Aprobar una nueva Ley de energía y revisar los contratos con las empresas generadoras privadas de energía es un tema estratégico, un tema de país. Una reciente y profunda investigación de Radio Progreso sobre los contratos de la ENEE con los generadores establece datos que puede ayudar a comprender las crisis y el negocio energético en Honduras.

Un dato de dominio público es que la ENEE está al borde de la quiebra, pero poco se habla sobre las causas de la quiebra. La investigación establece que los contratos son la causa fundamental de la quiebra y el dato más irrefutable es que la ENEE paga $990 millones anualmente a generadoras privadas, que representan cerca del 70% de su presupuesto operativo, a esto se suma que tiene un déficit acumulado de $2,300 millones.

En el negocio de la energía hay chinches y telepates, pero destacan tres grandes patacones que se están hartando la ENEE a través de los contratos. En primer lugar, está el Grupo Terra, propiedad del empresario Fredy Nasser, le siguen el Grupo Iresa y Lufussa de los clanes Larach y Kafie y en tercer lugar están sociedades mercantiles donde destacan miembros de la casta de los Canahuati.

Cada año la ENEE debe pagar a estos tres grupos $642.1 millones en total. Sólo las empresas del Grupo Terra, recibieron la tercera parte, $327 millones, es decir, más de 7,000 millones de lempiras. Fredy Nasser posee plantas de electricidad renovables y térmicas y tiene como cliente principal a la ENEE. En 23 años, sus empresas han suscrito más de 20 contratos. Sólo por 11 de ellos cobró de enero de 2019 a julio de 2020, cerca de $434 millones (más de 10 mil millones de lempiras).

En la última década se priorizó la energía privada por encima de la pública, aunque la producción de energía pública es lo que más conviene a un país en quiebra. Mientras el Estado genera cada Kilovatio a 2 centavos de dólar, a nivel privado lo paga arriba de 12, 19 y hasta 21 centavos. Tenemos unos de los servicios de energía más cara de la región quitando capacidad competitiva al país.

Pero el negocio de la energía no termina en los contratos. La ENEE empezó a comprar energía privada desde la década de los 90, pero a partir de 2007 se estimuló el cambio de matriz hacia la producción energética con recursos renovables, a través de exoneraciones fiscales, pago de bonos y precios de generación, que no pueden ser asumidos por la estatal. En 2019 el Estado dejó de recibir por concepto de exoneraciones $1,700 millones, de los que $203.2 millones corresponden al área energética.

Curiosamente desde el Tribunal Superior de Cuentas hasta el Fondo Monetario Internacional, reconocen que gran parte de los contratos de generación de energía se han firmado violando la ley y recomienda su revisión como condición de posibilidad para el rescate financiero de la ENEE. Este panorama establece la urgencia de la reforma energética y ésta demanda la participación activa del Estado en la producción de energía, así como la liberación del mercado de la energía, porque actualmente lo que tenemos es a un reducido grupo de familias enriqueciéndose a costa del Estado.

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