Vulnerabilidad se agudiza en Honduras
Por: Luisa Agüero
Don Jorge Pérez camina despacio por la corta ladera. “Voy a limpiar un terreno de la familia”, dice. El prosigue su marcha sin prisa por el caminito serpenteante hasta llegar a una vertiente. “Cada vez veo más angostita la quebrada, antes hasta había pescado aquí, los tiempos han cambiado”, murmura.
A la quebrada la llaman “La Escabrosa” por lo intrincado y montañoso de la zona, o al menos, lo fue un día. Igual que los recuerdos de los peces de don Jorge, así quedaron guardadas en la memoria colectiva las imágenes de las espesas montañas martirizadas por la fuerza de la sierra eléctrica o consumida por incendios. “Acá la costumbre es meterle fuego a los matorrales para limpiar para la siembra”, dice.
Luego de la quema, los campesinos esperan la lluvia para proceder a sembrar frijol y maíz, pero en los últimos 12 años las lluvias llegan tardías o no llegan.
En el poblado de El Juncal, Santa Bárbara, Honduras, son muy pocos los que alguna vez han escuchado hablar de cambio climático, efecto invernadero y calentamiento global, sin embargo, conocen muy bien las palabras inundación y sequía. Esa comunidad que antes alardeaba de sus abundantes cosechas ahora sufre carencia de granos básicos por el asalto intempestivo de la naturaleza, un fenómeno que se repite a lo largo y ancho de todo el territorio hondureño.
Según el informe Global Climate Rise Index 2016, Honduras se encuentra en el primer lugar del mundo como país más vulnerable ante el cambio climático. El país centroamericano es seguido por Myanmar (Birmania) y Haití. Otros dos países centroamericanos incluidos en el listado son Guatemala y Nicaragua.
Durante los últimos 20 años Honduras ha sido sacudido por sucesos meteorológicos extremos; huracanes, inundaciones y sequías principalmente.
“El impacto del cambio climático es enorme y nos afecta a todos, aunque a unos más que a otros”, señalan ambientalistas. “El cambio climático además de fenómeno ambiental, causa situaciones de severas consecuencias económicas y sociales”, agregan.
En el aspecto de la salubridad, el cambio climático también está dejando su huella en Honduras. “La escasez de agua propicia falta de higiene, carencia de alimentos, incremento de la malnutrición y de la mortalidad, y en el otro extremo, con los aguaceros aumenta la proliferación de vectores que nos dejan hospitales públicos llenos de pacientes con dengue, chikungunya y zika, enfermedades tropicales que lejos de desaparecer van en aumento, pese al constante trabajo realizado”, asegura el técnico en salud Rafael Rodríguez.
En la actualidad, Honduras cuenta con más instituciones que acciones emprendidas vinculadas a la mitigación del cambio climático, aunque algunas de esas entidades burocráticas buscan hacer causa común con el apoyo de Organizaciones No Gubernamentales europeas y del Banco Mundial, entre esas instituciones figuran; Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Secretaría de Agricultura y Ganadería, Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, Dirección Nacional de Cambio Climático, Estrategia Nacional de Cambio Climático, Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y Comisión Nacional Permanente de Contingencias.
Según datos de la Secretaría de Recursos Naturales, Honduras ha perdido cerca de 2 millones de hectáreas de bosques en los últimos 40 años a causa de la deforestación y de la plaga del gorgojo. Para mitigar el impacto de esa situación, la entidad estatal emprende el proyecto REDD con apoyo del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
“El proyecto promueve la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación y degradación de los bosques, que aceleran el cambio del clima y es manejado por el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques”, dice el ministro de esa dependencia estatal, José Antonio Galdámez.
El año pasado, 205 de los 298 municipios que constituyen el país fueron severamente afectados por sequías. El gobierno se vio obligado a pedir ayuda humanitaria a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO-Food and Agriculture Organization) y al Programa Mundial de Alimentos (PMA) para evitar una hambruna. Por su parte la ONG Oxfam internacional urgió a los gobiernos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua a “actuar de inmediato” ante la crisis humanitaria propiciada por los efectos del cambio climático.
