Criterio HN

Tegucigalpa.- A solo días de haber iniciado el año 2022 también empezaron a resonar en primeras planas la brutalidad de masacres y asesinatos, en fin, violencia en su máxima expresión.

El 8 de enero fue asesinado el defensor de los derechos humanos, ambientales y de la comunidad Lenca, Pablo Isabel Hernández y dos días después, el 10 de enero, la defensora de derechos humanos e integrante LGBTIQ+, Thalía Rodríguez.

La activista trans de 58 años, dedicó 20 años a la defensa de los Derechos Humanos, como si esto fuera un delito, fue asesinada a sangre fría con un disparo en la cabeza, por dos hombres que irrumpieron en su vivienda ubicada en las faldas del cerro Juana Laínez. Estos todavía no han sido capturados.

El defensor de derechos humanos y director de la Asociación IGUALES, Javier Carrington, en entrevista para Criterio.hn, dijo que resulta irónico que la censura y la violencia que sufre la comunidad LGBTIQ+ provenga del gobierno actual, es decir, de instituciones que deberían proteger a la ciudadanía.

El activista de los derechos de la diversidad de género recordó que el 15 de septiembre de 2021, en plena conmemoración, “el gobernante Juan Orlando Hernández nos llamó enemigos de la patria”, por lo que observa que la violencia ha sido trasladada desde las esferas del poder hasta el individuo.

Según cifra del Observatorio TMIS de la Red Lésbico Cattrachas, desde el 2009, año del golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales, se dispararon los asesinatos contra la comunidad, siendo hasta ahora un total de 402 víctimas.

Sobre ese alarmante dato, el titular de IGUALES reprochó el manto de la impunidad que sostiene la violencia, además de la censura, cuando el año pasado algunos diputados se opusieron al matrimonio igualitario.

Carrington, aprovechó para para exigir que las autoridades involucradas en procesos de investigación que cumplan con su trabajo para esclarecer el caso de Thalía Rodríguez y los demás que han quedado engavetados del 2009 a la fecha.

“Los actos de violencia no son un acto aislado, el asesinato de Thalía es una confirmación que se necesita acompañamiento y seguimiento a los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Honduras. Los casos judicializados, sin darle resolución completa son 84, lo que nos indica que rebasamos el 90 por ciento de impunidad”, apuntó.

Nuevo Gobierno aliado estratégico

La comunidad de diversidad de género –dijo Carrington-, espera que el nuevo gobierno sea un aliado estratégico con el propósito de garantizar, optimizar y validar los derechos humanos. De esa forma, lamentó que tengan que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solo para que se inicien las investigaciones de los asesinatos de sus compañeros y compañeras.

“Hemos presentado propuestas enfocadas en derechos humanos, inclusión laboral, acceso a la justicia, educación y salud, porque estamos esperanzados en que está vez será distinto, esos son los ejes que están siendo afectados en nuestra población diversa”.

En los últimos 12 años han sentido que la diversidad de género ha sido ignorada e invisibilizada, por tanto, se han tenido que acercar a entes internacionales para ser escuchados, como el caso de Vicky Hernández asesinada en 2009.

Carrington lamentó que las últimas cuatro últimas denuncias que ha presentado ante el Ministerio Público (MP) han sido atendidas, “porque se ha tenido que imponer”. Por tal razón, lamentó que “estas personas no han sido sensibilizadas para atender casos de población LGBTIQ+ que ha sido violentada en el trabajo, las calles y todos los contextos de un individuo”.

Voluntad para proteger los derechos humanos

Otro crimen reciente y en total impunidad, es la del integrante del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Pablo Isabel Hernández, quien en marzo del 2021 denunció persecución por parte de las autoridades del municipio de San Marcos de Caiquín del departamento de Lempira, y fue asesinado por cuatro hombres el 8 de enero de 2022.

Sobre este caso, el excandidato a diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre) abogado Fausto Cálix, destacó ante Criterio.hn que se trata de una política de Estado del actual Gobierno, que fomenta la criminalización y judicialización de los líderes indígenas y defensores de derechos humanos en general.

En ese sentido, Cálix manifestó que las agencias de persecución e investigación del delito, el Ministerio Público y el sistema de justicia se han prestado para perseguir, encarcelar o matar a los dirigentes indígenas y de sus territorios.

“Por eso vemos el caso de los defensores de Guapinol, en prisión de forma injusta e ilegal por el hecho de defender un parque nacional, porque hay serios intereses de las empresas mineras y empresa privada”, mencionó el joven dirigente social.

En este contexto, sostuvo que mientras no haya gobernantes con la voluntad genuina de proteger los derechos humanos, estos hechos seguirán ocurriendo. Sin embargo, el togado destacó que el Gobierno de Xiomara Castro ha prometido la participación ciudadana lo que significa escuchar a cada parte de la población y sus grupos organizados.

El exdirigente estudiantil manifestó que el brazo de lucha son los grupos sociales, que justamente se levantaron contra el golpe de Estado de 2009 y que lograron conformar a Libre como partido político, por tanto, señaló que sus propuestas van acorde al plan de Gobierno.

“Las leyes lesivas deben ser derogadas, como el delito de usurpación del Código Penal, el Ministerio Público no puede judicializar por medio de esa vía, también se debe reformar el delito de desplazamiento forzado, hay grandes desafíos que se deben cumplir, porque hay que representar a cada grupo”, señaló.

Cálix reprochó que Honduras se ha mantenido en la lista negra de violadores de derechos humanos, lo que ha tenido repercusiones; por ejemplo, en noviembre de 2021 Honduras quedó por novena vez fuera de la Cuenta del Milenio, donde se valora el respeto a los derechos humanos siendo este un punto de suma importancia.

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