Por Mariela Mejía, Olivia Losbar, Jeniffer Wiscovitch y Emmanuel Möise | Centro de Periodismo Investigativo

Las islas del Caribe se asemejan en sus playas turquesa que cautivan al turista, pero su manejo de la pandemia ha estado lleno de contrastes. Cuando las Islas Caimán tenían el 81% de su población completamente vacunada contra el COVID-19 a finales de octubre del 2021, Haití, con 0.3%, era de los tres países del mundo con menos inoculados. Y en Guadalupe, a pesar de contar con dosis de sobra, la mayoría de la población no se quiere inmunizar.

Cuando Granada tenía una tasa de 1,752 muertes por cada millón de habitantes, en Haití era de 58. Esto no significa que los haitianos estén mejor, es que están muy lejos de contar todos sus muertos.

Una investigación transfronteriza realizada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), y periodistas de medios aliados en Haití, Guadalupe y República Dominicana muestra el panorama de muertes por COVID-19 en el Caribe. El trabajo, que incluyó el análisis de los documentos y datos disponibles en distintas jurisdicciones, al igual que entrevistas con los profesionales de la salud que han estado dando la batalla sobre el terreno, arroja un panorama de grandes contrastes.

Las cifras recopiladas por ourworldindata.org, que ofrecen indicadores para la región, son un reflejo de que la respuesta de los gobiernos y de la población caribeña a la vacunación, y a las medidas para evitar el contagio, han dependido de la política de cada Estado, su economía y su cultura. En el archipiélago de Guadalupe (con poco más de 375,000 habitantes), estas variables han generado que, en las postrimerías de la pandemia y con pleno acceso a la vacuna, en un solo mes, en agosto, aumentara en 227% la tasa de mortalidad.

Una vasta campaña de vacunación contra el COVID-19 comenzó el 7 de enero de 2021 en Martinica y al día siguiente en Guadalupe. Sin embargo, aunque estas islas francesas, ubicadas en las Antillas Menores, tienen vacunas disponibles, la demanda no ha sido la esperada. Entre las causas, está la fuerte desconfianza de la población hacia las autoridades coloniales en materia de salud, vinculada a un escándalo medioambiental y sanitario por contaminación por clordecona en las Antillas francesas en los años 70 y 90. Este pesticida, prohibido en Francia, fue autorizado para usarse en las plantaciones de plátanos en las Indias Occidentales afectando el ambiente y la vida silvestre. Dicha contaminación afectó a más del 90% de la población que presenta una de las incidencias más altas en el mundo de cáncer de próstata. Además, ha habido un surgimiento de una nueva forma de nacionalismo, que ha desatado protestas violentas en las últimas semanas. Ambas jurisdicciones caribeñas, colonizadas por Francia desde el siglo XVI, son departamentos de dicho país europeo desde 1946.

Aunque la vacunación está disponible para el público desde enero de 2021, la inmensa mayoría de la población no se ha vacunado. Las autoridades de ambas islas tuvieron que hacer evacuaciones médicas en avión hacia Francia para descongestionar los hospitales, y hubo problemas de logística para organizar los entierros.

Aún sigue siendo difícil saber el número de muertes por COVID-19 fuera de los hospitales en Guadalupe.

Falta de recursos e incredulidad ciudadana en Haití

En Haití, la situación con el desfase en el conteo es significativamente peor: la falta de recursos económicos y la completa incapacidad de sus instituciones se combinan con creencias alternativas de buena parte de la población en torno a la enfermedad. Muchos no creen en la existencia o severidad del virus porque no se ha visto la mortalidad esperada, y creen en la medicina tradicional y remedios basados en hierbas, como es la tradición en dicho país, más que en la ciencia, la medicina y las vacunas. En el país de 11.4 millones de habitantes, asediado por las pandillas y con una crisis de gobernabilidad tras el asesinato de su presidente, Jovenel Moïse, en julio pasado, prácticamente no tienen idea de cuántas personas han muerto por el virus.

Al principio, solo dos centros de salud abrieron sus puertas a los infectados en Haití. Pero por la proyección de millones de contagiados y cientos de miles de muertos en el país más pobre del hemisferio occidental, el Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP) habilitó más centros de atención, en su mayoría sin equipos para intervenciones médicas.