El inicio de 2016 tampoco ha sido halagador para los hondureños. Los pronósticos del clima adelantan olas intensas de calor y el atraso del invierno, condiciones irregulares tan extremas como opuestas que harán que el cambio climático sea aún más evidente en este año.
Cloacas gigantes
Otro problema crítico son los ríos que atraviesan la ciudad de San Pedro Sula y que han dejado de ser corrientes naturales de agua. Son en realidad, enormes cloacas abiertas. La anterior también es una afirmación en boca de ambientalistas alarmados por la descomunal contaminación de los ríos en esa ciudad hondureña.
“Los cuerpos de agua que cruzan la ciudad se mantienen altamente contaminados, los ríos Bermejo, Blanco y Chamelecón son enormes cloacas abiertas, ya no pueden considerarse afluentes naturales. La generación de aguas residuales de la red de alcantarillado sanitario que no se tratan y descargan crudas a las fuentes naturales, el pobre manejo de residuos sólidos urbanos y el uso inadecuado de desechos peligrosos: aceites y químicos, acabarán con la existencia de esos recursos y en ese punto ya no se podrá hacer nada al respecto”, afirman.
El problema de saneamiento de las aguas en la llamada capital industrial de Honduras se empezó a agudizar desde el año 2000, cuando la municipalidad local concesionó por 30 años el suministro del servicio de agua potable y el control de las aguas negras, al consorcio italiano Aguas de San Pedro-ASP-.
Han pasado 15 años y 4 administraciones municipales y hasta la fecha, ASP sigue en deuda con la población. “Hay un tema de suma importancia pendiente entre ASP y San Pedro Sula; es la construcción de 22 plantas de tratamiento de aguas residuales”. Son aproximadamente 140 mil metros cúbicos de agua descargados en esos cuerpos receptores sin ningún tipo de tratamiento, agrega el funcionario de DIMA y a estas alturas deberíamos tener un 85% de esas aguas tratadas, dice.
Desde el 2007 cuando las gestiones municipales empezaron a presionar a Aguas de San Pedro, la concesionaria exigía los terrenos para esas plantas de tratamiento, de acuerdo a las cláusulas de la concesión. Los terrenos fueron entregados en la administración edilicia 2010-2014, pero ahora ASP argumenta en su defensa que el costo de la construcción de esas plantas les resulta demasiado oneroso.
El aproximado de la inversión para la construcción de las plantas de tratamiento es de US $ 200 millones. ASP ha dicho que el atraso de diez años en la entrega de los terrenos provocará que esa empresa traslade los costos a los consumidores finales, al pueblo, posición que ha desatado una controversia sobre el tema entre autoridades locales y la empresa concesionaria sin que hasta la fecha lleguen a un punto de entendimiento.
Mientras tanto, aguas negras, industriales, comerciales y domésticas se unen y caen en los ríos de esa segunda ciudad hondureña en importancia.
San Pedro Sula enfrentará consecuencias graves en muy poco tiempo si no se empieza a tomar medidas para revertir el daño causado al ambiente, “las secuelas ya son suficientemente graves por no contar con plantas depuradoras, pero nadie quiere verlas” dicen los expertos consultados; riesgos altos a la salud de los pobladores que habitan el área de influencia de esos ríos, pérdida importante de la flora y fauna, como esos ríos descargan en el mar Caribe, también se afectan las playas. Lo más peligroso es que existe un riesgo latente de contaminar los acuíferos y el peligro se generaliza para toda la población, aunque la capa natural de arcilla que protege el manto freático en nuestro caso, bloquea el paso de agentes contaminantes, sin embargo, la contaminación puede suceder a través de pozos o mediante los cauces de los mismos ríos, manifiestan.
“Lo que pasa en San Pedro Sula es un claro incumplimiento e irrespeto a la Ley General del Ambiente, es una gran vergüenza lo que nos ocurre”, puntualizan.
