Ana María Calderón, ex integrante de la MACCIH
Expertos y protagonistas clave se reúnen para reflexionar sobre la lucha contra la corrupción en Honduras, destacando la importancia del diálogo y la experiencia de la MACCIH en el país.
En Alta Voz – Carlos Villalvir
En Honduras, la lucha contra la corrupción ha sido un tema crucial en los últimos años, en un foro realizado por Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), se abordó el tema de la MACCI en Honduras y la realidad Nacional, destacando la importancia de aprender a través del intercambio de ideas, en contraposición a métodos más agresivos del pasado.
El evento contó con la presencia de Gabriela Blen, líder del movimiento de los Indignados, y la abogada Ana María Calderón, quien formó parte de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). También se unió vía internet Juan Francisco Sandoval.
Los participantes hicieron un recorrido por los últimos diez años en Honduras, desde el surgimiento de movimientos como los Indignados hasta la implementación de la MACCIH, tomando como referencia la experiencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En 2015, Honduras experimentó una ola de protestas masivas contra la corrupción, lo que llevó a una mayor conciencia social sobre este problema. Como respuesta, se estableció la MACCIH, en un esfuerzo por abordar las profundas raíces de la corrupción en el país.
Durante el evento, se discutió cómo la experiencia de la MACCIH ha impactado en la situación actual de Honduras y qué lecciones se pueden extraer para el futuro. La Dra. Calderón compartió su perspectiva sobre el papel de la MACCIH y su visión del panorama actual del país en términos de corrupción: “Hablar del combate a la corrupción es hablar del Ministerio Público, Institución que ha de ser robusta tanto al interno como al exterior, la MACCIH fue la primera misión anti corrupción de la OEA, y generó tanto expectativa como desconfianza”.
El combate contra la corrupción en Honduras ha sido un tema central en los últimos años, y expertos señalan al Ministerio Público como una pieza clave en este proceso. La MACCIH, la primera misión anti corrupción de la OEA, desempeñó un papel crucial en el fortalecimiento institucional para enfrentar este problema.
Para Gabriela Blen algunos culpables de la situación actual del país se encuentran en el congreso y en cierto partido político: “Creo que en torno a la presidenta Xiomara hay grandes poderes que cooptan su voluntad política, así como creo que en el Congreso hay muchas “sanguijuelas” que viven de fondos públicos mientras el pueblo se sigue empobreciendo. LIBRE nos demostró que podíamos estar peor que con el anterior partido Nacional. Y aún podemos estar peor. Han hecho creer a la población que todos los políticos son malos y no es así”.
“La misma presidenta debería llamar a cuentas a todos sus ministros, evaluar la capacidad de sus funcionarios o es que solo se contratan familiares y amigos y hacer auditoría interna sobre el manejo de un presupuesto tan alto. Hay que volver al “¿Dónde está el dinero?”, afirmó Blen.
Julio Raudales, Rector de la UJCV , Ana María Calderón, ex integrante de la MACCIH y Gabriela Blen de ACTJ Honduras.
Durante su operación, la MACCIH se centró en el acompañamiento y fortalecimiento del Ministerio Público, trabajando en la selección, capacitación y certificación de magistrados y jueces. Además, se creó y profesionalizó la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIH) para colaborar con la MACCIH en investigaciones de alto perfil.
A pesar de las críticas que recibió la MACCIH por supuestamente carecer de poder para llevar a los corruptos a la cárcel, su verdadera misión era fortalecer las instituciones encargadas de esa tarea. Como resultado de su trabajo, se generaron 12 casos emblemáticos que pusieron al descubierto la corrupción en el país.
Uno de estos casos fue el de “la caja chica de la Dama”, que expuso las modalidades de corrupción arraigadas en Honduras y llevó a la clase política a promulgar leyes para proteger su impunidad.
El fortalecimiento del Ministerio Público y el trabajo realizado por la MACCIH fueron fundamentales para avanzar en la lucha contra la corrupción en Honduras. A pesar de los desafíos y críticas, estos esfuerzos contribuyeron significativamente a exponer y enfrentar la corrupción en el país.
Sin embargo, el Informe de Transparencia Internacional revela que Honduras se mantiene entre los países latinoamericanos con peores índices de corrupción y el retiro de la MACCIH y los problemas en el Ministerio Público generan preocupación sobre el futuro de la lucha anticorrupción en el país.
El índice de percepción de corrupción sitúa a Honduras entre los cuatro países de América Latina con las peores puntuaciones, junto a Nicaragua, Venezuela, Haití y Guatemala.
La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el año pasado reveló altos niveles de impunidad en Honduras, destacando la urgencia de abordar el problema de manera efectiva.
El retiro de la MACCIH en 2020 generó preocupación sobre el futuro de la lucha anticorrupción en el país. La Dra. Ana María Calderón se retiró un día antes de la clausura de la MACCIH debido a la posibilidad de ser declarada “persona non grata”, dejando atrás un país con un sistema de persecución a la corrupción en desarrollo.