Sin embargo, una gran parte de los infectados se negó a ser hospitalizada. Los centros estuvieron desiertos hasta que cesaron operaciones en septiembre de 2020.

En el proceso, los miembros de la población con síntomas de la enfermedad no se hacían pruebas diagnósticas, se quedaban en sus casas y preferían depender de las infusiones de hierbas. De ahí la incapacidad del MSPP para presentar un estimado real de personas infectadas en Haití. Además, el Estado ha tenido una capacidad muy limitada para realizar pruebas de detección a gran escala por falta de materiales.

Las medidas preventivas y los consejos de las autoridades sanitarias fueron rechazadas por la población haitiana. Una parte de la gente cree que nunca ha habido COVID-19 en Haití, y otros dicen que no han visto la ola de muertes que fue pronosticada. De ahí su negativa a vacunarse contra el virus. Ahora, pocas personas aceptan inocularse y el mismo Gobierno ha rechazado donaciones de vacunas de AstraZeneca que la Organización Mundial de la Salud les ha ofrecido, al igual que a su vecino país República Dominicana. Una de sus razones son los casos de trombos detectados en Europa en inoculados con dicha marca.

Lideran en vacunación, pero enfrentan altibajos

El manejo de la pandemia ha sido diferente en la República Dominicana y en Puerto Rico, donde residen casi 11 millones y 3.2 millones de personas, respectivamente.

En Puerto Rico, los primeros meses de la pandemia se distinguieron por la falta de pruebas diagnósticas y equipos de respuesta tales como ventiladores, y por los excesos de mortalidad por causas asociadas al nuevo virus, pero no identificadas como tales en el registro de mortalidad. También por la corrupción en torno a las compras millonarias de pruebas que nunca llegaron, situación por la que se radicaron cargos criminales. Sin embargo, el contagio y mortalidad se mantuvo bajo control por el estricto lockdown impuesto al inicio a todos los ciudadanos y comerciantes por la entonces gobernadora Wanda Vázquez.

En diciembre del 2020 se inició una campaña masiva de vacunación desde que fue aprobado el uso de las vacunas de Pfizer y Moderna y, aunque los primeros dos meses escasearon dosis y el Gobierno permitió que muchos se saltaran la fila del plan de vacunación, los esfuerzos han rendido frutos logrando convertirse en la jurisdicción de Estados Unidos con la tasa de vacunación más alta con sobre el 73% de los habitantes inoculados.

Asimismo, las medidas estrictas de protección como restricciones en la circulación de las personas y la apertura de los negocios, y el uso obligatorio de mascarillas, surtieron efecto. No obstante, en julio, justo cuando la variante delta se propagaba en Estados Unidos y comenzaba a llegar a Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierlusi dejó sin efecto todas las medidas, incluyendo el uso de las mascarillas en espacios cerrados multitudinarios.

El resultado fue que en agosto se registró el segundo pico más alto de muertes por COVID-19 desde que comenzó la pandemia, pese a la alta tasa de vacunación, según datos analizados por el CPI. Este repunte se acercó al mes de mayor cantidad de muertes hasta la fecha, ocurrido en diciembre de 2020, pero el perfil de las víctimas fue mucho más jóven.

El uso obligatorio de mascarilla en lugares cerrados fue restituido y la mortalidad por COVID-19 se redujo a los niveles más bajos registrados en octubre y principios de noviembre.

Entretanto, el Gobierno dominicano mantiene una campaña nacional de vacunación y — pese a que no contó con el respaldo de todos los sectores — fue de los primeros países en invitar a una tercera dosis opcional. 

Desde el 18 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud dominicano emite un boletín diario con las cifras oficiales de la pandemia. No obstante, también ha enfrentado serios problemas en el manejo de sus estadísticas de mortalidad, presentando cifras diametralmente distintas a través de dos de sus agencias públicas: en julio de 2021 la Junta Central Electoral (JCE), institución que maneja el Registro Civil, estimaba que sobrepasaban las 8,000 las muertes por el virus, mientras el Ministerio de Salud decía que eran casi 4,000.

