de Aduanas porque las autoridades locales no son representantes legales y no están facultados para emitir comunicados. Además, Barahona pidió averiguar a estos funcionarios locales por las acciones que están llevando a cabo.
El titular de Migración a nivel local, Saúl Carranza, aseguró que el Instituto Nacional de Migración (INM) se ha mantenido al margen del conflicto porque el director del INM, Allan Alvarenga, le prohibió participar de reuniones con los involucrados.
«La zona sur será regulada como se está regulando el corredor de oriente y se regulará que no se le cobre de manera excesiva a los migrantes. En cuanto al delegado regional del IHTT, Jairo López, la opinión del Comisionado Presidente del IHTT es que López no interactúa de manera adecuada con la Secretaría de Seguridad y con personas de otras instituciones.
“Vamos a aplicar todos los reglamentos que corresponden en materia de personal porque no podemos seguir permitiendo ninguna falta de respeto de ningún funcionario hacia otro del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre”, dijo en alusión a la confrontación que López mantiene con su superior jerárquico, el inspector de transporte.
«El delegado nuestro del IHTT ha cometido varias faltas administrativas que también van a ser sancionadas conforme lo establecen los reglamentos del IHTT», declaró el funcionario a TN5.
Barahona respondió que su compañero Jairo López que no ha estado conforme con la labor misma que él está haciendo allá y no ha tenido buena interacción con otras instituciones del Estado. «Entonces sacaron un comunicado ahí extraño entre tres funcionarios que no tenían la facultad para hacerlo», señaló Barahona.
“Hemos puesto orden”
“Hemos puesto orden y es lo que no les gusta”
Jairo López es periodista, fue en el gobierno pasado perseguido por sus denuncias contra la corrupción y por organizar protestas, ahora dice que un lado oscuro del transporte y del bipartidismo se ha confabulado contra él porque ha puesto orden y eso es lo que no les gusta.
Se solicitó una entrevista con López para dar el espacio que dé sus argumentos. Al cierre de edición, se seguía esperando que pueda dar a conocer su versión de los hechos. Como respuesta a las preguntas periodísticas del equipo, el servidor público accedió y dijo que venía reuniones a Tegucigalpa, pero luego no respondió.
En los medios locales del sur de Honduras, López ha dicho que si la gente tiene pruebas de corrupción que vayan al Ministerio Público a denunciarlo o que le reclamen a la presidenta.
“Hemos puesto orden y es lo que no les gusta”. Señaló ante estos medios que quienes le denuncian son “charlatanes” y sinvergüenzas que quieren mantener un monopolio y asegura que hay un lado oscuro del transporte que lo quiere afectar.
Como descargo ante las denuncias de diversas fuentes, López envío un vídeo que al intentar subirlo a las redes sociales muestra infracciones del copyright por el uso no autorizado de la música. Por eso no se pudo difundir.
Este vídeo tiene declaraciones de Wilson Herrera, ex director de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi luego llamada Insep y ahora, SIT) en Choluteca por el Partido Nacional; María Salgado, Secretaria Ejecutiva del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (Fonamih) y de Ventura.
La línea argumental del vídeo cuestiona que el módelo de transporte seguro, implementado en el oriente, muestra que aunque hay tarifas de 10 dólares se le sigue cobrando lo que no es y que el mismo IHTT baja a las personas en Tatumbla y les obligan a tomar otro bus de Tatumba hacia la frontera con occidente y ni siquiera lo llevan hasta la frontera, según Salgado. Se le cobra a cada migrante hasta 50 dólares para llegar a la frontera de Agua Caliente. Es decir cada migrante paga 1200 lempiras por recorrer los 426 kilómetros desde Tatumbla hasta Copán, zona fronteriza.
En cambio, de Tegucigalpa a la zona fronteriza hay 422 kilómetros, a un costo en bus ejecutivo de la ruta interurbana normal de 840 lempiras y 1018 si se trata de un mejor servicio.
Pero estos buses tienen prohibido trasladar personas que transitan sin los documentos legales con que deben ingresar a Honduras.
En el video, enviado por López, además aparece un venezolano denunciando que una persona sin carné que trabaja en el IHTT le están cobrando un pasaje adicional porque pagaron hacia una terminal y los dejan en una gasolinera.