“Los políticos que estaban en los tiempos de la MACCIH ya no están, pero en el nuevo gobierno siguen imperando los intereses político partidarios que empujan a los funcionarios a apartarse de su función de servicio a la sociedad y el ciudadano, afirmó Ana Calderón.
A pesar de los esfuerzos de la MACCIH en el fortalecimiento del Ministerio Público y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFERCO), la situación institucional sigue siendo precaria. Después de la partida de la MACCIH, la UFERCO se ha visto gravemente afectada, con una reducción significativa de su personal, lo que dificulta su capacidad para cumplir con su misión.
Sin embargo, para los expertos en el foro los políticos en el poder continúan siendo influenciados por intereses partidarios, lo que obstaculiza los esfuerzos por combatir la corrupción y socava la confianza en las instituciones del país.
La situación actual de Guatemala fue puesta como ejemplo, ya que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) surgió como respuesta a los acuerdos de paz que pusieron fin a 36 años de conflictos internos en el país. Y fue Establecida para investigar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que se habían infiltrado en las instituciones estatales, la CICIG representaba un esfuerzo por garantizar la justicia y poner fin a la impunidad.
Para Juan Francisco Sandoval: “La comisión empezó como un experimento de la ONU, con una aprobación previa de la Corte Constitucional. Luego de 12 años esta Comisión estableció que se había generado en Guatemala una modalidad de criminalidad organizada: redes políticas económicas ilícitas a partir del estado de guerra, generando cuerpos armados que los sostenían y haciendo de su particular agenda, la agenda del estado, orientado a hacer negocios con el estado, especialmente con el empresariado más poderoso del país, haciendo del estado su botín”.
“El 2015 fue el año cúspide de la CICIG, cuando se acusa al presidente y su Vice Presidenta de actos de corrupción, lo que abrió toda una caja de pandora que provocó movilizaciones ciudadanas, que sin embargo creyeron ingenuamente que este destape de casos iba a cambiar la configuración del estado. Pero la clase político empresarial no tenía esa voluntad, más bien fortalecieron su impunidad al sentirse amenazados por investigaciones por venir”, afirmó Sandoval.
Sin embargo, según los expertos esta situación solo fue una muestra de una grave crisis en el sistema de justicia, con nuevas formas de golpes de Estado y la creciente influencia de la mafia en el gobierno. Poniendo en peligro el Estado de derecho y la integridad del país.
Analistas señalan que los estados de derecho deben respetar y cumplir la ley, y citan el ejemplo de Nueva York como un recordatorio de los peligros de permitir que la mafia tome el control del estado.
El año 2015 marcó un hito en la historia reciente de Guatemala, con la sociedad movilizándose en un pacto de integridad para rescatar al país de la corrupción y la opresión. Este espíritu de resistencia y lucha sigue siendo relevante hoy en día, ya que Guatemala se enfrenta a desafíos institucionales y políticos que requieren una acción urgente y decidida.
Parra los expertos la reciente historia de Honduras refleja que la corrupción, manipulación y cooptación han permeado profundamente el sistema estatal, alejando a los ciudadanos honrados de participar en él. Este diagnóstico crítico resalta la urgencia de abordar la crisis de integridad que enfrenta el país.
Para la Dra Ligia Ramos el panorama actual del país es favorable para la CICIH: “Me siento defraudada. No podemos hablar de institucionalidad. La Corte Suprema merece ser cuestionada, nos toca luchar por la CICIH, hay un ambiente favorable en la hondureñidad por la CICIH, pero me preocupa la ONU porque en su experiencia con el gobierno no encuentran las condiciones para instalar la CICIH. Hay oposición de grupos de poder para socavar la llegada de la CICCIH. En el Congreso debemos conspirar por la CICCIH”.
A pesar de ser una sociedad civil históricamente dividida, eventos como el movimiento de los Indignados han demostrado la capacidad de unión ante causas comunes.
En este contexto, en dicho foro se afirma que la responsabilidad gubernamental ha sido cuestionada, con acusaciones de evadir su responsabilidad y culpar a terceros, como la ONU, por el fracaso de las negociaciones. Mientras tanto, organizaciones como la ACTJ han convocado a un gran pacto nacional de integridad para promover un cambio significativo en Honduras.
“El país está en una grave crisis y está a punto de caer sino hacemos algo, enemos un ilegal Procurador General de la Republica porque no cumple los requisitos que exige la ley. Y Magistrados de la Corte Suprema de los que ya se dice que comenten actos al margen de la ley, ¿Qué paso con el procedimiento y el tamiz de la Junta Nominadora?, lo que ha fracasado en Honduras es la independencia de los funcionarios públicos porque son electos para atender intereses personales y políticos. Ese es el grave problema del país”, afirmó Maribel Espinoza.
Para culminar se solicitó a las Naciones Unidas que jueguen un papel clave como convocante y mediador en este proceso, reconociendo la creciente crisis que enfrenta el país, marcada por la pobreza y la desfiguración social.
La situación en Honduras exige una acción decidida y coordinada tanto a nivel nacional como internacional para abordar los desafíos de integridad y corrupción que amenazan la estabilidad y el bienestar del país, así lo afirmaron los expertos en el foro realizado por la ACTJ.
