El proceso de la Junta Nominadora ha avanzado hasta su etapa final, ha recorrido un largo camino que culminará con la entrega de la lista de candidatos al Congreso Nacional, para que finalmente sean electos las y los 15 magistrados /as que determinarán y conducirán la administración de justicia durante los próximos años.

Ciertamente, la elección de esta nueva Corte Suprema es un hecho trascendental para un país que va saliendo de 12 años de una narco dictadura a un gobierno que ganó el proceso electoral enarbolando la bandera popular, un nuevo gobierno que carga un fuerte cuestionamiento en torno a la elección de la junta directiva del Congreso Nacional, y que hoy, a las puertas de la elección de las y los magistrados de la Corte es ineludible pensar que pasará por un pacto entre partidos políticos.

Por eso, nuestra pregunta es válida: será un pacto por la Justicia, o será un pacto para perpetuar la Impunidad.

Desde distintos territorios y organizaciones del movimiento social, hemos seguido todo el proceso que ha impulsado la Junta Nominadora. Hemos señalado sus aciertos y desaciertos, hemos cuestionado e instado para que su papel sea distinto a los anteriores esfuerzos, que han culminado en una fachada para intentar transparentar y democratizar la elección de este poder del Estado, para qué, finalmente, quedara en manos de intereses políticos y económicos corruptos.

Existe una deuda de las anteriores juntas nominadoras y del Congreso Nacional, porque siempre seleccionaron y nombraron en la Corte Suprema de Justicia a Magistrados y Magistradas promotores y sostenedores de la impunidad de las élites económicas y políticas del país, cada fallo de esas cortes fue y es una constatación de lo anterior.

En este contexto, reafirmando nuestra responsabilidad como sujetos políticos afectados por el actual sistema de justicia y determinados a seguir reivindicando nuestro derecho a la justicia y a un Poder Judicial al servicio del pueblo, planteamos:

1. A la junta nominadora, que, en esta última fase, hemos denunciado a varios postulantes, algunos han sido excluidos del proceso y otros continúan en el mismo y pasarán a formar parte de la lista definitiva al Congreso Nacional, sobre estos últimos, les instamos a que las consideraciones y cuestionamientos expresados en las denuncias y tachas interpuestas, se reflejen en la evaluación de acuerdo con la matriz

y al momento de brindar la lista al Congreso Nacional. Que estas personas cuestionadas por estar ligadas a estructuras corruptas y criminales no pueden avanzar impunemente como idóneas para ostentar la más alta magistratura del poder judicial y deben ser excluidas tajantemente como afirmación del derecho del pueblo a magistrados y magistradas con la más alta catadura ética y moral.

2. A los partidos políticos, que el esfuerzo y el papel hecho por la junta nominadora no se desperdicie con negociaciones corruptas entre partidos. Que para la elección de las y los magistrados, no se repita la vergonzosa e indignante historia de las elecciones pasadas, en la que ha prevalecido la compra de votos y pactos de impunidad en favor de determinados sectores. Al partido Libre, como partido de gobierno, rechace las palabras y actuar de su jefe de bancada, sobre el hecho de “tener los magistrados para el partido LIBRE”, la Corte Suprema le pertenece al pueblo hondureño, las y los magistrados se elegirán para que impartan justicia a toda la población para lograr transformar la realidad del país, devolver justicia social y lograr la refundación, la cual se conseguirá de la mano del pueblo hondureño y no a través de sectores criminales y corruptos. Entendemos y estamos claros, que existirá un pacto, pero que este sea para el pueblo y no para los corruptos. Honduras necesita urgentemente un pacto por la Justicia y la Dignidad, que aborte para siempre los normalizados pactos de impunidad que favoreció a la élite corrupta y violenta del país.

3. A los futuros magistrados y magistradas que serán electas, les ratificamos que

estaremos siempre atentos para recordarles que hay un pueblo que lucha por las causas justas y que les reclamará justicia sobre aquellos actores que han cometido los más horribles crímenes en contra de la población hondureña. Que aborde con perspectiva y estricta observancia de los derechos humanos todos aquellos casos que han quedado en impunidad en contra de liderazgos sociales y en contra de liderazgos que han sido injustamente criminalizados. Cualquier pacto o acuerdo político, implícito o explícito, para generar impunidad que haya precedido a su nombramiento, deben romperlo en cada uno de sus fallos y en todo acto de direccionamiento administrativo y político del poder judicial; ustedes tienen el impostergable deber iniciar el adecentamiento y refundación del sistema judicial, poniéndolo al servicio del pueblo hondureño para siempre.

4. A la sociedad hondureña, a mantenernos alertas y movilizados para exigir de esta nueva Corte Suprema de Justicia, que cumpla con su mandato constitucional y legal en beneficio de toda la población. Que respete los derechos humanos y desde su competencia, combata la corrupción pública para asegurar una verdadera transformación de la institucionalidad pública y la sociedad. Que deje a un lado su posición cómoda para con el gobierno y comience a ser oposición en favor de los intereses generales de la población y no de partido, que no exista más una sociedad civil plegada al gobierno de turno sin independencia ni autonomía. Como organizaciones del movimiento social, sabemos cuál es nuestra Corte Suprema ideal, sabemos que es lo que no queremos y debemos defender ese ideal.

Reafirmamos que la justicia y el Poder Judicial también es nuestro tema, no por ser expertos, sino por ser los principales destinatarios de las nefastas ejecutorias de las Cortes Supremas del golpismo y de la narco dictadura. Estaremos atentos y de cerca a todo el proceso que tenga que ver con la elección de autoridades que impacten directamente sobre nuestros

territorios, la Corte Suprema de Justicia y la elección de la Fiscalía General son clave para alcanzar el proyecto transformador de nuestras comunidades y del país en general.

No permitiremos que nos roben el anhelo de justicia que hemos esperado y por el que hemos luchado desde hace muchos años. La esperanza será nuestra bandera para esta nueva elección y es una oportunidad para los y las diputadas para no hacer lo mismo de siempre, para que los pilares democráticos básicos, por primera vez, sean respetados. Son tiempos de transformación, de pactos para el pueblo, de fundar otra institucionalidad, es tiempo para los movimientos sociales.

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