En este vídeo, Alex Ventura, ex director de INSEP, con el Partido Nacional y ex alcalde de El Triunfo, dice tener un permiso para llevar personas de Guasaule a Choluteca (45 kilómetros de distancia), se lo dieron por primera vez por un mes y señala que quien firmó esos permisos fue Barahona.
Pero la carta que el administrador de la Aduana de Guasaule envía a la gobernadora asegura que el permiso de Ventura es para trasladar personas desde Guasaule hasta la frontera con Guatemala (a unos 600 kilómetros de distancia).
Agresiones a la prensa en medio del conflicto
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) emitió la Alerta 055-2023 en la que advirtió a nivel internacional que el gremio de periodistas del Sur de Honduras fue amenazado por el delegado regional del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Jairo López, “quien en las últimas horas es señalado como parte de una red de trata de personas en el departamento de Choluteca”.
«Si me toca llevarme de encuentro a unos cuantos periodistas me los llevo, me los llevo de encuentro también”, expresó este funcionario ante diversos periodistas y comunicadores sociales de la zona Sur quienes le consultaron sobre el señalamiento que le hacen las mismas autoridades del IHTT en Tegucigalpa, según trascendió en un noticiero de cobertura nacional», dice la alerta de C-Libre. En medio del conflicto, las personas con denuncias y contradenuncias amenazan con usar los delitos contra el honor ante los señalamientos de supuesta colusión que van y vienen.
Los síntomas
Es en todo este contexto descrito que las consecuencias de las irregularidades en el sector transporte se evidencian con decomisos. El 17 de julio pasado, la Policía Nacional decomisó un bus en el departamento de Copán, en la zona fronteriza con Guatemala. La unidad transportaba a 18 migrantes provenientes del punto fronterizo de Guasaule, en la frontera con Nicaragua.
Está unidad de transporte recorrió del sur del territorio al occidente de Honduras con un documento que tiene irregularidades en el uso de la firma de Rafael Barahona, de acuerdo con el testimonio de Leonel Rojas, Inspector General del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre.
La firma del Comisionado Presidente del IHTT, Rafael Barahona, para transportar migrantes la hace en físico y el jefe regional del IHTT, Jairo López, extendió la firma digital del comisionado presidente, por eso el código QR no funcionó. El conductor de la unidad — dijo Rojas — aseguró que fue Jairo López quien otorgó el permiso. Se han estado otorgando permisos para trasladar veraneantes y con estas autorizaciones han llevado migrantes como si se tratara de un documento que legaliza el transporte de extranjeros, de acuerdo con la descripción de Rojas.
El 18 de julio en Pavana, Elba Reyes de la regional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en Choluteca, denunció que decomisaron una unidad de transporte sin el permiso correspondiente, con 19 migrantes provenientes de Guasaule, las personas habían pagado hasta 260 dólares (Más de cinco mil lempiras).
Es una red organizada para trasladarlos de un bus a otro con sobrecostos, las autoridades deben investigar para detener el flagelo de la delincuencia para la trata de personas, declaró Reyes. A raíz de esto, la oficina del Conadeh inició una investigación de oficio tras las denuncias de violaciones a migrantes en la zona sur y pide a las autoridades esclarecer los hechos.
Injerencia de diputados en el Poder Ejecutivo
Isaac Fúnez era tramitador privado en la Aduana de Guasaule, pero el administrador de la Aduana, Marlon Varela, le dijo que ya no podía trabajar alrededor de la oficina. El motivo esto fue la disputa política entre Fúnez y Varela.
Fúnez tuvo represalias porque no quiso apoyar las aspiraciones prematuras de Varela para ser candidato a alcalde de El Triunfo.
El diputado de Libre, Mauricio Rivera, quiso hacer una reunion pública, como una especie de asamblea, para nombrar al titular de la Aduana de El Guasaule, pero a Funez y a los demás activistas de Libre no les pareció una buena idea ya que, a su juicio, eso le competía solo al partido en el poder y no a todo el publico. Al final quien influyó para imponer a Varela en ese puesto fue el diputado de Libre, Luis Ortega.
Fúnez denunció que Jairo López y Varela antes no eran amigos, pero cuando empezaron a pasar buses repletos con migrantes que venían desde Nicaragua entonces resolvieron sus diferencias y se alababan públicamente.
