CRITERIO hace una nueva entrega en el marco de una investigación periodística que ha venido realizando desde el año 2015 sobre el Instituto de Previsión Social del Periodista. Este medio de comunicación, a través de sendas entregas, ha develado varias irregularidades financieras y administrativas en el ente de pensiones, en esta oportunidad le contamos la trama de cómo se compró propiedades sobrevaloradas.
Por: Redacción CRITERIO
Implicados la Junta Directiva y el gerente en una transacción que golpeó las finanzas del instituto de previsión
Tegucigalpa – El ente de pensiones de los periodistas adquirió un terreno en una selecta zona de Tegucigalpa, sobrevalorado en casi 3 millones de lempiras, en una operación que golpea las finanzas de la institución y en la que se involucraron miembros de la junta directiva y el gerente, Nelson Omar Calderón Milla.
La directiva de Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) compró en el año 2011 en la Colonia Tepeyac dos lotes de terreno denominados “El Gato” y “El Guijarro” de 1,353.42 metros cuadrados, a un precio de 11, 252,000.00 lempiras (591,370.16 dólares en 2011), a Miguel Aguilar Ramos, un ex cuñado y amigo cercano de Calderón Milla, que los había adquirido unos días antes por 8,550,000.00 lempiras (449,361. 43 dólares).
El análisis de esa transacción al precio del dólar en 2011, refleja que Aguilar Ramos compró la propiedad al precio de 332 dólares por metro cuadrado, y días después se la vendió al IPP por 436.95 dólares el metro cuadrado. Es un precio tan sobrevalorado, que ocho años después, 2019, hay en el mercado inmobiliario ofertas de terrenos con un valor inferior.
Pero Aguilar Ramos, que logró en esa compra-venta en abril de 2011 una utilidad de 2,720,000.00 lempiras (142,954.74 dólares), también obtuvo préstamos del IPP por al menos 3,356,000.00 lempiras, utilizando como garantía propiedades adquiridas originalmente por Calderón Milla, ubicadas en la carretera de Tegucigalpa a Santa Lucía y que le fueron transferidas a precios simbólicos.
Los préstamos fueron otorgados en julio y octubre del 2009, tal consta en los documentos de escrituración a que ha tenido acceso CRITERIO.
Además, Aguilar Ramos, con un historial de negocios con su excuñado Omar Calderón Milla, encontró en el instituto de prevision de los periodistas un nicho de mercado para vender viviendas financiadas por el ente de pensiones, entre ellas, una edificada en un terreno que fue propiedad de Calderón Milla.
Los directivos del IPP, en la compra de las tierras a Aguilar Ramos, incumplieron normas de inversión adoptadas por el mismo ente de pensiones, al haber adquirido un activo improductivo, ya que para esa compra tuvieron que retirar fondos de depósitos a plazo que generaban ingresos para fortalecer las reservas del ente y financiar las pensiones de los afiliados.
Calderón Milla, uno de los gerentes mejor pagados en los entes de previsión en Honduras, considerado el “cerebro” de las operaciones financieras y administrativas durante 32 años, es un protegido de la llamada “vieja y nueva guardia” del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), más conocida como la “argolla” del Movimiento Álvaro Contreras.
Aguilar Ramos es un periodista que ha tenido en el pasado un programa de televisión en un canal de Tegucigalpa, pero su actividad más productiva al parecer han sido los negocios favorecidos por su excuñado Calderón Millas en el IPP, al recibir préstamos del ente de pensiones, y dedicarse a la construcción y venta de viviendas.
La adquisición de ese bien inmueble causó al IPP, en el mismo año de la inversión, una pérdida de 1,264,200.48 lempiras, en concepto de intereses por depósitos a plazo, porque de 3,263,054.23 lempiras que se obtuvieron en el 2010, los dividendos bajaron a 1,998,853.75 lempiras en 2011.
Las pérdidas para el IPP por la compra de este activo improductivo, se calculan hasta el año 2015 en al menos 5 millones de lempiras, cifra que sigue aumentando hasta la fecha actual, en razón de los intereses por depósitos a plazo que se dejan de recibir.
