• El 8.4 % de los hogares hondureños siguen siendo víctimas de extorsión.
• Conadeh ha registrado 174 quejas por violaciones a los derechos humanos en el marco del estado de excepción.
Tegucigalpa, 6 de junio de 2023. A seis meses de la declaración del estado de excepción para el combate a la extorsión en Honduras, apenas uno de los 30 puntos de acción contemplados en el Plan Integral de Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos ha sido cumplido, detalla el informe “Extorsión bajo la lupa: evaluando los seis meses de estado de excepción y plan antiextorsión”, presentado este martes por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Dicho informe recoge los resultados de una encuesta nacional, datos oficiales de la Policía Nacional, Juzgados en Materia de Extorsión, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) y la Secretaría de Finanzas, así como consultas con expertos.
Entre los hallazgos destaca que de los 30 puntos de acción que se establecieron en el plan, sólo uno ha sido cumplido, dos están en proceso y 11 se consideran no cumplidos. Con respecto a los 16 puntos de acción restantes, la ASJ reveló que no hay información pública disponible para evaluar su cumplimiento.
Además, apunta que, entre el 6 de diciembre de 2022 y el 2 de mayo de 2023, de 800 personas detenidas por las autoridades, 194 fueron vinculadas a extorsión, la mayoría en Cortés (84) y Francisco Morazán (58).
No obstante, la extorsión es un delito de alcance nacional, que no solo afecta a los departamentos con mayor densidad poblacional que contienen a las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Cabe señalar que los departamentos que tienen la mayor tasa de extorsión son: Islas de la Bahía (17 %), Colón (13 %), Atlántida (12 %) y Santa Bárbara (12 %).
Asimismo, persiste la renuencia de la población a interponer una denuncia. En 2022, antes de la implementación del plan y el estado de excepción, 9 % de los hondureños dijeron haber sido víctimas de extorsión en los últimos 12 meses. En 2023, la cifra se redujo a 8.4 % y de estos, únicamente 21.1 % afirmó haber interpuesto una denuncia ante las autoridades.
En cuanto a los casos de extorsión judicializados, mientras que de 2017 a 2022 ingresaban al Poder Judicial un promedio de 38 casos al mes; durante el estado de excepción no han ingresado más de 20 casos mensualmente.
Según la encuesta aplicada en 173 municipios, aunque casi la mitad de los consultados (45.3 %) dijo estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con el estado de excepción, 77.4 % de los hondureños se sienten igual o menos seguros con las medidas implementadas por el gobierno y 43 % considera que el plan reducirá las extorsiones.
En consecuencia, la ASJ considera que todavía hay tiempo para fortalecer la estrategia contra la extorsión y el crimen organizado, y dar una respuesta efectiva al clamor ciudadano de seguridad, por lo que recomendó a la presidenta Xiomara Castro llevar a cabo una evaluación técnica y objetiva de la implementación del plan y el estado de excepción; elaborar una estrategia colectiva e integral incluyendo a todos los sectores relevantes y fortalecer la investigación criminal aplicando el enfoque de seguir el dinero.
