Un informe del Woodrow Wilson International Center for Scholars (Wilson Center), de los Estados Unidos de América, examina –en un denso de informe de 65 páginas- el trabajo de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, detallando su mandato, funcionamiento, logros, críticas y consideraciones con respecto a la sostenibilidad del más radical e integral proceso de reforma institucional de esa entidad de seguridad pública.

El reporte, elaborado por el consultor independiente David Dye, destaca la amplia evaluación de idoneidad que se realizó, entre los años 2016 y 2019, a más de 13 mil 500 miembros de la carrera policial y que permitió excluir del servicio público a cerca de 6 mil oficiales y agentes por diversos motivos, entre los que se destacan la reestructuración, el retiro voluntario y el despido por justa causa que incluye la comisión de faltas muy graves y delitos.

Dye, precisa que además de ejecutar una profunda profilaxis en el ente armado, la Comisión Especial desempeñó un papel importante en el fomento de reformas institucionales que potencialmente transformarán la Policía Nacional de Honduras, destacándose entre las innovaciones más relevantes la modernización del marco legal, la reestructuración orgánica, el rediseño del sistema educativo y más estrictos criterios de reclutamiento, la creación de un organismo de control disciplinario, el fortalecimiento de la capacidad de inteligencia e investigación criminal, la edificación de infraestructura, la dotación de equipamiento y apalancamiento tecnológico, una amplia reingeniería de procesos administrativos, financieros y logísticos, y la instauración de un enfoque comunitario y de proximidad en todas las operaciones policiales.

Eric L. Olson, representante del Wilson Center para Centroamérica, quien hizo la presentación de la investigación ante más de un centenar de hondureños en un hotel capitalino, consideró importante la promulgación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de la Carrera Policial, la transformación del instituto Tecnológico Policial (ITP) y las reformas que se realizan a la Academia Nacional de Policía (ANAPO), la puesta en marcha de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), el fortalecimiento de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), y los esfuerzos por implementar una nueva mística policial con énfasis el respeto de los derechos humanos y la relación cercana con las comunidades.

“Son cambios apreciables y resultados que alientan; sin duda alguna, se ha logrado mucho y se constituye en un reto que este proceso sea sostenible para lo cual se deberá contar con voluntad política de las autoridades, el flujo permanente de recursos presupuestarios, un fuerte liderazgo, la veeduría ciudadana y el acompañamiento de la comunidad internacional” dijo Olson.

El análisis elaborado por el Think Tank estadounidense se atreve a precisar que este proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional de Honduras, “no tiene paralelo en américa latina en las últimas décadas”.

Por otra parte, se indica que el proceso de depuración policial, permitió “eliminar de la institución muchos elementos corruptos y criminales”; según miembros de la Comisión Especial, los indicios de la supuesta comisión de delitos establece diversos ilícitos, tales como: malversación de caudales públicos, fraude, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, crimen organizado, tráfico de drogas, sicariato, asociación ilícita, contrabando, cohecho, vínculo con el narcotráfico, secuestro, extorsión, tráfico de armas, abuso de autoridad, robo de ganado, asesinato, homicidio, hurto, incumplimiento de los deberes de los funcionarios, vínculo con delincuentes, entre otros.

Al respecto, el documento recuerda que, a fin de garantizar la debida persecución penal a aquellos policías que se supone cometieron actos reñidos con la Ley, se entregó a las autoridades del Ministerio Publico (MP), más de 2 mil expedientes completos y denuncias ciudadanas, los cuales arrojan indicios de supuesta responsabilidad penal de oficiales de diferentes grados, agentes de escala básica y personal auxiliar de la Policía Nacional y funcionarios de la Secretaría de Seguridad.

Y añade –el informe- que “los resultados preliminares del trabajo de la Comisión Especial indican que es posible avanzar en la tarea difícil de reformas policiales, aún contra los intereses del poder establecido”. En ese sentido, recomienda a fin de garantizar la sostenibilidad y los beneficios del proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional de Honduras, la continuidad en el modelo de seguridad pública, compromisos para el liderazgo institucional, coordinación del trabajo con otras agencias de seguridad del Estado, mejorar los recursos humanos y financieros necesarios para una buena gestión, fortalecer los mecanismos de control interno, investigaciones y juicios efectivos contra elementos implicados en delitos, veeduría de la sociedad civil, potenciar el enfoque comunitario y apoyo continuo de la comunidad internacional.

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