Panorama global
La estimación inicial de la valuación económica del cambio climático en Centroamérica evidencia un impacto significativo para el conjunto de la economía y con una marcada diferencia dependiendo de la trayectoria de las emisiones globales, lo cual refleja su pertinencia para la política económica y fiscal.
Esta estimación se basa en los impactos medibles de ciertos eventos extremos, en el sector agrícola, recursos hídricos y biodiversidad, por lo cual se pueden considerar como un costeo parcial e inicial, plantea un documento de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).
A partir del escenario macroeconómico base “sin cambio climático” se identifican los impactos en estos sectores y ámbitos según variables de temperatura y precipitación. La diferencia entre ambas trayectorias valuadas en unidades monetarias representan los costos asociados al impacto del cambio climático. La valuación de los costos en unidades monetarias permite estimar los
cambios o reducciones de las trayectorias del Producto Interno Bruto (PIB) en el escenario base. En los estudios económicos del cambio climático se ha acordado utilizar el valor o porcentaje en función del PIB actual. Los costos iniciales estimados para la región son crecientes a partir del corte de 2050 en la mayoría de los ámbitos y, en general, bastante elevados al finalizar el siglo. El estimado inicial del costo medido acumulado a 2100 a una tasa de descuento de 0,5%, es equivalente a 73 mil millones de dólares corrientes o 52 mil millones de dólares a precios de 2002, aproximadamente el 54% del PIB de la región en 2008. (Con una tasa de descuento del 4%, el valor equivalente es de 9% del PIB regional de 2008, evidenciando la importancia de cuál tasa se utiliza.)
El costo acumulado estimado en otro escenario al 2100 equivaldría a 44 mil millones de dólares corrientes y a 31 mil millones a precios de 2002, aproximadamente 32% del PIB de 2008 a tasa de descuento 0,5% (con una tasa de descuento del 4% el valor equivalente sería de 6% del PIB regional de 2008).
Las estimaciones indican que los costos son mayores con el primer escenario y tienden a acelerase después del corte 2050, cuando los efectos de un mayor nivel de emisiones generará superiores aumentos de temperatura. En este sentido, un acuerdo internacional que estabilice y reduzca las emisiones globales contribuiría reducir el impacto.
Las estimaciones son superiores que las hechas para países desarrollados y confirman que los costos del cambio climático son heterogéneos, no lineales y crecientes en el tiempo y que el aumento continuo de la temperatura y los cambios de precipitación probablemente tendrán efectos negativos crecientes para el conjunto de las actividades económicas.
Más aún, sugiere que habrá umbrales irreversibles donde los costos aumentarían más que proporcionalmente y que una administración efectiva del riesgo sería esencial en la respuesta a este fenómeno.
En la sumatoria de los costos iniciales no se incluyen los asociados al sector pecuario y el consumo de agua del sector industrial por las limitaciones sobre la medición de la relación entre
cambio climático y la producción en estos sectores. Es importante reiterar que hay severas limitaciones a la valorización económica de la biodiversidad y aún no se determina la relación entre frecuencia de inundaciones, huracanes y tormentas y el cambio climático.
Para estos eventos extremos se asume que un aumento de 5% en intensidad sería adecuado por suponer menores emisiones e impactos. Un aumento de 10% en la intensidad sería adecuado para el primer escenario planteado.
Los sectores aún no incluidos en esta valorización abarcan los servicios de salud, generación hidroeléctrica y consumo de energía, infraestructura, turismo, zonas marino-costeras, y los múltiples impactos indirectos en otros sectores tales como la industria y los servicios. Se requiere avanzar con una mayor evaluación del impacto en ecosistemas clave como los bosques, y en otros eventos extremos como la sequía. Desde esa perspectiva, los cálculos presentados representan una visión conservadora e inicial de los costos del impacto económico.