Esta operación fue autorizada por la junta directiva del IPP, que entonces era presidida por el periodista Juan Ramón Mairena, e integraban además sus colegas Francisco Javier Sánchez Izaguirre, Eduin Natividad Romero García, José René Madrid Cruz, Adán Elvir Flores y los fallecidos Marco Antonio Mejía y Jorge Talavera Sosa, según publicaciones del CPH.
Esta transacción pone de relieve el desmesurado interés que tenía la junta directiva del IPP en adquirir esta propiedad, pues se obviaron las normas de inversión que desaconsejaban tal adquisición por el impacto financiero negativo, el alto costo de la compra que representó el 57 por ciento del presupuesto ejecutado por la institución en 2011 y la premura con la que se procedió a la compra.
Normas publicadas en memorias anuales del IPP, dicen que los fondos deben invertirse “procurando el equilibrio óptimo entre seguridad, rentabilidad y liquidez”, pero no siguieron esta regla en esta compra de bienes inmuebles, transacción en la que la institución ha destinado más capital desde que empezó a operar en 1987.
Además, en el Reglamento para la Inversión de los Fondos Públicos de Pensiones aprobado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), se considera inversiones las “realizadas por el Instituto que reditúen en beneficio sobre el patrimonio del Fondo, ya sea a través de una renta fija variable o una combinación de ambas, y adicionalmente con las características de seguridad, rentabilidad y liquidez”.
El Instituto de previsión de los periodistas nunca ha sido auditado por la CNBS, debido a que los directivos se escudan en un inconstitucional decreto aprobado en el año 2000, y que recientemente les amplió el Congreso Nacional con la venia de diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal. “(…) no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas”, dice el fuero que les otorgaron.
DE LA OSCURIDAD A LA LUZ
CRITERIO, que investiga desde mediados del 2015 lo que ocurre en el ente de pensiones de los periodistas, publicando situaciones como el despilfarro de fondos, el arbitrario otorgamiento de míseras pensiones y la existencia de contratos con un fondo de pensiones en el que los afiliados se jubilarán únicamente con sus aportes personales, descubrió esta millonaria operación que golpea las finanzas del IPP y, por ende, de sus afiliados.
En la compra-venta de los terrenos se evidenció la urgencia por cerrar la operación porque, mediante los oficios del notario Milton Rubén Sandoval Peralta, la realizaron el 8 de abril del 2011, compareciendo el presidente de la junta directiva del IPP, Juan Ramón Mairena Aguilar como comprador, junto a Aguilar Ramos como el vendedor, pero en esa fecha este último todavía no tenía registrada la propiedad a su nombre. Fue hasta el 15 de abril, que el Instituto de la Propiedad se la registró como propia, según consta en la escritura.
Aguilar Ramos había comprado la propiedad tres semanas antes al señor Armando Chinchilla. Eran dos lotes de terreno de 676.71 metros cuadrados cada uno, y en total pagó 8,550,000.00 lempiras, en una operación escriturada también por el notario Sandoval Peralta. Es esta la que vendió unos días después al IPP por 11,252,000.00 lempiras.
Asombra que Miguel Aguilar compró la propiedad el 16 de marzo de 2011, y un día después la Junta Directiva del IPP celebró una sesión para autorizar comprársela. Según hace constar el notario Milton Rubén Sandoval Peralta, tuvo a la vista el “punto 4 del Acta 246 de la sesión celebrada por la Junta Directiva el 17 de marzo del año 2011, donde se autoriza la compra del bien inmueble.
Fue la primera vez, desde 1987 que empezó a operar el IPP, en que compareció en adquisiciones en Tegucigalpa como comprador un presidente de la junta directiva del ente de pensiones, en este caso Mairena Aguilar, según las escrituras a las que accedió CRITERIO En anteriores compras de terrenos, quien firmó como representante fue Calderón Milla.
“En estas operaciones de instituciones públicas o privadas el gerente o director tienen que conocer los documentos de tracto sucesivo, los miembros de junta directiva para autorizar la compra-venta deben conocer todos los detalles”, dijo a CRITERIO un abogado y notario que ha asesorado institutos de previsión y empresas estatales.
“Los directivos deben conocer los detalles de estas operaciones, pues si hay una irregularidad no pueden evadir su responsabilidad, simplemente diciendo que no sabían o no conocían los detalles”, agregó el profesional del derecho, que pidió el anonimato.
