Ana Elsy Mendoza, Periodista

Diario El Heraldo

En marzo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución clave para despejar dudas sobre el estrecho vínculo entre corrupción y derechos humanos. Sentenció que por el desvío de los fondos estatales a particulares y el tráfico de influencias, la corrupción no solo debilita las instituciones y la legitimidad de los gobernantes, sino que también afecta el pleno goce de los derechos humanos de la ciudadanía, en especial los sociales, económicos, culturales y ambientales, derechos que no pueden hacerse efectivos con políticas y presupuestos públicos diezmados por la corrupción y, por lo tanto, profundizan la exclusión de las mayorías.

El fallo recoge elementos de la resolución de 2017, emitida en apoyo al comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, cuando el actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales, lo declaró non grato y el Congreso Nacional de ese país fraguó el “pacto de corruptos” que reformó el Código Penal, en un intento por diluir las acusaciones por el delito de financiamiento electoral ilícito que tiene acorralado a Morales. Si se revisa el caso Red de diputados, Pandora y el IHSS, entre otros, las maniobras de los corruptos funcionan igual en todas partes.

Este vínculo perverso entre poder, corrupción y su impacto en los DD HH fue analizado esta semana por más de 50 operadores de justicia en un foro organizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

La conclusión no da lugar a tergiversaciones: la corrupción es uno de los obstáculos más relevantes para la protección de los derechos humanos (DD HH), el desarrollo social y económico del país, impacta negativamente en la democracia y el pleno goce de los DD HH y, por lo tanto, “debe investigarse integralmente, incluyendo los grupos de poder involucrados”

Bajo la experiencia de países como Guatemala y Colombia, se analizó cómo investigar, juzgar y sancionar estos delitos en Honduras. Para que esto sea una realidad sostenible, la resolución de la CIDH precisa la urgencia de “crear un ambiente libre de amenazas para el ejercicio de la libertad de expresión de quienes investigan, informan y denuncian actos de corrupción”.

Pero las artimañas de los corruptos para seguir gozando de los privilegios se nutre no solo de componendas multipartidarias, sino además de burdas conspiraciones en contra de las y los que aspiran a un país de primera clase, quienes de denunciantes pasan a ser denunciados y perseguidos.

La semana anterior se filtró que en la reunión de la asamblea general del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ciertos miembros que estarían respondiendo a intereses alejados de la misión de esa instancia de sociedad civil desautorizarían como vocera a la directora ejecutiva, Gabriela Castellanos, como acción inicial para proceder posteriormente a su despido.

La noticia se regó en las redes como polvorín y la asamblea salió al paso desmintiendo la noticia. La información cobró notoriedad porque desde que el CNA se ha convertido en el brazo técnico independiente de la lucha anticorrupción, estos intentos han sido recurrentes.

Por el conflicto natural que representa la relación entre poder y lucha anticorrupción para que se garantice el trabajo del CNA, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y la Maccih, la ciudadanía debe entender que el dinero que desvían los corruptos para beneficio personal les pertenece.

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