Por Dunia Orellana
Activismo LGBTIQ+ hondureño llama al gobierno de Juan Orlando Hernández a cumplir con la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de no restringir derechos de la diversidad sexual
San Pedro Sula, Honduras. Mientras Costa Rica celebra a lo grande la entrada en vigencia del matrimonio igualitario, la comunidad LGBTIQ+ en Honduras todavía espera que las leyes reconozcan sus derechos de acceso a la salud, educación y empleo sin discriminación, cambio de nombre, esclarecimiento y justicia en los crímenes de odio, matrimonio igualitario y adopciones.
Tras décadas de lucha abierta por los derechos para la población lesbiana, bisexual, homosexual y transexua entre los conservadores y grupos religiosos y casi 20 años de discusión política abierta, el país centroamericano ha dado un paso firme en los derechos de la comunidad LGTBIQ+.
Hoy se agotó el plazo de 18 meses que el Tribunal Constitucional dio en 2018 al Congreso para que ajustara las leyes y permitiera implementar el matrimonio igualitario. Los diputados no lo hicieron, por lo que entró en vigor de forma automática este nuevo derecho. Se zanja el tema que partió las aguas en las elecciones de ese año tras 15 años de intentos legales, publica diario El País.
La entrada en vigencia fue recibida con una transmisión en la televisión pública y redes sociales que repasó la historia de la lucha por los derechos de la población sexualmente diversa. Costa Rica es el octavo país del continente americano en aceptar el matrimonio igualitario, el primero en Centroamérica y el número 29 en el mundo.
“Tenemos que ser tolerantes, vivimos en una sociedad abierta. Vivimos nuestra fe, profundizamos nuestra fe; nos alegra de que haya distintos tipos de relación humana, distintos caminos de familia y creo que ahí donde hay una manifestación de cariño y de familia de alguna forma, ahí se manifiesta Dios y tenemos que favorecerlo”, expresó monseñor Bartolomé Buigues Oller, obispo de Alajuela, antes de que entrara en vigor el matrimonio igualitario en Costa Rica.
Exigen los mismos derechos en Honduras
La organización lésbica hondureña Catrachas participó en noviembre del 2017 cuando la CIDH solicitó la opinión consultiva sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
“Nos presentamos en Costa Rica. Fue lindo. Participamos de una manera diferente en Honduras. En su mayor parte eran en relación con el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Fuimos y hablamos sobre el impacto y la discriminación en las personas LGBTI”, relata Indyra Mendoza, coordinadora de Cattrachas.
Mendoza manifiesta que se siente feliz por la unión con que la comunidad LGBTIQ+ logró el matrimonio igualitario en Costa Rica y se refirió a los cambios que deben hacerse en Honduras.
“Espero que alguien se atreva a revisar el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron Cattrachas y otras organizaciones LGBTI para aprobar el matrimonio igualitario. Lo logra Costa Rica, pero es un avance para todas. Espero que en algún momento nos toque tirar los cohetes en Honduras”.
En 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saludó la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica que declaró inconstitucional el artículo del Código de Familia que prohíbe explícitamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Comisión instó al Estado a avanzar en la implementación efectiva de esta sentencia.
La decisión menciona los criterios de la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se instó a los Estados a impulsar reformas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para adecuar sus ordenamientos internos para garantizar que personas del mismo sexo tengan el derecho a contraer matrimonio.
Sin embargo, que la Corte Suprema de Justicia mantuviera la vigencia del inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia por 18 meses ha preocupado a la sociedad civil de Costa Rica.
La Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe la discriminación de cualquier índole, enfatiza la Comisión. Por ello se proscribe toda norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la persona.
Ninguna norma de derecho interno puede disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.
La deuda que el Estado tiene con la población LGBTI+
“Costa Rica se convierte en un país que actúa a la altura de la ley. Fue el primero en preguntar a la CIDH a través de una opinión consultiva. La Corte comentó y refrendó esa opinión y le dijo que el matrimonio igualitario es un derecho humano”, expresa la abogada y especialista en estudios de género Vanessa Siliezar.
De ese modo se da “equidad” a quienes buscan legalizar su unión para que puedan optar a beneficios mutuos. Sin embargo, ningún cambio se ha llevado a cabo en Honduras respecto al matrimonio igualitario, aunque el país ha sido procesado muchas veces ante la CIDH.
“La corte les ha dicho a los países miembros que no legalizar esta unión es una violación flagrante de los derechos humanos”, agrega Siliezar. “Es algo que debe entrar ya dentro de la normativa interna” de Honduras.
Un problema, dice Siliezar, es la influencia de los grupos religiosos en la política: “Los legisladores están altamente permeados por el fundamentalismo. Es inevitable reconocer que los de la comunidad LGBTI son derechos humanos y que trasciende el orden privado de lo que nos han querido inculcar la Iglesia y los grupos fundamentalistas”.
Opiniones divergentes
Seguro social, jubilación, pensión, seguro médico, decisiones médicas, proyectos con el compañero [o compañera] de vida. Esos son los derechos que ahora tienen en Costa Rica las parejas homosexuales, expresa el comunicador Beyger García.
“Estoy contento”, agrega. “Es un gran logro para la comunidad LGBTIQ+, un antes y un después. Ojalá Centroamérica tome el ejemplo y, en vez de discriminar, juzgar y señalizar este derecho de todas y todos, se abra y les dé la oportunidad de vivir plenamente”.
Sin embargo, Honduras está lejos de lograrlo. En lugar de eso, “a diario se violan los derechos humanos de las personas LGBTI y del resto de la población”, dice García. “Costa Rica pasa a la historia como uno los 29 países que han aprobado el matrimonio igualitario y no criminalizan a la diversidad sexual”.
Hay opiniones que contrastan con la casi unánime celebración por el logro esperanzador de los costarricenses.
“En estos momentos de SOS en la humanidad, esa es una de las noticias menos relevantes, cuando el clamor de todos los seres humanos es la vacuna contra el coronavirus”, manifiesta el periodista, Sabino Gámez.
El reconocido comunicador sampedrano se alegra por el logro de la comunidad LGTBI de Costa Rica, pero sostiene que en Honduras “hay problemas y leyes infinitamente más importantes y urgentes que aprobar cuando tenemos un sistema de salud en calamidad, hambre, desempleo, corrupción e inseguridad. A eso sumó la ignorancia y el desinterés de la gente en prevenir el contagio de COVID-19″.
