La reintroducción de la figura de magistrados suplentes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por la vía de una interpretación del artículo 316 de la Constitución de la República, planteada a última hora del proceso de selección y nombramiento de los magistrados y magistradas de la CSJ por diputados del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), del Partido Nacional y el Partido Liberal, es una propuesta alarmante y peligrosa ante la cual, la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) se pronuncia en los siguientes términos:
- Destacamos y compartimos las consideraciones de notables profesionales con reconocida experiencia en materia jurídica y exponentes políticos, que enfatizan la inadmisibilidad de una interpretación del mencionado artículo, y de cualquier otro, para reformar la Constitución de la República. La Constitución establece, con claridad, que la CSJ está integrada por 15 magistrados; en dicho artículo, no aparece la figura de magistrados suplentes.
- Abundan los argumentos que establecen que para incluir la figura de magistrados suplentes, se requiere de una reforma constitucional, siguiendo los procedimientos establecidos; por tanto, se concluye, de manera irrefutable, que no es posible aprobar una reforma constitucional en una misma legislatura y que no es posible elegir a magistrados suplentes.
- Lamentamos que, una vez que la Junta Nominadora entregó al Congreso Nacional la lista de los 45 candidatos y candidatas que resultaron con mejor evaluación, el debate entre los partidos políticos se haya trasladado a las cuotas partidarias.
- Estamos entrando en una semana crucial, esperamos que el retraso, motivado por las cuotas de poder, no se traduzcan en incertidumbre y crisis; confiamos que el diálogo centrado en el interés nacional persista y se imponga.
- Consideramos, y así lo interpreta la ciudadanía, que la propuesta a última hora de pretender nombrar a cinco magistrados o magistradas suplentes, corresponda a la necesidad de ampliar el número para satisfacer los compromisos partidarios en detrimento de la legalidad y legitimidad de los magistrados y magistradas que integrarán la CSJ, además del costo a la credibilidad en el Congreso Nacional y en los diputados que lo integran.
- Sorprende que los jefes de bancada de los tres partidos mayoritarios y otros diputados, consideren viable y pretendan recurrir a la interpretación de la Constitución de la República, y la justifiquen, acomodando los argumentos para resolver sus particulares intereses, sin importarles actuar violentando la Constitución. Si esto llegara a pasar, se ratificaría la percepción de que las leyes y las instituciones, están sometidas a las conveniencias particulares y no a las necesidades y prioridades del Estado, y se pierde la esperanza de un cambio de rumbo en la conducción del Estado.
- Les recordamos a los partidos políticos, la promesa de la reconstrucción y fortalecimiento del Estado de derecho, y para esto, es fundamental actuar en consonancia con las leyes de la República. Los diputados y diputadas, deben dar el ejemplo; si incumplen, ¿cómo se puede esperar o exigir que el resto de la ciudadanía respete las leyes, las instituciones y sus autoridades?
Los diputados y diputadas, no tienen más atribuciones que las que les otorga la ley , y entre esas, no está interpretar la Constitución de la República.