Con los mismos pactos electorales, tendremos los mismas malos resultados electorales
Después del grave daño a la democracia, a las instituciones públicas, a la sociedad hondureña y a la economía que produjo la crisis poselectoral del año 2017, a través de violencia y conflictividad social, daños a la propiedad y saqueos, violaciones a los derechos humanos y muertes, al grado que aún se viven secuelas en el país sumergida en una multicrisis permanente y un éxodo migratorio masivo de hondureños; quedó más que evidenciado que el problema de origen de la democracia electoral hondureña son los pactos políticos de nombrar militantes partidistas con el único propósito de promover intereses particulares en los órganos electorales –y no defender el derecho humano al sufragio universal, libre y abierto.
Estos pactos electorales que ha venido arrastrando la clase política hondureñas por décadas no han servido para fortalecer la institucionalidad electoral al no permitir que actué con independencia, capacidad técnica e imparcialidad. Tampoco se respetan las reglas electorales acordadas en la ley, buscando ventajas a través de la manipulación y obstáculos a la competencia política, propiciando la exclusión sectaria, el clientelismo y la corrupción. Por último, como bien quedó demostrado en el pasado proceso electoral, estos pactos no permiten resolver conflictos electorales y resultados estrechos de manera pacífica y civilizada, produciendo desconfianza, denuncias de fraude y gobiernos sin legitimidad
Tal como lo manifestaron las Misiones de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (ACNUDH) en sus diferentes informes y pronunciamientos, la debilidad y falta de credibilidad del sistema, la tardanza en la comunicación de los resultados, las múltiples denuncias de fraude electoral, la ausencia de una justicia electoral y las muertes de compatriotas hondureños en la época postelectoral, dieron cuenta de la necesidad de impulsar una regeneración total del sistema electoral en aras de evitar que los hechos se repitan y garantizar elecciones transparentes y legítimas. Sin embargo, las únicas reformas que habrán es un reacomodo de las fuerzas políticas que les permitirá a los partidos políticos prepararse para la próxima contienda electoral, con las mismas viejas prácticas y resultados.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, como organización de sociedad civil que ha venido monitoreando y haciendo veeduría social al proceso de reforma electoral, abogando por cambios profundos, entre ellos la selección meritocrática, abierta y transparente de las máximas autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), alerta a la población hondureña y la comunidad internacional sobre los pactos que se están fraguando por sectores oscuros de los partidos políticos representados en el Congreso Nacional que utilizan la coyuntura de las reformas electorales para insertar personas afines a sus intereses para garantizar la ancestral manipulación en los comicios y el sesgo en las decisiones respecto a los procesos electorales que desnaturalizan y modifican la voluntad popular expresada en las urnas y permiten que el manto de la impunidad cubra los actos de corrupción y delitos cometidos en el pasado y los que se ejecutarían en el futuro cercano.
En razón de lo anteriormente expuesto, haciendo uso de nuestros derechos humanos y constitucionales de participación y petición, demandamos a los honorables diputados y diputados de todos los partidos políticos representados en el Congreso Nacional lo siguiente:
1⃣ Una selección basada en los principios de la meritocracia, idoneidad y transparencia de los titulares del Registro Nacional de las Personas (RNP), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), con el propósito de generar la suficiente integridad y confianza en la población hondureña que se le respetará, defenderá y protegerá su derecho universal al sufragio.
2⃣ Garantizar públicamente mediante la divulgación de la respectiva información que las personas escogidas y nombrados a os órganos de la función electoral cumplen con los más altos estándares éticos y de integridad; sin tener conflictos de interés por su vinculación directa a las dirigencias partidistas, a grupos empresariales, a organizaciones de sociedad civil e iglesias, a redes de corrupción, al crimen organizado o narcotráfico, o por tener procesos pendientes con la justicia hondureña o extranjera. Asimismo, admitir, dar trámite, investigar y resolver cualquier tacha o denuncia debidamente sustentada presentada contra cualquiera de las personas nombradas a los órganos de la función electoral.
3⃣ Debido al nacimiento de la justicia electoral en este proceso de reforma y la importancia trascendental en la resolución de conflictos políticos, el Congreso Nacional y los partidos políticos representados, deben asegurar mediante exámenes y verificaciones de antecedentes profesionales que las personas nombradas para ser magistrados de Tribunal de Justicia Electoral (TJE), tengan los debidos conocimientos y experiencia comprobada de por lo menos diez años en materia de administración de justicia, procesos jurisdiccionales, litigios judiciales o defensa jurídica de derechos humanos políticos.
4⃣ Proceder a la elaboración y la aprobación de la Ley del Consejo Nacional Electoral y la Ley Procesal Electoral, las reformas a la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos y la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, antes de enero de 2020, con la advertencia de que si no se cumple con dicho plazo se estaría corriendo el riesgo de utilizar la Ley Electoral vigente incumpliendo con las expectativas de la ciudadanía de una reforma profunda al sistema electoral. Asimismo, es imperioso que de una vez por todas se efectúe la discusión de temas fundamentales como la realización de la consulta ciudadana sobre la reelección presidencial y la segunda vuelta electoral.
5⃣ Cumplir con los compromisos internacionales que ha adquirido Honduras en materia de derechos humanos y derechos políticos. Asimismo, atender las recomendaciones de las misiones de observación internacional que por más de diez años han venido recalcando la necesidad de órganos electorales independientes e imparciales en Honduras. Retomar las recomendaciones relacionadas al sistema político electoral establecidas en el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del 2011. Por último, dar cumplimiento a lo dispuesto en los Informe Diálogo Político en Honduras auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los informes de propuestas de reformas electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Instituto Nacional Demócrata (NDI), que han acompañado a las Comisiones Legislativas en materia electoral. Asimismo, las recomendaciones que la ASJ ha planteado con respecto a transparencia, participación ciudadana e integridad del sistema electoral.
Como una organización de sociedad civil comprometido en hacer que el sistema estatal funcione, la ASJ continuará monitoreando, auditando y evaluando el proceso de reforma electoral; así como, informando y alertando a la población. Asimismo, motivamos a los jóvenes y mujeres, grupos étnicos y originarios, personas con discapacidades y los colectivo LGBT a ejercer sus derechos para que puedan ser escuchados y sus demandas de participación política queden plasmadas en la nueva legislación electoral. A la comunidad internacional en Honduras, le pedimos que no solo se conformen con el número de votos que obtengan los nombramientos o las reformas electorales como hito de legitimidad, sino con la transparencia, la apertura a la participación y la respuesta a las demandas ciudadanas.
En estos momentos de enorme crisis y desconfianza ciudadana, Honduras necesita de reformas electorales que contribuyan a reducir los niveles de polarización y conflictividad social, que le permita a la clase política trabajar por el bien común y, sobre todo, que produzca un próximo gobierno con la suficiente legitimidad para atender los grandes problemas de nación con el reconocimiento, respeto y colaboración de la población.
ASOCIACIÓN PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA (ASJ)