Es importante reiterar que las economías de Centroamérica han adoptado cambios estructurales y mostrado inestabilidades en su dinámica macroeconómica en las últimas dos décadas. Las características y condiciones de este patrón de crecimiento responden a un conjunto de factores de orígenes múltiples y de diversa índole, tanto económicos, sociales y políticos con especificidades nacionales.
Estos factores se expresan en ocasiones en comportamientos volátiles de algunos agregados macroeconómicos o en proporciones más relevantes (por ejemplo inversión a PIB). Adicional al contexto macroeconómico, existe un alto nivel de incertidumbre sobre variables clave como las tecnológicas, los precios relativos de la energía, el consumo de agua y la biodiversidad.
Por lo tanto, las estimaciones de costos de este apartado son sólo indicativas. Aun con esta evidencia inicial, la política fiscal cobra gran relevancia dentro de las respuestas nacionales frente al cambio climático. Es urgente adoptar una política de sostenibilidad fiscal que tome en cuenta los impactos actuales de eventos extremos y los crecientes efectos del cambio climático y que genere un marco de incentivos para la transición hacia economías ambientalmente sostenibles y resilientes al riesgo climático.
Los fenómenos climáticos ya están afectando las finanzas públicas por diversas vías, como el aumento de las emergencias, los daños a la infraestructura y la inestabilidad de la producción agrícola y de electricidad por fuentes hídricas. También pueden aumentar las demandas de ampliación y ajuste de los servicios sociales y la relocalización de poblaciones y actividades económicas.
Las poblaciones afectadas demandarían compensación por pérdidas, lo que probablemente recaerá sobre el Estado considerando el bajo nivel de aseguramiento en la región. Esta lista no exhaustiva de las presiones del cambio climático sobre las finanzas públicas sugiere que el impacto económico debe ser visto como un pasivo contingente serio, que a largo plazo se tornará mucho menos “contingente”.
En términos económicos, el cambio climático es una externalidad global. El Reporte Stern lo calificó como la mayor falla de mercado que ha surgido en la historia de la humanidad ya que una gran parte de sus costos aun no se registran “a precio de mercado”). Como los mercados no puede solucionar estos problemas, se requiere una acción colectiva encabezada por el Estado, es decir, por el conjunto de instituciones públicas y espacios de toma de decisiones y acción de la sociedad.
Es necesario adoptar medidas previsoras para reducir los efectos negativos de tal forma que la incidencia futura sea mínima, y crear mecanismos financieros y de aseguramiento, así como programas de estímulo fiscal para amortiguar el impacto en general y alinear los incentivos fiscales para transitar hacia una economía menos dañina al ambiente.
A pesar de los retos inmediatos de la sostenibilidad fiscal, los Ministerios de Finanzas o Hacienda de Centroamérica han empezado a prestar atención al cambio climático a nivel nacional, y en el ámbito regional por medio de su Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana (COSEFIN).
La región ha adquirido experiencia en acciones de canje de deuda por financiamiento de programas de cambio climático, etiquetado de líneas presupuestarias para identificar inversión en adaptación, y está elaborando propuestas de fondos nacionales de cambio climático, mercados internos de bonos de carbono, requerimientos de cambio climático en planes sectoriales como parte del ejercicio presupuestal, esquemas de aseguramiento catastrófico y fondos para desastres e inversión en adaptación de la infraestructura.
En el marco de otras iniciativas, funcionarios de la región se están capacitando en análisis econométrico relacionando el tema fiscal con el riesgo climático, sostenibilidad fiscal y análisis de subsidios, gasto e incentivos fiscales.
Es importante resaltar la iniciativa actual de los Ministros de COSEFIN de establecer un mecanismo de aseguramiento catastrófico para Centroamérica, en incorporar a sus países, según las necesidades de cada uno, a la Facilidad de Seguros Contra Riesgo Catastrófico del Caribe (CCRIFSPC, “The Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility”, por sus siglas en inglés), mediante el asocio entre las dos regiones.
Según el estudio de la SIECA, esto es un importantísimo avance en sí, y establece una pauta para
motivar a los ministerios sectoriales a implementar medidas de gestión integral de riesgo y aseguramiento. En 2014 los Presidentes del Sistema de Integración Económico Centroamericano (SICA) reconocieron la importancia de este esfuerzo.
