Nueva racha violenta en América Latina

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América Latina parece entrar en un nuevo ciclo de violencia en diferentes países, un fenómeno atribuible, por un lado, al disenso político, y por otro, a la criminalidad rampante que se vale de terror y miedo para imponer su ley.

Recientemente México volvió a romper un deshonroso récord de homicidios. En los primeros 3 meses de 2019, 8.493 personas fueron asesinadas, 743 más que en los mismos meses de 2018, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Una situación parecida se vive en Colombia.  El alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga pidió ayuda del Gobierno para frenar la racha violenta que hasta mayo contabilizaba 31 homicidios, para sumar un total de 260 muertes violentas en 2019, según cifras policiales. Un rebrote de violencia que le recuerda al país la peor época del terror de Pablo Escobar, cuando las bandas  narcotraficantes se disputaban el control territorial.

Por su parte, “maras” y bandas criminales producen zozobra en el Triángulo del Norte en Centroamérica donde sus acciones criminales ahuyentan a la población provocando el éxodo masivo. Según un informe reciente del Consejo Noruego para los Refugiados, unas 16.000 personas cruzaron la frontera guatemalteca entre octubre y noviembre de 2018 con destino a México, provenientes de Honduras y El Salvador.

Enfrascados en este marco de violencia que no parece cesar, sino más bien aumentar, los líderes de cada país no logran aplacar la crisis. ¿Por qué sus gobiernos no han podido frenar o minimizar este fenómeno in crescendo?

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se ha resistido a reconocer el aumento de la violencia en su país, pero cifras oficiales dan cuenta de que, desde su llegada a la Presidencia en diciembre de 2018, AMLO tiene pendiente resolver uno de sus grandes retos y pesa sobre sus hombros el evitar masacres, la muerte de líderes políticos. sindicales y la criminalidad producto del narcotráfico.

El aumento de la violencia en este país es contundente, desde el 1 de diciembre de 2018 van 11 mil 368 asesinatos, el presidente mexicano no ha logrado frenar la ineficacia de las fuerzas del orden ante el fenómeno criminal.

López Obrador llegó a modificar la Constitución para crear una Guardia Nacional que pueda operar en todo el territorio y coordinar esfuerzos con las fuerzas estatales de Policía, pero los primeros resultados aún no están a la vista y pondrán a prueba la nueva estrategia en los siguientes meses.

Andrés Manuel

@lopezobrador_

 

Estrategia de seguridad e inicio de operaciones de la Guardia Nacional, desde Minatitlán, Veracruz. https://www.pscp.tv/w/b5OFyzF4TlFhYWVySmVhUWJ8MWVhSmJ2b1BkYmVKWP74S1sbZFqnmgBbL0ryRwisIfwRRkaEM1e5RYi1qZ6E 

Andrés Manuel @lopezobrador_

Estrategia de seguridad e inicio de operaciones de la Guardia Nacional, desde Minatitlán, Veracruz.

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Según el mandatario la aplicación de justicia es la clave de la tranquilidad, pero México está lejos de estar tranquilo. A la violencia del narco se suman problemáticas como el robo de combustible, las dinámicas extorsivas y la modalidad de secuestro como financiador de organizaciones criminales, entre otros factores extendidos en toda América Latina.

En países como Colombia, con un largo historial de conflicto interno y un reciente proceso de paz, la división no cesa. Los ataques de la derecha política del país a los excombatientes, que ahora intentan hacer política desde los organismos estatales, no han parado desde el polémico plebiscito por la paz, realizado en 2016. El Congreso de la República se ha convertido en uno de los escenarios de esta violencia, que ha vuelto a reproducirse en varios territorios del país.

Álvaro Uribe Vélez

@AlvaroUribeVel

 

Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta

 
 

La triste evidencia de esto es el notable aumento de asesinatos contra líderes sociales que ha tenido lugar en el país desde hace más de un año. Además de esto, el resurgimiento de grupos paramilitares ha empezado a arremeter en contra de excombatientes y excomandantes de la guerrilla.

Un reciente informe del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, da cuenta de esto. El reporte informa de 1158 amenazas de muerte, 648 asesinatos, 48 atentados y 22 desapariciones forzosas en 2018.

Ni la eliminación sistemática de líderes sociales, ni la constante intolerancia política en las toldas del Congreso colombiano, ha generado reacción por parte del jefe del Ejecutivo, y en algunos casos el mismo Gobierno ha tenido salidas en falso como en el caso de Dimar Torres, exguerrillero de las FARC, asesinado en hechos donde están implicados miembros del Ejército.

Desde el otro extremo ideológico, la peligrosa polarización en Venezuela, entre el Gobierno de Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, ha permitido que sus fuerzas armadas y de inteligencia (como el SEBÍN y las FAES) acosen a líderes opositores con encarcelamientos,  el retiro de la inmunidad diplomática de sus parlamentarios y el uso de la fuerza sobre la misma población.

En medio de la tensión política y económica que se vive, las instituciones de garantía de los derechos humanos son ahuyentadas del país y son pocas las cifras independientes con las que cuentan los venezolanos para evidenciar los atropellos que se dan en diferentes regiones del país.

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