EL CUÑADO Y EL GERENTE
Aguilar Ramos, no sólo vendió el terreno sobrevalorado de la colonia Tepeyac al IPP, también hizo varias transacciones en el ente de pensiones, entre ellas obtener créditos por 3,356,000.00 lempiras en el año 2009, colocando como garantía terrenos que fueron originalmente propiedad de Calderón Milla.
También vendió una residencia a un periodista afiliado al IPP, construida en un terreno que fue propiedad del gerente de la institución.
Calderón Milla compró por 100.000 lempiras un terreno de 374 metros cuadrados, en junio del año 2005, en el kilómetro 7 de la carretera de Tegucigalpa a Santa Lucía, en la llamada Residencial Siboney, al señor Gerardo Francisco Massu Avalos, en una operación escriturada por el notario Milton Rubén Sandoval Peralta.
El gerente del IPP, en octubre de 2007, realizó una venta a su ex suegra y madre de Aguilar Ramos, Lidia María Ramos Mármol por 50.000 lempiras de un predio en Residencial Siboney de 108.28 metros cuadrados, según la escritura pública autorizada también por Sandoval Peralta.
El 5 de febrero del 2009 el Notario Sandoval Peralta, escritura la “donación en forma pura perfecta e irrevocable” por parte de Ramos Mármol a su hijo Miguel, de la propiedad que Calderón Milla le había vendido.
Cinco meses después, el 23 de julio del 2009, Ramos Aguilar comparece ante el notario Sandoval Peralta junto a su ex cuñado y gerente del IPP, obteniendo un préstamo de “mediano plazo” de 1,456,000.00 lempiras, colocando como garantía el terreno que le donó su madre, y que antes era propiedad de Calderón Milla, más unas mejoras descritas como una vivienda de dos pisos construida en el predio.
En la escritura el notario consigna que Aguilar Ramos “declara que con fecha 17 de julio del año 2009” la junta directiva del IPP “acordó otorgarle” el crédito de mediano plazo de 1,456,000.00 lempiras otorgándole un plazo de pago de 20 años.
Aguilar Ramos, tres meses después, el 29 de octubre del 2009, paga este préstamo y Calderón Milla lo autoriza a solicitar ante el Instituto de la Propiedad la cancelación de la garantía del crédito, según el Acta de Cancelación de Gravamen emitida por el notario Sandoval Peralta. Y en esa misma fecha el IPP le otorga otro préstamo hipotecario.
Aguilar Ramos, tres meses después, el 29 de octubre del 2009, paga este préstamo y Calderón Milla lo autoriza a solicitar ante el Instituto de la Propiedad la cancelación de la garantía del crédito, según el Acta de Cancelación de Gravamen emitida por el notario Sandoval Peralta. Y en esa misma fecha el IPP le otorga otro préstamo hipotecario.
OCTUBRE FELIZ
Calderón Milla, en una nueva operación de compra-venta, el 13 de octubre de 2009 le traspasa a Aguilar Ramos por un pago de 50.000 lempiras un terreno de 265.28 metros cuadrados, que era el remanente de la compra de la propiedad que adquirió en junio de 2005 en Residencial Siboney, según la escritura elaborada por el notario Sandoval Peralta.
Pero apenas 16 días después, el 29 de octubre de 2009, Aguilar Ramos hipotecó en el IPP este otro terreno incorporando como mejoras una residencia de dos pisos, obteniendo un préstamo de 1,900,000 lempiras en una operación en la que comparece junto a su ex cuñado, Calderón Milla ante el notario Sandoval Peralta que escritura la transacción.
En la escritura el notario consigna que Aguilar Ramos declara que un préstamo de 300.000 lempiras en calidad de hipotecario le fue aprobado en sesión de junta directiva del IPP el 23 de abril de 2009 y el de 1,600.000 lempiras de mediano plazo el 17 de julio del mismo año.
Aguilar Ramos, según un Acta de Liberación de fecha 1 de agosto de 2012 elaborada por la notaria Ángela Margarita Moreno Mejía, ante la que compareció el gerente Calderón Milla, dio por cancelado totalmente el préstamo de 1,900.000 lempiras otorgado a su ex cuñado en octubre de 2009. En el año 2009, el presidente del IPP era el periodista José Elán Reyes Pineda.
