CIDH condena la prevalencia de asesinatos y otras formas de violencia contra mujeres garífunas en Honduras

24 de septiembre de 2019


Washington DC – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la prevalencia de asesinatos y otras formas de violencia contra mujeres garífunas en Honduras, en razón de su género y de su origen étnico–racial. La CIDH llama al Estado hondureño a implementar estrategias integrales para prevenir estos hechos, proteger a las mujeres garífunas en situación de riesgo y a cumplir con su obligación de debida diligencia para investigar, juzgar y sancionar a los responsables, así como ofrecer reparación integral a todas las víctimas.

De acuerdo con información de público conocimiento, en lo que va corrido el mes de septiembre se han reportado cuatro asesinatos de mujeres garífunas. Mirna Teresa Suazo Martínez, presidenta del Patronato de la Comunidad de Masca en Omoa, fue asesinada el 8 de septiembre por sujetos no identificados; Gilma Cacho, y su hija, Fiori Amaya, del municipio garífuna de Santa Rosa de Aguán en Colón, fueron asesinadas el 6 de septiembre; y Nayda Reyez Jiménez, quien fue asesinada el 7 de septiembre en la comunidad de Bajamar, Puerto Cortés. Asimismo, la Comisión advirtió con preocupación el asesinato de Belkis García, ocurrido en enero del presente año. Su cuerpo habría sido encontrado con signos de violencia sexual en la comunidad garífuna de Sambo Creek de La Ceiba Atlántida.

“Las mujeres defensoras de derechos humanos enfrentan continuamente la reprobación de su participación en la vida pública y de su liderazgo en la defensa de los derechos humanos, de sus territorios y de sus tradiciones” afirmó la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH. “Haciendo uso de estereotipos machistas y racistas, estas personas o colectivos buscan deslegitimar su trabajo e impedir la labor fundamental que ellas tienen en sus comunidades” continuó.

“Las lideresas garífunas se encuentran en una situación de múltiple riesgo debido a su género, su origen étnico-racial y su labor,” advirtió la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH y sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes. “Recibimos información continua y preocupante relacionada con diversos actos de violencia contra ellas y estos asesinatos son la muestra más extrema de violencia contra las mujeres por lo que han de ser debidamente investigados y sancionados”, concluyó.

La CIDH exhorta al Estado de Honduras a adoptar medidas inmediatas y urgentes para prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar todo asesinato y acto de violencia contra las mujeres, en cumplimiento con su deber de debida diligencia. Ello conlleva la adopción de medidas de prevención y protección integrales con un componente orientado a eliminar los estereotipos y patrones discriminatorios contra las mujeres. En el caso particular de las mujeres garífunas, el Estado ha de considerar todos los factores de riesgo que ellas puedan encontrar en razón de su origen étnico-racial, según lo dispuesto en los artículos 6 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

“Vemos con preocupación que los ataques en contra de lideresas garífunas e indígenas buscan impedir sus actividades de defensa de los derechos humanos, en particular en contextos de desarrollo de megaproyectos en el país”, afirmó el Comisionado Joel Hernández, Relator de la CIDH para Honduras. “Recordamos el deber del Estado hondureño de proteger a las personas defensoras y que éste se activa en el momento en que cualquier autoridad tenga o debiera tener conocimiento de una situación de riesgo, en especial en el caso de las mujeres defensoras”, concluyó el Relator.

La Comisión reitera la necesidad de que todos los actos de violencia contra las mujeres garífunas sean investigados de forma pronta y exhaustiva, y que durante los procesos de justicia las víctimas y sus familiares sean tratados con dignidad y respeto, acorde a los estándares interamericanos en la materia. Asimismo, la CIDH insta al Estado a garantizar el acceso a la justicia a todas las mujeres, en condiciones de igualdad y no discriminación, así como otorgar reparaciones integrales y con perspectiva de género para erradicar las causas estructurales que acentúan la discriminación y la violencia contra las mujeres, particularmente aquéllas que pertenecen a comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas, y desarrollan roles de liderazgo comunitario y de defensa de los derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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