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PRONUNCIAMIENTO DEL COLEGIO HONDUREÑO DE ECONOMISTAS SOBRE PROBLEMAS SOCIALES Y ECONOMICOS

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Con la misma responsabilidad con la que hemos participado en ocasiones pasadas, el Colegio Hondureño de Economistas, Capítulo Noroccidental, considera necesario seguir pronunciándose respecto a los principales problemas económicos y sociales que abaten a nuestro país. En consonancia con lo anterior nos pronunciamos de la siguiente forma:

1. Honduras necesita un compromiso duradero y efectivo por parte de los principales actores de la sociedad hondureña de combate frontal a la corrupción que lamentablemente por el momento no percibimos que se haya iniciado. Este compromiso significa la implementación de los principios de eficiencia y transparencia en todos los asuntos públicos; de respeto a las instituciones y a sus leyes; de aplicación de lo que la justicia prescribe a los que asaltan por diferentes medios al Estado y a los recursos del país. La instauración de esta cultura del respeto a las leyes y a los valores es el punto de partida para cualquier programa económico que intente combatir los principales problemas del país. Lo anterior implica también un cambio radical en los criterios para la escogencia de las personas que dirigen las instituciones públicas. Sin ello todo es en vano.

2. Estamos convencidos además de la necesidad de un cambio radical en la manera en que se planifica el Presupuesto General de la República y cómo se ejecutan los recursos públicos. No vemos todavía una disposición sincera a escuchar a todos los sectores que representen intereses auténticos; no vemos una voluntad de corregir el rumbo de los programas y proyectos de gobierno en aras del interés general, de combatir lo que resulte dañino para los intereses generales, de supeditar las consideraciones de grupo al bien común. Lo que usualmente escuchamos, como respuesta a las exigencias de mayor transparencia, son invitaciones a socializar con los medios y gremios decisiones que ya se han tomado, terminando en un monólogo donde no hay espacio para enmendar y corregir. En vista de la situación de crispación social en las que vivimos, de la apabullante duda sobre la manera en que se planifican y ejecutan los recursos públicos, consideramos de suma importancia elevar la credibilidad de las políticas públicas sometiéndolas a procesos incluyentes de discusión por los actores más importantes del país tanto de las liquidaciones de los presupuestos ejecutados, así como de los nuevos presupuestos.

3. Consideramos importante enfatizar en la necesidad de una política económica orientada a la priorización de las necesidades de los grupos sociales más pobres y las regiones geográficas más postergadas. Combatir las manifestaciones más denigrantes del subdesarrollo y los efectos más duros del cambio climático es una tarea primordial al que deben estar concentrados los esfuerzos del gobierno con todos sus instrumentos, programas y proyectos. Apuntar la agenda de la política económica en otra dirección es comprometer recursos a tareas que no contribuyen al bienestar general ni a la paz social.

4. Por lo tanto, exigimos que todos los sectores del país nos unamos detrás de estos principios que no deben quedar fuera de ningún programa de política económica que se considere de importancia para el futuro desarrollo del país. Entendidos que todo lo anterior es la base de cualquier esfuerzo, consideramos necesario que en política fiscal emprendamos las siguientes tareas: 1. Abordaje integral de la problemática fiscal del país. Esto implica una revisión exhaustiva de todos los gastos corrientes, los gastos de capital, como de los ingresos fiscales. Los terribles vicios de las exoneraciones injustificadas, el derroche de gasto corriente de la alta burocracia para fines electoreros, las inversiones con sobreprecio y el incremento en la recaudación tributaria como vía para solucionar cualquier desbalance deben de terminar para dar paso a una gestión de los recursos públicos caracterizados por la austeridad, la eficiencia y la rendición de cuentas. No hay razón para un incremento al presupuesto de ingresos y gastos si no se han erradicado esos vicios. 2. Solicitamos presentar la liquidación de presupuestos pasados. Nos unimos por ende al llamado a lograr un acuerdo sobre el origen y destino de los recursos públicos; que establezca además como principios fundamentales de la política fiscal la eliminación de la corrupción, la equidad, la progresividad del sistema tributario, la transparencia y la eficiencia. 3. Reformulación de las metas fiscales para convertirlas en instrumentos válidos y confiables en la medición de la calidad de la política fiscal. En los últimos años el gobierno reporta el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit del fiscal del sector público no financiero, control del gasto primario de la administración central y reducción del atraso de pagos de la administración central. Sin embargo, en gran medida la reducción se logró mediante el incremento en más del 100% de la recaudación tributaria entre el año 2014 y el año 2018, tendencia sumamente polémica por su impacto en las empresas y ciudadanos. El gasto corriente de la administración central sigue creciendo en especial en las partidas de sueldos y pago de intereses de deuda. Las cuentas de las empresas públicas en especial la ENEE sigue marcando resultados negativos. 4. Frenar el creciente endeudamiento del país que ha alcanzado según cifras oficiales 11,400 millones de Dólares en el 2018. Algunas estimaciones indican que esta puede ser mayor si se le agrega la deuda flotante que anda por 2 mil millones de Dólares en el 2018. La carga que esta deuda significa para el país es de 17 mil millones de Lempiras en concepto de pago de intereses. Dicha cantidad sobrepasa el presupuesto del 2018 en salud pública de 14 mil millones de Lempiras. El servicio de la deuda anual ya representa el 31% de los tributos recaudados. Enfatizamos que una política fiscal de austeridad y eficiente liberaría suficientes recursos para depender menos del financiamiento externo.

5. Rescate de las empresas públicas del país en especial la ENEE y Hondutel así como del banco público BANADESA. Estos rescates implican en primer lugar señalar las acciones y los responsables de las mismas que llevaron a debilitar financieramente las instituciones. En el caso de la ENEE significa adicionalmente la cancelación de los contratos onerosos de compra de energía eléctrica y el combate a las pérdidas técnicas y no técnicas que mantiene la estatal eléctrica en su sistema. Consideramos necesario entrar en un proceso de capitalización de Hondutel. BANADESA ha sido sometido a los embates de la corrupción y la política aprobándose condonaciones de deuda a los productores agrícolas que tienen acceso al sistema financiero. Es necesario desvincular al banco de toda injerencia que obstaculice su misión de ser un instrumento efectivo en el financiamiento al sector agropecuario.

6. Redefinir la política de promoción de las alianzas público-privadas. Actualmente existe una alta discrecionalidad con la que las autoridades actúan al otorgar concesionamientos. Prevalece la idea que al inversionista se le debe garantizar riesgos mínimos e ingresos altos, incrementando así los pasivos contingentes del Estado. Por tanto, es necesario someter a COALIANZA a un riguroso control y monitoreo de su actuación para así evitar APP´s que van en perjuicio de los intereses nacionales y de los ciudadanos. San Pedro Sula, septiembre 2019 Colegio Hondureño de Economistas Junta Directiva Capítulo Noroccidental

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