Por Rafael Delgado Elvir
Economista. Catedrático universitario
Los problemas que explotan día a día son el resultado de la terrible negligencia con que se aborda la situación del país. Encasillados en resolver la pregunta de cómo afianzarse en el poder, los esfuerzos de los que mandan se centran exclusivamente en eso. Se reparten los premios y los castigos dentro de esa lógica nefasta que a la larga resulta fatal para la prosperidad del país. Nada está enmarcado en las intenciones plasmadas en centenares de leyes y reglamentos. Quizás siempre ha habido mucho de eso, pero ante la permanente ofensiva del crimen y la corrupción que se coló en los negocios y en la política del país, esto cada vez se vuelve una regla de aplicación diaria.
En el Capítulo Noroccidental del Colegio Hondureño de Economistas, del cual formo parte, esto ha sido siempre un tema fundamental de discusión. Lo anterior nos ha llevado en varias ocasiones a pronunciarnos de manera crítica sobre la orientación de la política económica. Algo de eso ocurrió recientemente, a principios de este año, cuando finalmente los que mandan se dieron cuenta que lo que han venido construyendo en el mercado de energía eléctrica daña no solamente a los consumidores y productores, sino que próximamente se convertirá en una bomba que les reventará en sus propias narices.
Elaboramos los miembros del Capítulo Noroccidental, un memorándum donde expusimos a Marlon Tábora que más allá de apagar fuegos en el sector eléctrico, se trata de combatir la corrupción institucionalizada y la impunidad de los que han asaltado las arcas del Estado; de una política económica a favor de los principios de austeridad, eficiencia y transparencia en los asuntos públicos de todos los funcionarios e instituciones; de respeto a las instituciones y a sus leyes por parte de todos; de priorización de los recursos disponibles para los sectores más vulnerables y más pobres del país; de proteger la compensación social de los intereses partidistas que se articulan para controlarla.
Los economistas planteamos en el memorándum desechar la visión tradicional de competitividad, que centra su énfasis en la reducción de los costos laborales. Propusimos por eso la creación de un sistema de formación técnico-profesional público y privado con alcance nacional que nos ubique como un país con trabajadores capacitados para desarrollar actividades de alto valor agregado. La construcción de un sistema de centros de emprendimiento que funcionen en las universidades e instituciones técnicos de secundaria, tanto públicos como privados, con el apoyo de las cámaras de comercio para ir generando entre los jóvenes hondureños las competencias y los conocimientos necesarios para formar sus emprendimientos.
Exigimos el fomento de las alianzas entre el sector productivo, el sector educativo público y privado para facilitar la inserción laboral de los jóvenes en el mercado laboral desde su período formativo. Es necesario que las empresas crean puestos de trabajo para aprendices que desarrollan sus competencias en el puesto de trabajo y que simultáneamente se forman en institutos técnicos.
Pedimos acuerdos del salario mínimo que garanticen incrementos por arriba de la inflación para así contribuir a la generación de mercados dinámicos y al mejoramiento del compromiso del trabajador con la productividad. Adicionalmente pedimos una revisión de la Ley de Empleo por Hora ya que deja desprotegido socialmente al empleado al terminar su contrato y ha contribuido a la precarización de todos los mercados laborales.
En esa renovada visión de la competitividad propusimos el fortalecimiento del mercado de la energía eléctrica en función de los intereses de los consumidores del sector residencial y productivo del país. Pedimos entrar con mano firme renegociando contratos onerosos con generadores de energía y con proveedores de otros servicios.
<delgadoelvir@yahoo.com>
