Elia Castellón

El Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, NDI, y su Programa para Centroamérica, presentaron el Boletín Legislativo Regional; un esfuerzo de seguimiento y sistematización del trabajo de los Congresos de El Salvador, Guatemala y Honduras, desde una mirada comparada. Esta edición, se abordó la respuesta de los Congresos a la emergencia por COVID-19 y sus implicaciones sobre la dinámica legislativa durante el período marzo-octubre del año 2020.

La máster Luisa Solano, realizó la exposición del boletín y resaltó el trabajo el trabajo que están haciendo los parlamentos en la región centroamericana como organización internacional que a través de sus proyectos regionales, trabaja para promover la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos, salvaguardando elecciones y promoviendo la participación ciudadana.

Solano, inició mostrando las características de los parlamentos de Guatemala, Honduras y El Salvador; “En los tres, las decisiones se toman por mayoría simple o una mayoría calificada”. En cuanto a la iniciativa de ley, señaló que existen diferencias entre los tres países pero coinciden en que el Poder Ejecutivo y el Legislativo, tienen la capacidad de presentar proyectos e iniciativas para someterlas a estudio dentro de la comisión.

La agenda legislativa se vio transformada por el Covid-19, la declaración de emergencia en estos países modificó el proceso de cómo hacer las cosas y las plataformas virtuales se posicionaron en prioritario para la reincorporación laboral, en especial en el caso de Honduras con la aprobación de una legislación para permitir y realizar las sesiones de trabajo y las deliberaciones legislativas de forma virtual, explicó Solano.

La master, expuso que en el periodo de marzo y octubre de 2020, se registró la aprobación de 94 decretos relacionado exclusivamente con la atención de los parlamentos a la respuesta ante la pandemia del Covid-19. Entre marzo y mayo se concentró el 41% de aprobación de estos 94 decretos, demostrando un trabajo más acelerado para tratar de contener la afectación del virus en estos países.

Enfatizó que se dieron 28 decretos únicamente en el tema de financiamiento. La atención por la pandemia derivó a incrementar los fondos disponibles para brindar respuestas gubernamentales. El análisis de los registros de los tres congresos, se concentró en: Restricción de derechos fundamentales, la asistencia económica e introducción de medios digitales como ser la ley de aprobación del teletrabajo en El Salvador.    

Solano, afirmó que la aprobación de subsidios y fideicomisos fueron claves para la reactivación económica del comercio, la agricultura y la industria de la región. Durante la última fase de la pandemia, se evidenció que hubo una disminución de la producción legislativa, sin embargo, destacó que en Honduras se aprobó una normativa que trata de velar por la igualdad de género y garantizar condiciones equitativas para la mujer durante la emergencia del Covid-19.

En promedio de Honduras, Guatemala y El Salvador, el 62% de los decretos que se aprobaron, fueron propuestos por los legisladores, el 35% por iniciativas del Poder Ejecutivo, estas enfocadas en el ámbito económico por la necesidad de contar con normas que facilitaran la reactivación productiva y también medidas de restricción de derechos, el 3% restante, fue propuesto por el órgano judicial; este último, únicamente en El Salvador.

Según registros, las reformas normativas prexistentes, se concentraron en procesos de compras de insumos médicos y demás implementos de asistencia en el marco de la pandemia del Covid-19. Los congresos de Guatemala y Honduras, se avalaron de decretos de emergencia para renovar el periodo y vigencia de los mismos, también para la reasignación de los fondos del presupuesto fiscal del año 2020 para protocolos sanitarios y de bioseguridad.

La máster Luisa Solano, concluyó con estas observaciones: “Primero, se dio una construcción de acuerdos multipartidarios para la regulación de la emergencia, en segundo lugar, se dio una autorización de elevados montos de financiamiento para contratar y dar una modesta aplicación de los mecanismos de control político y de fiscalización presupuestaria con el tema de la rendición de cuentas”.  

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