Radio Progreso
En este momento de transición, el nuevo gobierno y la sociedad debemos tener claridad que tantas décadas de corrupción e impunidad ha provocado altos niveles de desconfianza en las instituciones, lo cual requiere profundas y complejas reformas normativas e institucionales que deberían resultar en cinco aspectos importantes.
En primer lugar, una política criminal congruente con los estándares internacionales de derechos humanos, en donde las personas sean el centro.
En segundo lugar, un replanteamiento de las políticas sociales que corrijan la insuficiencia de los presupuestos destinados a promover y asegurar las condiciones socio-económicas básicas para el pleno desarrollo de la dignidad humana.
En tercer lugar, una política pública de reparaciones que subsane la cohesión y el tejido social fracturados por la violencia, la corrupción y la impunidad.
En cuarto lugar, una verdadera separación de poderes que permita un efectivo mecanismo de pesos y contrapesos del poder público.
Y, en quinto lugar, una administración de justicia sólida y eficaz, y que se caracterice por su competencia, imparcialidad e independencia. Para ello, es necesario construir un marco jurídico e institucional sólido que garantice que las altas magistraturas del Estado estén integradas por las personas profesionales más capaces e idóneas, lo cual requiere de procesos de selección transparentes, públicos, basados en los méritos de quienes postulan y con la participación efectiva de los sectores democráticos de la sociedad civil.
