Feminicidios: los crímenes que oculta el socialismo

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La primera asesinada del año se llamaba Leydi Laura García Lugo y tenía 21 años. Pero es probable que no sea la primera. Tal vez, por la conmoción que causó el hallazgo de su cadáver a un costado de la autopista nacional que conduce desde Santa Clara a Ranchuelo, y la inusitada confirmación del Ministerio del Interior, la suya sea la única cara visible del 2019. Aunque seguramente murieron otras. Otras que fueron sepultadas por el silencio de la prensa oficial, que durante décadas ha tratado de fortalecer el postulado de que en Cuba no hay violencia de género y menos Feminicidio. “Un efecto de la Revolución”, en palabras de la directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), Mariela Castro Espín. Hija de Raúl, sobrina de Fidel.

Leydi Laura había hablado por teléfono con su madre la mañana del sábado 30 de marzo. Acababa de terminar la guardia en el Hospital ginecobstétrico Mariana Grajales del municipio de Santa Clara, provincia de Villa Clara, como parte del servicio rotativo que debía cumplir en su cuarto año de Medicina. Le había anunciado que llegaría antes del medio día. Se encontraba sola, en la carretera, haciendo “botella” o como se conoce popularmente en la isla a la acción de pedir un aventón al primer vehículo que aparezca. Nunca llegó. Esa misma tarde, la familia denunció la desaparición y empezó una búsqueda desesperada por redes sociales que terminó trágicamente tres días después.

Eran las 11:00 del martes cuando el cuerpo de la joven fue hallado en medio de un cañaveral. Llevaba pantalones azules, de los que usan los médicos, calzado deportivo de igual color y una blusa manga corta blanca. “Tenía hematomas en la cara y abdomen”, según recoge el medio alternativo Tremenda Nota, así como “claras señales de violencia extrema”. Tanto que las autoridades no permitieron que su familia la vea y fue sepultada esa misma tarde en el cementerio local de Ranchuelo. Aunque trascendió que murió por estrangulamiento, nunca se esclareció si fue abusada sexualmente, y como prácticamente todos los crímenes contra mujeres en Cuba, a falta de información los vecinos comenzaron a especular sobre las causas. Venganza familiar o Feminicidio, se ubicaron como las principales motivaciones.

El Feminicidio es un término identificado por la ONU como el asesinato de una mujer por razón de su género que “ocurre en el ámbito familiar o en el espacio público y puede ser perpetrada por particulares o ejecutada o tolerada por agentes del Estado”. Un término del que se habla en voz baja en la isla y no es reconocido por la legislación cubana ni autoridades policiales ni tribunales, explica la jurista Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal CUBALEX. “La negativa a reconocer el Feminicidio, en parte es ideológica, para llamarlo de alguna forma. El proceso revolucionario supuestamente tuvo en cuenta la progresividad de los derechos de la mujer y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) reafirmó esa idea”, sostiene.

“La violencia de género, según el Estado cubano en sus informes presentados al Comité para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) por sus siglas en inglés, es un problema intrafamiliar, sabes… ‘entre marido y mujer, nadie se debe meter’, así la mate a palo, a puñalada o a machetazo”, indica Laritza Diversent. “La relación social entre el hombre y la mujer es de sentido de pertenencia y subordinación, una mujer puede ser atacada por su pareja por simples rumores de infidelidad o porque no quiere regresar a la relación”, añade la jurista y recalca: “La violencia intrafamiliar no es parte del derecho a la intimidad”.

Mientras que en la mayoría de países de la región las legislaciones avanzan en la protección de la mujer con acciones como la tipificación del Feminicidio, en Cuba la tendencia es contraria. Poco cuenta la considerable presencia de mujeres a nivel estatal y político, que según cifras oficiales representan el 46 por cierto de la fuerza laboral del sector público-civil y el 65 por ciento de profesionales y técnicos del país. Mientras que en las últimas elecciones del Poder Popular se eligió a un 40 por ciento de delegadas y a un 30 por ciento de presidentas de asambleas municipales.