En dos estrategias regionales aprobadas en los últimos años, la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) y la Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo (PCGIR), se establecieron mandatos a los Ministerios de Hacienda o Finanzas de CARD, que han servido al
COSEFIN para enmarcar su discusión regional sobre las alternativas de financiamiento externo, y para incorporar la gestión de riesgo en la inversión pública con evaluaciones económicas de dicho riesgo y mecanismos de protección financiera para la inversión subsidiaria y solidaria para grupos “no asegurables.”
Estas discusiones han visibilizado el requerimiento de un enfoque multisectorial y la necesidad de su abordamiento compartido. En diciembre de 2011, además de una exhortar mayor cooperación y financiamiento a la comunidad internacional, los Presidentes se comprometieron a asignar -en la medida de lo posible, recursos con enfoque de reducción de riesgo y adaptación al cambio climático para la rehabilitación y reconstrucción de la región.
Las recomendaciones
En las discusiones realizadas en el marco de la ECC CA, se han identificado propuestas de
medidas, tales como:
• Fortalecer capacidades para diseñar políticas de sostenibilidad fiscal que reduzcan los riesgos climáticos e incentiven la producción e infraestructura sostenible y resilientes, incluyendo análisis y revisión de subsidios, impuestos y exenciones.
• Desarrollar y aplicar normas para proyectos de inversión para fortalecer la resiliencia climática con los Ministerios encargados de infraestructura de sectores como salud, educación, transporte/vialidades, y energía (especialmente hidroeléctricas), incluyendo una valorización económica del riesgo climático desde la fase del diseño.
• Establecer lineamientos y capacitación para la formulación de programas y presupuestos sectoriales para aumentar la resiliencia climática, integrándolo a iniciativas de presupuestación por resultados, cuando sea el caso.
• Desarrollar programas de aseguramiento y gestión integral de riesgo en el sector agropecuario y en los sectores arriba identificados a nivel nacional y considerar opciones de iniciativas regionales.
• Diseñar y acreditar mecanismos nacionales para la gestión y administración del financiamiento climático internacional.
• Expandir los mecanismos y las capacidades para aprovechar diversas fuentes de financiamiento para la adaptación y la reducción de emisiones y valorizar los servicios de los ecosistemas.
• Contribuir a la construcción y gobernanza de mecanismos internacionales de financiamiento que reconozcan la situación de países en vías de desarrollo altamente vulnerables al cambio climático y respondan a sus necesidades y oportunidades.
• Analizar el impacto potencial del cambio climático sobre los ingresos fiscales por sus efectos directos en los sectores productivos y sus efectos potenciales en la economía global.
• Analizar el impacto potencial sobre el gasto en salud y en los programas de transferencias a poblaciones en pobreza, los impactos directos en la población y establecer prioridades de adaptación, como la extensión agrícola, inversión en infraestructura adaptada al cambio climático y eventos extremos de mayor intensidad, sistemas de registro de datos climáticos y seguros productivos.
• Ampliar y precisar los esquemas financieros que incentiven el manejo sustentable y la conservación de los bosques y reconozcan el valor económico de sus servicios ambientales, incluyendo los hidrológicos y de sumidero de carbono.
• Incluir en las políticas fiscales incentivos dinámicos, combinando regulación con señales de precios y, en algunos casos, escalonados en el tiempo a favor de agentes económicos, procesos productivos y sectores cuya actividad reduzca externalidades socio ambientales, desarrolle mayor eficiencia de uso de agua, electricidad, hidrocarburos y reduzca emisiones
Como lo dijo el propio gobernante hondureño Juan Orlando Hernández, durante su alocución en la recién pasada Cumbre de Cambio Climático celebrada en París; “En Honduras, el cambio climático no es solamente un problema de calidad ambiental, es una dura realidad económica, social y migratoria, es un problema de vida o muerte”.
