Por Rafael Delgado Elvir
Economista. Catedrático universitario
Hace casi un año tuve la oportunidad de visitar en Suiza, la institución de ese país que vela por el buen uso de los recursos de los ciudadanos. Algo así como lo que aquí llamamos Tribunal Superior de Cuentas. Fuimos un grupo numeroso de profesionales de diferentes partes del mundo que asistíamos a un curso en la ciudad de Berna, capital de ese país. Un edifi cio sobrio sin nada relevante en su infraestructura, ni en su mobiliario alberga a la institución que le revisa las cuentas a los funcionarios públicos.
Fuimos atendidos por una alta funcionaria que inició su charla indicando que en Suiza, como en cualquier país, existe la corrupción en la política y en los negocios. Pero a continuación, informó que contrario a muchos países del mundo, la corrupción en Suiza se investiga, se judicializa y se castiga. ¡Enorme diferencia!
Algo como eso necesitamos en nuestro país que padece penurias porque un buen porcentaje del presupuesto general de la república se lo traga la corrupción y el despilfarro del país. Para una muestra, según el Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina en tiempos normales la burocracia estatal paga en promedio un 25% de sobreprecio en cualquier cosa compra: desde una resma de papel hasta una planta hidroeléctrica. Dicha cifra se queda corta en Honduras con las informaciones que regularmente trascienden y que indican pagos de sobreprecios, incluso más allá del 100%. Véanse para eso los escándalos en “tiempos normales” en el área de la salud o en energía, para llevarse una idea. Si eso es así, ¿Qué estará ocurriendo en tiempos de emergencia? Si se analiza detenidamente lo que ha venido ocurriendo alrededor de esto, nos daremos cuenta que no simples conspiraciones aisladas de uno u otro funcionario; no se trata del demente que aislado ejecuta su crimen contra el pueblo. Al fi nal se trata de un sistema profundamente instaurado en toda la estructura gubernamental; que
funciona bajo la inspiración y responsabilidad del círculo del poder político y económico. Todo el aparato funcionando en cadena, unos cubriendo a otros en un fatal juego donde son miles de millones de lempiras que se pierden. Si en el presupuesto del año 2018 se gastaron 45 mil millones en compras de bienes y servicios, además de 30 mil millones en inversiones, tenga por seguro que de esos 75 mil millones de lempiras pagados al menos la mitad es un sobreprecio injustifi cado.
En estos tiempos de emergencia, Rocío Tábora podrá intentar excusarse diciendo que ella solamente entrega el dinero; Omar Rivera podrá esconderse con el argumento que no puede estar en todos los sitios al mismo tiempo; INVEST-H dirá que esos son los precios a los que le cotizan sus proveedores; Juan Carlos Sikaffy seguirá tapando el sol con un dedo y JOH saldrá informando que está listo para castigar a los picaritos. Todo al fi nal son escaramuzas inútiles de un aparato de aliados sin capacidad mucho menos voluntad; tratando de esconder con respuestas sin sentido vicios que ellos mismos han alentado en los últimos años. Ahora que nos ha caído está pandemia es cuando vemos atrás y nos damos cuenta del sentido que han tenido las políticas divorciadas de las necesidades de la gente, con un Tribunal de Cuentas inútil, una Fiscalía neutralizada y una Corte Suprema de Justicia que da vergüenza. Ahora es cuando salen a relucir cosas grotescas, gastos multimillonarios del recién pasado, representativas de la incompetencia de los que dirigen el país, como la compra de un avión para los viajes del círculo del poder, la compra de un barco de guerra, la construcción de un complejo de edifi cios para la burocracia de Tegucigalpa. Fueron valiosos recursos que para la lógica del poder no debieron ser invertidos ni en salud ni en educación que ahora como ayer necesita Honduras.
