Radio Progreso
En el capítulo X sobre Defensa Nacional de la Constitución de la República, el artículo 287 establece la creación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y remite a una ley especial la regulación de su organización y funcionamiento.
El régimen de Juan Orlando Hernández aprovechó esta figura constitucional para desnaturalizarla y crear una a su medida en su búsqueda por controlar toda la institucionalidad del Estado.
Formalmente esta estructura tiene como propósito rectorar, diseñar y supervisar las políticas públicas en materia de seguridad, defensa nacional e inteligencia, así como armonizar las acciones para el mejor desempeño de las entidades que participan en él.
Pero en la práctica, más que un órgano de coordinación de poderes, tiene todas las características de un supra gobierno presidido por el Presidente de la República, en el que el Poder Judicial y el Ministerio Público quedan subordinados a él.
Como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta estructura ha generado una creciente concentración de poder del Ejecutivo sobre los poderes Legislativo, Judicial y el Ministerio Público.
Por ello, la propuesta de una nueva ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es una iniciativa necesaria porque, entre otras cosas, elimina la concentración de poder en el Poder Ejecutivo y devuelve las decisiones sobre defensa nacional al poder civil.
Y como lo señala Leticia Salomón, esta nueva ley debería ser “apenas el comienzo de la desarticulación de la estructura autoritaria de protección de la impunidad que garantizó el gobernante anterior con el silencio cómplice de quienes constituyeron y aún constituyen ese Consejo”.