El Gobierno dominicano también se ha distinguido por mantener un fuerte control de la información sobre la pandemia, concentrando su manejo en un gabinete de salud que preside la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

En su explicación a los medios dominicanos en septiembre sobre el magno descuadre en las cifras, la JCE indicó que sus cifras de muertes por COVID-19 surgen de los documentos expedidos por las entidades autorizadas en ley para emitir certificados de defunción y adjudicar las causas de muerte: el Ministerio de Salud y, en casos especiales, un alcalde pedáneo, funcionario de localidades menores que es electo por los vecinos de la comunidad.

El Ministerio de Salud Pública argumentó que, aunque utiliza los datos de la JCE, depura las causas de muertes establecidas en los certificados de defunción mediante una “autopsia social”, hasta comprobar cuáles fueron “muertes reales por COVID-19”.

Señaló que su Dirección de Epidemiología evalúa y clasifica las muertes conforme a los criterios internacionales establecidos para el nuevo coronavirus. Dicha vigilancia epidemiológica implica indagar más a fondo qué ha sucedido con cada caso para clasificar adecuadamente las muertes.

El CPI pidió en múltiples ocasiones a la agencia que explicara cómo hacía este proceso caso a caso, con qué personal y peritaje, y cómo era esto armonizable con los estándares estadísticos internacionales que han acordado que se cuenten todos los casos sospechosos. La agencia nunca entregó la información.

En septiembre de 2021, funcionarios del Ministerio de Salud y de la JCE debieron reunirse para armonizar la forma de manejar las cifras de muertes por el COVID-19. Cuando hasta la cuarta semana de julio pasado, oficialmente el Ministerio contaba 3,961 muertes por COVID-19, el Registro Civil dominicano reportaba 8,263 fallecimientos relacionados con la enfermedad. 

En su informe, la Dirección Nacional de Registro Civil incluye cerca de 2,000 fallecimientos de individuos que murieron entre marzo de 2020 y julio de 2021, de los que en su certificado de defunción se indicó que eran sospechosos o probables de tener el virus.

En un análisis hecho por el CPI de una extensa y detallada base de datos provista por la Dirección Nacional de Registro Civil de la JCE, con los fallecidos en la República Dominicana entre 2015 y julio de 2021, se encontraron al menos 5,197 casos de personas que tenían COVID-19 al momento de su muerte, de acuerdo con  su certificado de defunción, y aproximadamente 1,878 se asentaron como sospechosos de tener la enfermedad.

Pero también había casos de fallecidos en accidentes de tránsito, por ahorcamiento o por eventos epilépticos, contados como casos de COVID-19, porque las personas tenían la enfermedad al momento de morir.

“Salud Pública te va a decir que son muchos casos sin confirmar, que no tienen prueba; ellos van a tratar también de hacer su justificación, pero de que hay un subregistro hay un subregistro, no en esta epidemia, no, sino en todas las epidemias”, dijo para este reportaje el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero.

Aunque el Ministerio de Salud Pública reconoce que puede haber subregistro en las muertes, defiende como válida su cifra oficial, que procura mantener controlada con la obligatoriedad de la presentación de la tarjeta de vacunación para ingresar a espacios públicos y laborales desde el pasado 18 de octubre. En ese día y al siguiente, se registraron cifras récord de vacunación, con 116,000 y 124,000 inmunizados, respectivamente, con primera, segunda y tercera dosis de vacuna.  

La cifra baja del Ministerio de Salud Pública — que es la reportada a los organismos internacionales — y el tener más del 50% de su población territorial completamente vacunada son las bases que el país ha utilizado para promoverse con confianza en el extranjero para recuperar el sector turístico que estuvo detenido entre abril-junio de 2020 por la pandemia. De acuerdo al Ministerio de Turismo, en octubre de 2021 llegaron más turistas al país que en ese mismo mes de 2019 y 2018, años sin pandemia.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en un informe publicado este año, titulado “Mortalidad por COVID-19: evidencias y escenarios”, destaca que algunos países cuentan con registros nacionales de defunciones prácticamente completos como Argentina, Chile, Cuba y Uruguay. En cambio, en otros, como República Dominicana, la omisión estimada es mayor del 25%.

El informe explica que, además de las variaciones en la completitud de los decesos, el análisis de defunciones por causa de muerte presenta un nivel adicional de complejidad.

