Por Rafael Delgado Elvir
Economista. Catedrático universitario

En estos últimos días han sido publicados dos estudios que califican las políticas públicas en Honduras. Me refiero al reporte Doing Business del Banco Mundial, que se enfoca en evaluar las políticas que ofrecen los países para la creación de empresas y la evaluación de la Corporación para la Cuenta del Milenio que amplía para enfocarse tanto en el marco económico, en el jurídico y en el de inversión social del país. El primero se ha convertido en un instrumento que sirve para orientar a los inversionistas en sus decisiones y el segundo define la cantidad de los recursos de cooperación que se destinarán para el país. Ambos evalúan las leyes y las instituciones públicas poniendo al descubierto un gobierno que no ha logrado alinearse a los requerimientos que ambos organismos internacionales consideran necesarios, para encarar el desarrollo.

Para nadie viene a ser esto una sorpresa. Pese a todo lo que las autoridades pueden afirmar sobre su vocación a favor de los emprendedores y lo que el COHEP pueda argumentar, los obstáculos para la creación de negocios y de empleos siguen siendo abundantes. Según Doing Business el gobierno sigue obteniendo calificaciones sumamente bajas en los trámites para los permisos de construcción, para conectarse al servicio de energía eléctrica, para registrar la propiedad, en los mecanismos para proteger a los inversionistas minoritarios, en el tiempo y costo para pagar impuestos, exportar, hacer respetar los contratos y resolución de insolvencias.
Por otro lado, la Cuenta del Milenio presenta un panorama aterrador en los indicadores que caracterizan la impartición de justicia y el respeto a la ley. Nuevamente los resultados no sorprenden a nadie. En el combate a la corrupción el gobierno obtiene pésimas calificaciones, al igual que en la efectividad de sus políticas, la libertad de información y el imperio de la ley. En dos de los indicadores de inversión social la administración nacionalista obtiene bajas calificaciones. Y en cuanto a la libertad económica, el acceso a la tierra y el inicio de emprendimientos resultan áreas de poca atención por parte de las políticas públicas. Solamente en la política fiscal, monetaria, comercial, de género y de acceso al crédito se obtienen calificaciones satisfactorias, situaciones que realmente son polémicas y que dejan espacio para argumentar en contra.

Lo preocupante de la situación que diagnostican los dos reportes, es que todos esos indicadores definen en gran medida entre progreso y atraso. Por eso, estamos rezagados a nivel mundial. Y a nivel centroamericano las brechas se hacen cada vez más amplias. Ya es evidente la distancia en desarrollo existente entre países como Costa Rica y Panamá con el resto de la región. Pese a todas las dificultades que también pasan esos países, han logrado enfrentar los problemas de manera efectiva, permitiendo el desarrollo del potencial de su gente y sus recursos. Mientras tanto Honduras y sus países vecinos se hunden.

Como lo decía José Cecilio del Valle en 1829, “no es una hipérbole nacida del amor al país natal. Es una verdad de hecho, patente a todos los ojos. Son inmensas en Centro América las ventajas físicas de su figura, de su posición, de su suelo y de todos los seres físicos que la pueblan”. 190 años después de Valle podemos seguir afirmando que las condiciones de Honduras son más que suficientes para distinguirnos a nivel regional y continental. Su población, en su gran mayoría joven, representa un diamante todavía sin pulir. Su ubicación geográfica en el centro del continente es una ventaja cada día más evidente, aprovechada al máximo solamente por el narcotráfico. Sus recursos naturales representan un potencial que explotado con criterios sostenibles puede abrirnos caminos hacia el progreso. Pero como decía Valle, es necesario un gobierno, realmente digno de ese título, para dar iguales o mayores pasos en el desarrollo que los operados por otros países menos dotados de tanta riqueza natural. Todo indica que eso sigue faltando.

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