Radio Progreso
El camino para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia se ha allanado con la aprobación e implementación de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora.
Mientras ese proceso sigue su curso inicial, en el horizonte también se vislumbra otra elección importante: la de las personas que ocuparán los cargos de Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público.
Debemos recordar que la Fiscalía es la responsable de la protección de los intereses de la sociedad y para ello es necesario que sea independiente y libre de toda injerencia político sectaria.
Sin embargo, como lo señaló el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, el procedimiento actual de selección y nombramiento del Fiscal General y su adjunto constituye una clara amenaza a su independencia.
A su vez, en las dos ocasiones en que ha sido elegido el fiscal actual, Óscar Chinchilla, se ha violado la Constitución debido a la ausencia de criterios de selección apropiados, de procedimientos objetivos de evaluación y de transparencia, y escrutinio público.
El resultado es que Honduras se ha convertido en el país que ocupa el primer lugar en impunidad en América Latina y en el segundo a nivel mundial con más SLAPP’s, es decir, con más uso de acciones penales abusivas para criminalizar.
En este sentido, el Ministerio Público, en vez de representar y defender los intereses de la sociedad, es una herramienta para perseguir penalmente a quienes defienden los derechos humanos, el ambiente, la tierra, los territorios y los bienes comunes.
Es fundamental que los sectores democráticos del país trabajemos desde ya para que las autoridades adopten las medidas necesarias que garanticen un proceso que permita la elección de las personas más capaces, más íntegras y más idóneas.
