La comunidad de Guapinol solo quiere tener una vida digna, con sus ríos libres de contaminación y el parque natural Carlos Escaleras sin estar sometido al daño producido por el extractivismo minero en manos de la empresa Los Pinares.

Por ello, sus miembros han sido criminalizados, privados de su libertad, amenazados, hostigados, reprimidos violentamente y asesinados. Aly y Jairo son las más recientes víctimas.

A pesar de que se han denunciado las irregularidades cometidas en el otorgamiento de las concesiones al proyecto minero de Lenir Pérez y Ana Facussé, y a que este ha contaminado los ríos y destruido una parte del núcleo del parque nacional Carlos Escaleras, las autoridades no han hecho nada que detenga.

La Ley General de Minería faculta a MIAMBIENTE a suspender las actividades mineras cuando exista riesgo o peligro para la vida de las personas y sus bienes, y a declarar nulo el derecho minero cuando se otorga incumpliendo la ley, esta se ha limitado a hacer declaraciones vacías.

Con respecto a este conflicto el actual gobierno solo se diferencia del régimen anterior en sus declaraciones favorables a la comunidad de Guapinol, pero en la práctica son iguales porque permite que continúe dicho proyecto minero y no quiere comprender que el derecho a una vida humana digna debe ser la prioridad.

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