“La razón es que la región presenta desafíos respecto a la codificación de las causas de muerte, ya que todavía hay porcentajes significativos de causas clasificadas con códigos mal definidos o poco útiles”, agrega.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió en mayo del presente año que el número oficial de muertes por la pandemia de COVID-19 podría presentar un importante subregistro, y estimó que la verdadera cifra de decesos directos e indirectos relativos a la enfermedad podría ser de dos a tres veces mayor a la oficial.

La falta de sistemas confiables para registrar las muertes y el que en muchos casos los decesos por COVID-19 se produjeron antes de que se hicieran las pruebas para detectar el virus son de las causas citadas por la OMS para el subregistro en muchos países.

Exceso de muertes por todas las causas

De acuerdo con análisis de las estadísticas oficiales, en la República Dominicana — donde desde 2015 fallecen unas 40 mil personas en promedio cada año — se registró una mortalidad significativamente mayor a la promedio en enero, julio y agosto de 2020, y enero, mayo y junio de 2021. Al menos cuatro de esos meses coincidieron con picos de muertes por COVID-19.

A poco más de un mes de que se abriera el año escolar totalmente presencial en septiembre, en la República Dominicana se declaró una cuarta ola de contagios, en un tiempo en el que tampoco existía toque de queda ni confinamiento. El 31 de octubre de 2021, la positividad diaria se situaba en 14.72%.

Puerto Rico ha experimentado muertes en exceso, por todas las causas, durante casi toda la pandemia.

Los decesos, que comenzaron durante el periodo del estricto confinamiento inicial implementado por el Gobierno de Puerto Rico entre marzo y abril de 2020, continuaron desde julio hasta abril de este año, con pocas excepciones, según un análisis hecho por el CPI de los datos de mortalidad del Registro Demográfico de Puerto Rico.

Los meses siguientes de 2021 también pudieran tener exceso de muertes, ya que al presente los datos de mortalidad del Gobierno de Puerto Rico pueden tener retrasos parciales de hasta seis meses por su proceso de entrada y depuración. Al presente el Registro está transformando su sistema con el propósito de que los agentes funerarios hagan sus entradas digitales y el proceso sea más ágil, informó al CPI la directora de la dependencia Wanda Llovet.

Una investigación del CPI, publicada en septiembre, determinó que el exceso de muertes apuntaba a que la cantidad real de muertes vinculadas al COVID-19 durante los primeros seis meses de la pandemia podría ser hasta tres veces mayor a la reportada. Con los datos disponibles hasta mayo de 2021 la mortalidad excesiva  era de 3,222 fallecidos.

Los Centros para la Protección y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) han estado monitoreando la mortalidad excesiva por todas las causas de muerte en todos los estados y jurisdicciones casi desde el inicio de la pandemia. Esta técnica se utiliza en salud pública y epidemiología durante las crisis para detectar tendencias de muertes por encima de la norma. Es una medida exhaustiva del impacto real de una emergencia de salud pública como la pandemia de COVID-19 que solo los casos oficialmente confirmados nos pueden brindar debido a la escasez de pruebas y desconocimiento sobre el novel virus, entre otros factores.

Sin embargo, este sistema alterno de monitoreo del impacto real de la pandemia depende de que exista un sistema efectivo de registro de muertes en los países y, cómo encontró el equipo del CPI y sus medios aliados, ese no siempre es el caso.

Esta investigación fue posible en parte gracias al apoyo de Para la Naturaleza, Open Society Foundations y la Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL).


Todavía se desconoce el número de muertes por COVID-19 fuera de los hospitales en Guadalupe. Foto por Cédrick-Isham Calvados | Centro de Periodismo Investigativo

Las autoridades de las islas Martinica y Guadalupe enfrentaron problemas de logística para organizar los entierros. Foto por Cédrick-Isham Calvados | Centro de Periodismo Investigativo

El ministro de Salud de República Dominicana, doctor Daniel Rivera, la vicepresidenta de la República y presidenta del Gabinete de Salud, Raquel Peña. Foto suministrada.

Protestas en contra de las vacunas en Guadalupe. Foto cortesía de ELMS Photography.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y el secretario de Salud, Carlos Mellado. Foto suministrada.

En Haití, pocas personas han querido vacunarse contra el COVID-19 debido a que muchas creen en la medicina tradicional y remedios basados en hierbas. Foto por Carvens Adelson | AyiboPost.

Carlos Mellado, secretario de Salud del gobierno puertorriqueño. Foto suministrada.

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