“Luego vemos a Jairo en la Aduana, con un grupo del IHTT pidiendo a los dueños de los buses los permisos para el traslado de migrantes. Entre Aduanas y el IHTT podría haber algo de compadre hablado porque cuando llegaba un bus desde Nicaragua, a los 40 minutos, ya estaban los del IHTT pidiendo los permisos de operación y ellos se preguntaban ¿será que Marlon (Varela) le pasa información a Jairo? Las personas hacían su trámite migratorio, pero no se podían movilizar porque estaban esperando a Jairo. Prácticamente (los migrantes) estaban como retenidos hasta que llegaban las autoridades de Transporte a otorgarles el permiso”.
Entre octubre, noviembre y diciembre estuvo pasando una gran cantidad de buses nicaragüenses con Migrantes, dijo Fúnez.
Reporteros de Investigación tiene audios de supuestos pagos hechos por transportistas, en la aduana. “De lo que sí tengo conocimiento y ha circulado en un audio es que estas personas le pagaban 20 dólares por unidad a la Aduana para el aseo”. Estos 20 dólares entran sin control, dijo Fúnez.
Cuando los transportistas no pagan estos 20 dólares deben pagar una multa. Hace poco decían que estaban cobrando hasta 200 dólares de multa.
Se solicitó una entrevista a Varela para que dé sus puntos de vistas y dos periodistas de RI fueron agredidos al intentar darle espacio. Al cierre de edición, sigue abierta la oportunidad para que dé su versión de los hechos y se está solicitando una entrevista al titular de la Dirección de Aduanas, Fausto Cálix. Más información sobre la situación de cobros en Gausaule será revelada en la segunda entrega de esta investigación periodística.
Funcionarios-transportistas
RI obtuvo tres bases de datos distintas para buscar el nombre de dueños de autobuses en Choluteca. Se descubrió que hay funcionarios con un evidente conflicto de interés pues les toca legislar para reordenar el tema de transporte y al ser servidores públicos también son empresarios del transporte en la misma ruta migratoria.
La política de Partido Nacional Adelinda Pavón aparece como dueña de seis unidades de Transportes San Benito que prestan su servicio entre Tegucigalpa, Choluteca y Orocuina; Rubén Vicente Ortíz, regidor de Marcovia Choluteca por el Partido Libertad y Refundación aparece como parte de la empresa Transportes Ortíz que recorre Choluteca y Cedeño.
Ademas, la alcaldesa del Partido Nacional del municipio de Concepción de María, Vilma Yamileth Ordóñez Corrales, aparece con cinco unidades a nombre de Transporte Ordóñez que recorren la ruta de Concepción de María en El Triunfo, Choluteca.
Funcionarios enjuiciados
Lo sensible de este tema es que hay funcionarios bajo investigación por tráfico de personas. De 2020 a 2022, cinco funcionarios públicos fueron enjuiciados. Un policía de investigación criminal fue acusado criminalmente el 11 de octubre de 2021 y recibió una carta de libertad provisional.
Entre 2017 y 2022 hubo más de 61 personas procesadas por tráfico de personas y por otros ilícitos relacionados. La mayor cantidad de causas se anotó en occidente. Mas no hubo registro del número de sentencias en el mismo periodo, refleja la respuesta a la solicitud de Información SOL-SSSS-1835-2024.
Ayuda humanitaria
En Choluteca está el Centro de Atención a Migrantes monseñor Guido Charbonneau. Un espacio fundado el primero de junio del año pasado, el 70 a 80 por ciento de extranjeros que atienden son venezolanos, según sus reportes.
En este albergue también atienden a venezolanos que están regresándose y están pidiendo el retorno voluntario; también atiende a personas hondureñas que están en construcción de alguna prótesis que por el viaje tuvieron algún problema y perdieron un miembro. Este centro les permite estar aproximadamente unos 10 días en el lugar sin ningún problema para poder brindarle las atenciones psicológicas, asesoría legal básica. Y en el caso que requieran protección, se buscan las organizaciones internacionales para brindar esta ayuda. También las organizaciones están trabajando, pues, son varias entre ellas el Consejo Noruego para Refugiados, ACNUR, Cruz Roja Internacional y Cruz Roja Hondureña.
178,000 migrantes en transito
Entre enero y el 15 de diciembre del 2022 , más de 178,300 migrantes transitaron por Honduras en medio de abusos y violaciones a sus derechos humanos.
