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LIDER DE MISIÓN ANTICORRUPCIÓN EN HONDURAS RENUNCIA ALEGANDO HOSTILIDAD

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Por Elizabeth Malkin. Feb 16, 2018

NEW YORK TIMES

CIUDAD DE MÉXICO – El líder de una misión internacional contra la corrupción en Honduras ha renunciado, dando un golpe a la campaña contra la corrupción profundamente arraigada en el país y poniendo en duda el futuro de la misión.

En una carta dada a conocer el jueves por la noche, el líder del panel, Juan Jiménez Mayor, un ex primer ministro peruano, dijo que su pequeño grupo de fiscales ha sido abandonado mientras crece la hostilidad del gobierno hondureño.La misión está respaldada por la Organización de Estados Americanos, pero el Secretario General del organismo regional, Luis Almagro, quien nombró al Sr. Jiménez, se negó a reunirse con él en Washington hace dos semanas. El Sr. Jiménez había planeado discutir los casos de corrupción que perseguían sus fiscales, además de la resistencia, incluidas las amenazas, que bloqueaban su trabajo.

“No deberíamos estar solos, y él lo sabe”, escribió el Sr. Jiménez.
El principal fiscal del panel, Julio Arbizu, un ex fiscal anticorrupción en Perú, y un juez chileno, Daniel Urrutia, también renunciaron al panel.

Aunque el Sr. Jiménez dijo que el grupo restante, unas dos docenas de expertos, continuaría sus investigaciones sin él, podría ser difícil atraer a alguien con su formación para que se haga cargo de la tarea en Tegucigalpa, la capital de Honduras.

“La pregunta ahora es si Almagro dará un paso adelante y nombrará a un fiscal calificado y con experiencia para reemplazar a Juan Jiménez o simplemente designará a un diplomático que no pretenda irritar a Honduras”, escribió en un correo electrónico Eric L. Olson, experto hondureño en el Woodrow Wilson International Centre for Scholars en Washington. “Eso sería desastroso”.

Los grupos gubernamentales limpios en Honduras respondieron a la noticia con consternación. “Este es el comienzo de una ofensiva política contra los pilares fundamentales que están en contra de la corrupción en Honduras”, dijo Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Las tensiones entre el Sr. Almagro y el Sr. Jiménez habían aumentado durante meses, pero la gota que colmó el vaso parece ser una carta que el Sr. Almagro envió al presidente Juan Orlando Hernández el miércoles. En ella, se quejó de que la misión, conocido por sus iniciales en español como Maccih, “no había podido producir los resultados y enjuiciamiento de casos de corrupción que hubiésemos deseado y que le debemos al pueblo de Honduras”.

Fue una queja extraña dirigir al Sr. Hernández. Los aliados del presidente han trabajado para sabotear gran parte de los esfuerzos de la misión, congelando la legislación propuesta para proteger a los testigos y deteniendo la aplicación de nuevas leyes de financiación de campaña.

Pero la afrenta más directa se produjo el mes pasado, después de que la nueva unidad contra la corrupción del Fiscal General, que trabajaba con el panel, acusó a cinco legisladores de embolsarse dinero destinado a proyectos sociales en sus distritos electorales. En respuesta, el Congreso hondureño aprobó un decreto presupuestario que congeló todas las investigaciones sobre el dinero para esos proyectos sociales, y un juez desestimó el caso contra los legisladores.

Furioso, el Sr. Jiménez dijo entonces que la investigación se había extendido a unos 60 legisladores actuales y anteriores, incluido el poderoso presidente del Congreso, Mauricio Oliva Herrera, un aliado cercano del presidente.

La investigación también pareció ampliarse más allá del Congreso. El mes pasado, los investigadores de la misión y la oficina del Fiscal General allanaron una fundación que es una de las tantas que canalizan el gasto social del gobierno hondureño con poca supervisión. La suegra del presidente, Carlota Carías, fue directora ejecutiva de la fundación.

La misión, cuyo nombre completo es Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, también se convirtió en un enemigo entre líderes empresariales cuando comenzó una investigación el año pasado sobre una concesión para una represa con la oposición de miembros de la comunidad indígena lenca.
Berta Cáceres, una activista por los derechos indígenas y ambientalista que encabezaba la oposición, fue asesinada hace dos años en un caso que se ha convertido en emblemático de la violencia en Honduras contra defensores de los derechos humanos, activistas políticos, periodistas y ambientalistas.

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