Por Rafael Delgado Elvir
Economista. Catedrático universitario

Desde hace muchos años se sabe con muchos detalles sobre el poder del narcotráfico en el país. Es de conocimiento general los capitales privados que han surgido o se han fortalecido de un día a otro manifestándose con descaro en empresas de fachada y derroche de consumo. No ha escapado tampoco de la vista pública los éxitos electorales construidos con caras campañas publicitarias y apoyados con una impresionante estructura organizativa a la que no le hace falta ningún tipo de recursos, ya que cuenta con el financiamiento ilegal. Esto ha venido ocurriendo y repitiéndose con normalidad, sin que el país haya podido reaccionar más que con los comentarios mordaces de la gente. Pese a los evidentes peligros que significa hundirse en el fango del narcotráfico, no ha habido respuesta efectiva, ya que amplios espacios de la política, la justicia, la policía, los militares y los negocios fueron controlados.

Los que por voluntad propia entraron directamente o indirectamente en el negocio sucio del tráfico de drogas no tienen justificación, mucho menos el perdón de la gente, ya que este negocio ha demostrado tener una capacidad destructiva y con el potencial de desbaratar cualquier país. El supuesto beneficio que trae el negocio, es solamente para un par de personas por un par de años, ya que la bonanza y la ostentación terminan pronto. Las ciudades y regiones caen bajo los efectos de la violencia, resultando las muertes de miles de personas, uno de los efectos más evidentes. Allí no hay estado de derecho ni ley más que la del capo y sus aliados, que se reparten el mercado a su antojo en perjuicio de todos los demás. Allí no pueden existir emprendimientos innovadores ni prósperos más que el de la banda de delincuentes. Es al fin de cuentas dinero que escurre la sangre y el dolor de miles de hondureños lo que se embolsan los que participan del narcotráfico y del lavado.

Tampoco tienen perdón y acarrean una gran dosis de culpa todos aquellos que desde las instituciones públicas han callado. El Poder Judicial se destaca como una de las instituciones para quien el respeto le está denegado. En medio de este fenómeno, su participación para hacer cumplir la ley ha sido nula por decisión propia. Su magistrado presidente, Rolando Argueta transmite incapacidad proverbial y un desenfoque olímpico con la realidad. Por otro lado, el Congreso Nacional, la conciencia beligerante de una nación, se encuentra sumida en la vulgaridad, en las componendas abusivas contra el pueblo. Su presidente, Mauricio Oliva, sin ninguna muestra evidente de vocación democrática, cumple hasta ahora el papel de lacayo que debe mantener el orden en la pandilla hasta ahora obediente, pero que solamente obedece a sus propios instintos de sobrevivencia.

Ahora, después de las reiteradas acusaciones que se han presentado en los tribunales norteamericanos que apuntan a los últimos presidentes de Honduras, incluyendo a JOH, se nos presenta otro valioso momento de unir al país contra la corrupción y por la democracia. La salida de JOH del poder es lo mínimo que debe ocurrir para redirigir al país por un mejor destino, rompiendo así con el pasado sucio del fraude electoral, el narcotráfico, la corrupción y la violación de la Constitución. Se debe emprender el camino de un gobierno de transición que esté en manos de hondureños sin ningún compromiso con el pasado oscuro, con capacidad para derrotar la pobreza y la corrupción. Es un momento propicio para llamar a todas las fuerzas sociales del país a la formulación de un programa nacional que relance las principales reformas que hace mucho merece el país. De lo contrario seguiremos rodando hacia abajo.

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