“El Estado propicia la plena participación de la mujer en el desarrollo del país y la protege de cualquier tipo de violencia”, dicta el último inciso del artículo 45 de la nueva Constitución cubana, aprobada en referendum el 26 de febrero pasado. Un precepto constitucional que ha levantado expectativas en la isla, en el debate sobre la violencia machista y el feminicidio que es un fenómeno tangible aunque no se lo llame por su nombre. Pero para la abogada Diversent, aquello es letra muerta si no trae como mínimo cambios al Código Penal y al Código de la Familia.

Tirado como si fuese un desecho, también fue encontrado el cuerpo de Yulismeidys Loyola Fernández cerca de Camino Jorobao, al oeste de la localidad de Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Tenía 16 años, era hija única y estaba por empezar el último año de bachillerato. La hallaron con los pantalones abajo y la blusa desgarrada. Transcurría la penúltima semana de agosto de 2018. La adolescente fue apuñalada salvajemente. Tenía una estocada en la pierna, dos en la espalda que le atravesaron los pulmones y estaba degollada. El culpable, según reveló la policía y reprodujeron los medios estatales, era uno de los jóvenes con los que había departido esa noche. El móvil, un intento de violación. Aunque familiares dudan de la versión oficial y piensan que el abuso sexual sí se perpetró.

En este caso, también hubo alarma y desinformación entre los lugareños, hasta que las autoridades se pronunciaron al noveno día. Un hecho insólito en cuanto a asesinatos de mujeres en Cuba, que han sido sucedidos por un silencio ensordecedor durante los últimos años. Todos, a excepción de tres casos: el crimen de Leydi Laura, el de Yulismeidys y el de Leydi Maura Pacheco de 18 años, quien fue secuestrada, violada y asesinada a finales de septiembre de 2017 en la localidad de Junco Viejo, provincia de Cienfuegos.

Pero otros crímenes atroces como los de Daylin Navarro Causse de 36 años y su madre Tomasa de 64, perpetrados también en Cienfuegos, en el municipio cabecera a mediados de mayo de 2017, no merecieron ninguna declaración oficial ni cobertura de los medios del Estado. 

Ocultamiento de Feminicidios, una política de Estado

Luis Mario, como se identifica este instructor de policía, asegura que acumula más de quince años de experiencia en procesos de investigación penal. Desde su apacible domicilio familiar de Ciego de Ávila, dice sentirse más cómodo para hablar de un tema catalogado como confidencial. Confiesa que es la primera vez que accede a conversar con la prensa independiente. Acto seguido, advierte que esto podría costarle el cargo y acarrearle represalias.

Según el relato del policía, las investigaciones de crímenes de mujeres en Cuba nunca tienen un enfoque de género ni se realizan de forma cabal. “No existe un empeño real más allá de identificar al autor y establecer la existencia del delito y los elementos básicos que lleva un expediente penal”, sostiene y reconoce que existe una política de Estado que tiene a ocultar un fenómeno que ni al Ministerio del Interior ni al partido le interesa confrontar.

Esto lleva a que los procesos judiciales se sigan por homicidio, que según el Código Penal cubano contempla penas que van desde los siete a los quince años de privación de libertad. En lugar de que se sigan por asesinato, que se castiga con penas desde los quince a treinta años y amerita la incidencia de agravantes como la premeditación, el aumento del sufrimiento de la víctima, su imposibilidad de defenderse y su relación familiar o conyugal con el perpetrador. Agravantes que suelen ser comunes en los crímenes contra mujeres en la isla.

“Es válido señalar también que existe cierta impunidad que las leyes del país ofrecen a los hombres agresores de mujeres”, reflexiona Luis Mario. “Las condenas de cárcel no corresponden muchas veces con la naturaleza del delito, ya sea maltrato físico, mutilación o muerte. Por ejemplo, no existe ningún castigo contra los agresores que violan las órdenes de restricción o las actas de advertencia. En muchos casos de muertes de mujeres, su homicida incumplió las medidas impuestas por los Tribunales o cumple sentencias leves por lesiones o maltratos”, reconoce el instructor de policía.

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