El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó en Tegucigalpa, M.D.C. el más reciente número de sus Documentos de Diálogo Fiscal, intitulado «Honduras: desafíos y posibilidades para contar con una política fiscal suficiente, sostenible y transparente. Análisis de la situación fiscal al inicio del gobierno de la presidenta Xiomara Castro». En el documento se señala que la política fiscal, llamada a ser la insignia en los esfuerzos de recuperación del bienestar de la población, se encuentra limitada por una serie de rigideces que devienen de la acción de gobiernos previos, y en donde encontrar recursos frescos para mejorar los programas de atención a la población, es una tarea complicada y requiere de una fuerte dosis de capacidad técnica y de voluntad política, para su consecución.


Documentos adjuntos:

El Instituto indicó que la toma de posesión de Xiomara Castro como presidenta de la República de Honduras despertó la esperanza, en buena parte de la sociedad hondureña, de que el Gobierno emprenda acciones efectivas que mejoren su bienestar y aumenten sus perspectivas sobre el futuro; sin embargo, el Icefi advirtió que hereda un país con problemas estructurales y múltiples desafíos: un esquema económico que descansa su productividad en el pago de bajos salarios; baja calificación de los trabajadores y escasa generación de empleo, que empuja a la población a la informalidad y a la migración; y una administración pública débil en sus capacidades de fomentar el bienestar de los y las hondureñas.

En materia fiscal y por el lado de los ingresos, luego de la dramática caída de la carga tributaria en 2020, en 2021 hubo mejores resultados; aunque todavía por debajo de los niveles que se tenía antes de la pandemia. Asimismo, el Icefi lamentó que en el presupuesto aprobado para 2022, se continuó con la mala práctica de subestimar los ingresos.  En esta área el Icefi recomendó que se realizara de manera urgente un análisis de los niveles de incumplimiento tributario y la identificación de las prácticas más comunes de defraudación tributaria. Colateralmente, la introducción de la factura electrónica, de un sistema electrónico de retenciones y la creación de declaraciones proforma para los contribuyentes, pueden lograr un rápido incremento en percepción de impuestos; estos elementos no excluyen la necesidad de realizar una pronta evaluación de la efectividad de la administración tributaria.

Adicionalmente, y en forma complementaria al esfuerzo iniciado por las entidades gubernamentales en la medición del beneficio – costo de algunos tratamientos tributarios preferenciales, es pertinente que el Estado proceda a eliminar en forma inmediata aquellos que no redunden en beneficio tangible a la población.  El esfuerzo debe iniciar con la revisión de la metodología seguida y una propuesta rápida de reforma a dicha legislación, lo que debe acompañarse con la adopción de estrategias como el fortalecimiento de los controles de precios de transferencia, la sanción a transacciones con guaridas fiscales y la recuperación del sistema de renta mundial para el ISR.  También se recomendó que en el mediano plazo el ISR disponga de un sistema de renta global que evite el arbitraje entre diferentes formas de renta.

En cuanto al gasto público, la estimación considerada en el presupuesto aprobado para 2022 se contempla el esfuerzo de las anteriores autoridades de recuperar el nivel de tamaño público previo a la pandemia, pero también de contraer la actividad pública, en la búsqueda de reducir el déficit fiscal y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública.  Sin embargo, mantener esta estructura de gasto e inversión disminuye los recursos para sectores estratégicos como el educativo, los aspectos económicos y la infraestructura, y los aspectos ambientales y sociales. Para el Icefi gran parte del problema del gasto público está ubicado en las asignaciones a los fideicomisos, impulsados por el anterior Gobierno, que durante los últimos años han representado alrededor del 10.0% del presupuesto. 

Además, el Instituto resaltó que uno de los principales problemas del país es la opacidad fiscal y el alto nivel de corrupción, denotado en diversos indicadores, como el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que ubica a Honduras entre las naciones más opacas del mundo, con una trayectoria que se ha deteriorado en los últimos años. Por lo que urgió la adopción de una estrategia de combate a la corrupción y el diseño y puesta en marcha de una hoja de ruta para el desaparecimiento de los fideicomisos u otras fuentes de gasto que no puedan ser supervisados apropiadamente, trasladando los fondos a instituciones públicas que puedan mejorar los mecanismos de ejecución, transparencia y evaluación de resultados.

Mediciones internacionales realizadas por el BID e Icefi, sugiere que el desperdicio del gasto sobrepasa cuatro puntos del PIB, monto que bien podría ser utilizado para mejorar el bienestar de la población, por ello se debe iniciar con la evaluación sistemática de beneficio – costo y de los resultados obtenidos por cada tipo de gasto público, de tal forma que se vayan eliminando aquellos que no resulten de interés para la población y que no respondan a lo planteado por la Constitución Política.  El primer paso para este particular inicia con la inclusión en el esquema de planificación fiscal de mediano plazo, de mecanismos de control del gasto por medio del establecimiento de un sistema de indicadores de desempeño, que permita una fácil evaluación de beneficio-costo y la identificación de espacios de reingeniería.

El resultado fiscal muestra que el esfuerzo por contraer el déficit fiscal ha tenido un relativo éxito, sin embargo, las operaciones bajo la línea y las pérdidas de las empresas eléctrica y de telecomunicaciones, siguen empujando al alza la deuda pública.   Aun cuando el déficit fiscal, previsto para 2022, retorne a niveles prepandemia, el saldo de la deuda pública se encuentra a niveles muy altos para las expectativas económicas del país. La deuda pública del Gobierno Central  se estima que alcanzará 53.5% del PIB al cierre de 202, aunque se ubica por debajo del estándar del 70.0% recomendado por el FMI para un país pobre altamente endeudado, representa el 337.7% de la recaudación esperada, lo que ocasiona cierta presión de mediano plazo sobre el riesgo de incumplimiento. Por ello, debe estudiarse y ejecutarse una reestructuración de la deuda pública, buscando disminuir su costo, conseguir ampliar periodos de gracia y extender los plazos para su pago. El Instituto también sugirió avanzar hacia una auditoría de la deuda pública para conocer si la contratación de la misma ha cumplido con la regulación que demanda el marco legal nacional e internacional.

Finalmente, el Icefi señaló que es urgente que las nuevas autoridades gubernamentales y la sociedad hondureña generen las condiciones políticas para la construcción y puesta en marcha de un Acuerdo Nacional para la Suficiencia y Sostenibilidad Fiscal, en el que se garantice la disponibilidad y buen uso de los recursos públicos, la transparencia y un manejo estratégico de la deuda pública, con el fin de atender exitosamente la construcción de la democracia, la promoción del crecimiento económico sostenible y del empleo, la equidad social, la efectividad del Estado y la garantía de los derechos para toda la población hondureña.

Tegucigalpa M.D.C., Centroamérica, 11 de mayo de 2022

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