Por Rafael Delgado Elvir
Economista. Catedrático universitario

Vivimos en un país con una institucionalidad pública retorcida; formadas sus principales autoridades para responder a los intereses del círculo de poder gobernante y no para servir al ciudadano. Lo digo por todo lo que ha estado sucediendo en Honduras desde hace muchos años respecto a la corrupción y el narcotráfico; siendo lo anterior noticia diaria por las vías formales e informales, sin que haya ocurrido sustancial y efectivo para pararlo o al menos castigarlo. Las denuncias no pasaron de eso y las autoridades hondureñas encargadas de darle seguimiento a tantos hechos en abierto conflicto con la legalidad se llamaron simplemente al silencio y a encubrir lo que ocurría. En especial, los últimos gobiernos dirigidos por “Pepe” Lobo y JOH rompieron todos los niveles anteriormente alcanzados. Fallaron y le incumplieron al país. Finalmente ante alguna coyuntura favorable desconocida para nosotros, que se dio en EUA, se tomaron algunas medidas allá para poner en evidencia en un tribunal de ese país los involucrados en tanta ilegalidad en Honduras.

Es absurdo, pero cierto. En nuestro país, las más altas autoridades públicas entraron en una asquerosa alianza con el narcotráfico que los ha catapultado y los ha mantenido en el poder. Esto ya no son leyendas, ni historias inventadas. La punta de la madeja ya empezó a halarse y van apareciendo nombres de los que protegieron y recibieron dinero del narcotráfico, ocasionando incalculables daños a la economía y a la institucionalidad del país. Sobre presidentes, diputados, policías, jueces, fiscales y empresarios, es decir los supuestos líderes del país, pesan acusaciones que incitaron y promovieron ese violento negocio.

Ante las revelaciones en el tribunal de Nueva York de los antiguos aliados en el narcotráfico hay todavía algunos, sobre todo dentro de las filas del Partido Nacional y concretamente del círculo de JOH, que intentan minimizarlas, tergiversando las consecuencias formales que esto tiene para el acusado. Pero es un hecho que las acusaciones que se han lanzado contra “Tony” Hernández son muy graves exponiéndolo como un operante de la corrupción y al servicio de los carteles de la droga. Pero en todo caso toca al tribunal definir su culpabilidad.

Sin embargo, independientemente del resultado del proceso judicial, en el plano político ya ha ocurrido un daño considerable a las instituciones públicas, a la Presidencia de la República, al resto del Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Judicial. Ya hay un daño irreparable en la imagen del país que hoy se considera un narcoestado.

Pero no solamente es la imagen y las inversiones extranjeras. Ya es evidente el engaño de muchos años cometido por los gobernantes en contra de la gente que jamás espera que sean los gobernantes los delincuentes. Eso es simple y sencillamente demasiado. Existe por lo tanto, un grave deterioro en la confianza de un considerable segmento de la población hacia las autoridades, que de paso iniciaron muy mal en un ambiente caracterizado por el fraude electoral y la ilegalidad de su nombramiento. Todo esto va sumando a la cuenta; va destruyendo la gobernabilidad y desenmascara el evidente incumplimiento por parte de JOH de su atribución de cumplir y hacer cumplir la Constitución, así como las demás leyes, de mantener incólume el honor de la República, de utilizar solamente procedimientos congruentes con la Constitución y sus leyes para gobernar.

Estas oscuras horas de vergüenza y rabia obligan a actuar por una salida que en primer lugar juzgue a los que desde sus posiciones de poder han abusado del mandato del pueblo; a separar del poder, por cierto ilegalmente ejercido, de JOH y su grupo que han enlodado el nombre y las instituciones de nuestro país; de crear una alianza alejada de todo sectarismo, que junte todas las buenas voluntades para iniciar un nuevo capítulo en la historia política de Honduras. Empecemos ya antes que sea muy tarde.

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