El cuñado del gerente encontró en el IPP un buen respaldo financiero y, además, entre los periodistas afiliados un mercado de potenciales compradores de viviendas con la ventaja de tener un financiamiento seguro, que es el principal problema de los constructores.
CRITERIO encontró dos casos en los años 2009 y 2012 en que Aguilar Ramos vendió viviendas a periodistas afiliados al IPP, una de ellas construida en un terreno que originalmente era propiedad de Calderón Milla.
Una de ellas es una vivienda construida en una área de 108.28 metros cuadrados, ubicada en Residencial Siboney que Calderón vendió en 2007 por 50.000 lempiras a su ex suegra, y madre de Aguilar Ramos, que se la traspasó a su hijo en calidad de donación.
Aguilar Ramos utilizó esa propiedad, incorporando como mejoras una residencia como garantía para obtener en julio del 2009 un préstamo del IPP de 1,456.000 lempiras. Calderón Milla compareció el 29 de octubre ante el notario Sandoval Peralta para otorgar a su ex cuñado la cancelación de gravamen y un día después el notario escrituró la compra venta financiada por el ente de pensiones a un periodista afiliado.
El préstamo otorgado al afiliado por el IPP para adquirir la vivienda el 30 de octubre fue de 1,981.000 lempiras, según la escritura elaborada por el notario Sandoval Peralta.
El excuñado del gerente Calderón Milla, también vendió en noviembre de 2012 una vivienda en la selecta colonia San Ignacio con un crédito a un afiliado de 2 millones de lempiras, según consta en la escritura.
“HEMOS ACTUADO CON TRANSPARENCIA”
Los periodistas directivos del ente de pensiones, aunque aseguran han operado con “manos limpias” y “transparencia” las finanzas de la institución, rechazan firmemente entregar información solicitada por afiliados y menos someterse a la auditoría de la CNBS.
“A esa persona le he dicho que hemos actuado con transparencia. Le digo en la cara”, dijo el ex presidente de la directiva del ente de pensiones, Juan Ramón Mairena Aguilar, dirigiéndose en una asamblea del CPH en enero de este año, al periodista Gustavo Palencia, que desde mayo de 2015 solicita con poco éxito información de las operaciones administrativas y financieras del IPP.
Por su lado, Rodríguez Coello, quien es jefe de redacción del diario La Prensa, ha gastado en los últimos años más de medio millón de lempiras del IPP en pagar asesorías y consultorías de bufetes y el pago de abogados para presentar más de ocho recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para evitar entregar información del ente solicitada por afiliados y eludir someterse a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El comunicador, que es presidente del CPH y de la directiva del IPP desde enero de 2017, incluso fue sancionado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) con una multa de casi 27.000 lempiras por no cumplir con la publicación de información financiera y administrativa del ente en el Portal Único de Transparencia de la institución oficial.
Eduin Natividad Romero García, ex presidente del CPH y actual miembro de la directiva del IPP, e integrante de la junta de dirigentes del ente que autorizó en 2011 la compra del terreno al excuñado del gerente Calderón Milla propuso, el 28 de septiembre en una asamblea del Colegio de Periodistas, la expulsión de Palencia y de las comunicadoras jubiladas Delia Mejía y Vilma Rosales.
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Romero García, actual presidente del Tribunal de Honor del CPH, exhortó a la asamblea y a los dirigentes a expulsar a Palencia por solicitar información del ente de pensiones y a Mejía y Rosales por presentar una demanda ante los tribunales por el cálculo arbitrario del monto de su pensión.
“Yo no necesito escudo de impunidad, ni mis compañeros — directivos del IPP — necesitan ningún escudo de impunidad, ¿por qué?, porque no vamos a robar nada, no hemos robado nada”, aseguró, aludiendo al decreto 59-2000 en el que se refugian los directivos del ente de pensiones para no ser auditados por la CNBS.
Sin embargo, Romero García no explicó porqué rechazan que la CNBS ejerza su tarea de supervisión y control en el IPP, como lo practica en otras instituciones de previsión públicas y privadas.
